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Más suelo disponible y preparado para edificar con el fin de aumentar cuanto antes la oferta de viviendas. Es la propuesta de los empresarios del ... sector inmobiliario para frenar la escalada de precios que sigue percibiéndose en el mercado malagueño y que coloca a la provincia a la cabeza de las estadísticas a nivel nacional. Si hay una oferta de hogares más amplia, los precios se distensionarán, pero para eso es necesario que haya más solares en los que poder construir. Así se ha puesto de manifiesto este jueves en el punto de encuentro empresarial inmobiliario que organiza desde 2016 la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) junto con Fadeco Promotores y el Ayuntamiento de Málaga, en el recinto del castillo de Gibralfaro.
El presidente de Fadeco Promotores, Ignacio Peinado, ha admitido que «existe un drama en el acceso a la vivienda» y que los empresarios están «sensibilizados» para buscar soluciones junto con las administraciones públicas. En ese sentido, ha abogado por incrementar la oferta de viviendas para que se contengan los precios, y para eso es necesario disponer de más suelo urbanizado. «Que un suelo pueda tardar más de siete años en transformarse influye en un mayor coste de la vivienda», ha subrayado Peinado, quien ha insistido en que «estamos supeditando el interés general del desarrollo urbanístico a los intereses particulares de una serie de organismos públicos que imponen sus restriccciones en los diferentes informes que emiten durante la tramitación de los suelos».
En el mismo sentido, el presidente de la ACP, Juan Manuel Rosillo, ha reconocido que "hay muy poco suelo finalista" en Málaga, porque "muchos no han empezado a desarrollarse ni se espera que lo vayan a hacer a corto plazo", por lo que ha defendido que es necesario activar grandes sectores previstos en el Plan General, como los ubicados en la zona de Campanillas, para incrementar la oferta de vivienda y que eso ayude a «quitar presión a los precios». «Pero para eso hay que preparar antes los suelos, así que es un problema urgente», ha incidido.
Rosillo ha reconocido que el sector de la construcción se encuentra «en un buen momento», pero ha alertado de que han subido «los costes materiales de las obras y de su financiación» por lo que se ha generado una situación «no idónea» para aumentar la oferta de viviendas. Por ello, ha abogado por buscar junto con las administraciones públicas «recursos económicos y modificaciones legislativas» que contribuyan a agilizar la disposición de suelo finalista y a obtener las licencias de obra.
En la misma línea, el presidente de Fadeco, y también directivo de la ACP, ha apuntado que celebra la nueva ley urbanística de Andalucía, la Lista, pero ha advertido que «no es suficiente» para alcanzar una mayor agilidad en la tramitación de los suelos, y ha abogado por un cambio en la legislación ambiental andaluza, que obliga a numerosos proyectos a pasar por unos trámites sectoriales que se prolongan durante años por la ineficiencia de la burocracia. «Se ha creado un grupo de trabajo con la Junta para cambiar esa legislación. Hay tanto filtro que en vez de buscar el interés público se generan un montón de obstáculos en el camino», ha argumentado Peinado.
Además, los promotores piden una mayor seguridad jurídica para que los proyectos no sean «tan fácilmente anulables» por vía judicial, que se les deje de considerar como «una actividad especulativa» para optar a la financiación de la urbanización, y que la normativa urbanística sea «más flexible» en cuestiones como usos del suelo, densidades de viviendas, dotaciones de aparcamientos y permisos de obra. En ese sentido, Ignacio Peinado ha planteado que incluso sea posible fasear las licencias y que se conceda el permiso para hacer movimientos de tierras o sótanos mientras se resuelve la autorización del resto del proyecto.
Desde Fadeco y la ACP siguen insistiendo en la necesidad de revisar los precios de la VPO y suprimir los impuestos que tiene asociados para hacerla rentable a los promotores. Además, demandan que se cambien los límites de ingresos de los compradores de esta tipología para que puedan acceder a ella familias que ahora no pueden porque sus salarios exceden lo establecido, y que tampoco pueden comprar una casa de renta libre. «Entre una vivienda libre y una protegida puede haber ahora mismo una diferencia de unos 100.000 euros, y hay que hacer que la VPO abrace a la clase media», ha afirmado.
Sin embargo, esas demandas no tienen aún una respuesta clara por parte de la Junta, representada en el foro por la consejera de Fomento y Vivienda, Rocío Díaz, quien se ha limitado a recordar las iniciativas ya puestas en marcha por el Gobierno andaluz en los últimos años, como el programa de avales para facilitar el acceso a la vivienda a menores de 35 años, que para este año está dotado con 20 millones de euros; las subvenciones a promotores y al Ayuntamiento para la ejecución de VPO, que en el caso de la capital benefician a 1.234 viviendas; y la subasta de parcelas residenciales que están en manos de la Junta.
"Estamos haciendo lo posible para atender a la demanda de suelo de los promotores", ha afirmado la consejera, quien ha admitido que "la burocracia no favorece las inversiones" y ha avanzado que está en preparación un cuarto decreto andaluz para agilizar los trámites administrativos, así como una nueva ley andaluz de vivienda que "a diferencia de la estatal sí va a favorecer el acceso y va a tener consenso".
Por su parte, los empresarios del sector reivindican que no exista una «xenofobia inmobiliaria» respecto a la adquisición de viviendas por parte de extranjeros, porque «otra de las claves para facilitar el acceso a la vivienda es la creación de empleo, y en Málaga el empleo sale del turismo, así que cuidado porque podemos matar a la gallina», ha señalado Ignacio Peinado.
Tanto él como Juan Manuel Rosillo han reclamado que se deroge la nueva Ley de Vivienda del Gobierno central porque, a su juicio, incrementar la reserva obligatoria de VPO del 30% al 40% de cada desarrollo va a suponer un efecto de encarecimiento del 60% restante de viviendas libres, al tener sus compradores que asumir más cargas para la ejecución del proyecto. «Ese intervencionismo también va a provocar que no se hagan pisos en alquiler y que incluso proyectos dedicados a esa tipología terminen destinándose a la venta», ha añadido Peinado.
Además, el presidente de Fadeco ha anunciado que han solicitado al Gobierno andaluz incluir proyectos urbanísticos sostenibles en la unidad aceleradora de la Junta, e «implementar incentivos en la etapa de planeamiento y urbanización, para que la ciudad sea más sostenible desde las propias infraestructuras civiles».
En el acto de inauguración del foro ha intervenido también el alcalde, Francisco de la Torre, quien ha defendido el papel del Ayuntamiento en la promoción de VPO pese a que las competencias de vivienda residen en la administración regional, y ha insistido en que "hace falta más oferta de vivienda para atender la demanda exterior y la propia". Asimismo, ha reconocido que "no queda mucho suelo aprovechable" y ha animado a las empresas a asumir el papel de agente urbanizador que contempla la legislación andaluza para desarrollar nuevos terrenos. "Alguna entidad financiera habrá que se anime a respaldarlos", ha añadido, lo que ha levantado algunas risas entre los empresarios asistentes al foro.
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