Padres y sindicatos se unen contra la pérdida de unidades escolares en la enseñanza pública en Málaga

Los sindicatos cifran en cerca de medio centenar las aulas que este próximo curso cerrarán para alumnos de 3 años, que empiezan el segundo ciclo de Educación Infantil. Tras esta decisión está el problema del descenso de la natalidad y el menor número niños a escolarizar. Sin datos oficiales sobre las consecuencias en el próximo curso, la Delegación de Educación sí ha informado de que en el actual se han perdido 25 unidades en Infantil y 32 en Primaria. Pero al mismo tiempo se han incrementado 57 en Secundaria y 18 en Bachillerato, por lo que insisten en que el balance es positivo.

Para las asociaciones de padres y la comunidad educativa en general es un duro golpe perder una unidad escolar. Pasar, por ejemplo, de tres a dos grupos en Infantil de 3 años supone que se consolida esta reducción conforme esos alumnos avanzan de curso. Las movilizaciones y concentraciones se han sucedido estos días en colegios como El Pinillo de Torremolinos, El Tejar de Fuengirola, Julio Caro Baroja de Guadalmar o el Infante Don Fernando de Antequera. También en la capital se pierden unidades en el García Lorca o en el Eduardo Ocón, donde el AMPA está recogiendo firmas para expresar su rechazo a la decisión. Este miércoles 2 de junio hay convocada una concentración ante la sede de la Delegación de Educación.

La secretaria general del Sindicato de Enseñanza de Comisiones Obreras Málaga, Yolanda Gamero, recuerda que «la bajada de natalidad es la mayor oportunidad para bajar las ratios de aulas, que en algunos casos supera los límites marcados por ley». Al respecto, han criticado la normativa vigente sobre las ratios, porque contempla que la máxima de Primaria e Infantil sea de 25, la de Secundaria y FP de 30 y 35 la de Bachillerato, pudiéndose superar estas de forma excepcional en un 10%.

La Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de UGT Andalucía también apoya las reivindicaciones de las familias exigiendo el mantenimiento del actual número de unidades y plantilla del sistema educativo andaluz. Según UGT, la Junta ha suprimido más de 400 unidades netas en Educación Infantil y Primaria. «Con esta decisión la Consejería demuestra su deficitaria apuesta por el fortalecimiento de la red pública educativa y por la igualdad de oportunidades, por la defensa de los intereses educativos de las familias y el profesorado», señala su secretaria provincial de Educación, Encarna de la Chica.

María del Amo, secretaria provincial del sindicato de profesores ANPE, indica que este cierre de unidades supone «perder una oportunidad para hacer una apuesta real por la enseñanza de calidad» y apunta que la supresión de unidades acarrea, a corto y medio plazo, una disminución de plazas en los centros educativos, lo que deriva en una mayor masificación, en una pérdida de puestos de trabajo para el profesorado y en la imposibilidad de las familias de poder asistir al centro que han elegido. Por esto, desde este sindicato se insta a la Consejería de Educación a que se recuperen las unidades suprimidas, y que oferte más unidades en aquellos centros que lo necesiten.

Francisco González, responsable de Educación de CSIF Málaga, señala que la supresión de unidades en los centros educativos de Málaga «es un nuevo ataque a la educación pública». Para CSIF, la disminución del alumnado no debe servir para justificar el cierre de unidades educativas: «Es inadmisible que la Administración, ante la bajada de la natalidad, haya optado por aplicar nuevos recortes en los servicios públicos en lugar de adecuar las ratios en las aulas, como desde CSIF venimos reclamando desde hace años», afirma. González admite que «existe mucha preocupación entre los docentes. Hemos recibido multitud de consultas y llamadas de los propios docentes informando de que ya había unidades cerradas antes de la finalización de la campaña de escolarización. Esto no puede ocurrir», por lo que exigen «revertir esta situación de cierres de unidades en mejorar nuestra educación pública a través de una bajada de las ratios para prestar un servicio público de calidad».