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Después de haber sido el creador del programa de avales públicos, que ya permite a los jóvenes acceder a hipotecas de hasta el 95% (los bancos sólo conceden como término general el 80%), Nacho Peinado, 35 años, presidente de la patronal inmobiliaria andaluza (agrupada en ... Fadeco Promotores), se ha propuesto un nuevo reto. El objetivo es reducir casi a la mitad lo que él denomina las «listas de espera» que se están produciendo en Málaga para acceder a una vivienda a un nivel asequible para la gran mayoría de los ciudadanos, que ahora se ven excluidos del mercado por la escasez de pisos.
Y para ello surge el proyecto IMPASS (Impulso Andaluz a Suelos Sociales y Sostenibles), que supone un frente común de promotores, pero también constructoras y bancos con el reto de aumentar el parque residencial de nueva construcción para una población en continuo crecimiento, que en el caso del área metropolitana está prácticamente agotada, y de paso, conseguir que sea más barata, por el aumento de la oferta.
Para ello, Fadeco Promotores ha celebrado hoy en Málaga un acto en el que ha presentado el programa a la Junta de Andalucía, al Ayuntamiento de Málaga y a la Diputación, y que persigue cuatro medidas básicas. La primera es lograr que la Unidad Aceleradora de Proyectos del Gobierno andaluz, que se creó en 2019, comience a admitir iniciativas residenciales dentro de sus planes para que sean realidad con mayor rapidez. «Es un pilar básico de la sociedad, y ante una falta de vivienda tan dramática no puede seguir estando excluidos».
Según sus cálculos, se podría reducir el plazo para activar nuevas parcelas de los diez años actuales de media, a seis años, y con ello el precio del suelo urbanizable se podría reducir hasta la mitad, «por lo que también bajaría sustancialmente el coste de los pisos de nueva construcción».
En paralelo, hace un llamamiento a cambiar la Ley Ambiental autonómica (Gica), «que es el verdadero escollo que ralentiza los plazos y que se soluciona con aplicar la directiva de la UE, como ocurre en Portugal, donde los trámites son mucho más rápidos».
Una segunda medida es el uso de los fondos Next Generation de la UE. «Ahora están centrados en cambiar ventanas y fachadas y para regeneración urbana, pero con eso no da. Lo que tiene más sentido es que en las nuevas urbanizaciones lleguen fondos Next para construir ciudades sostenibles desde cero, con lo que estos repercuten en el Ayuntamiento y en todos los ciudadanos, y no solo en los que hagan reformas a título particular», explica Peinado.
La mayoría de las peticiones de los promotores y el resto de implicados tenían como objetivo a la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz Jiménez, que estuvo presente en el encuentro. Durante su intervención, la consejera coincidió en que hacer frente a la demanda de vivienda de los ciudadanos es el reto y objetivo común de la Junta y de los empresarios.
Al respecto, también estuvo de acuerdo en que para la promoción de viviendas más asequibles, la solución no es intervenir los precios, como hace el Gobierno de Pedro Sánchez, «sino aumentar la oferta, y para ello hay que tener suelo y agilizar los procesos para pasar de suelo rústico a urbanizado».
El Gobierno andaluz ha dado pasos para favorecer el desarrollo urbano sostenible a través de la ley Lista, que supone «una regulación más clara, sencilla y adecuada, que garantiza la seguridad jurídica y el desarrollo sostenible». Pero, añadió, «el Gobierno de españa tiene que cumplir su parte y tramitar el proyecto de Ley de Seguridad Jurídica de los planes urbanísticos, pendiente desde hace un año».
Su departamento también tiene en marcha la revisión del plan de ordenación del territorio de Andalucía, en colaboración con los ayuntamientos (ya que el anterior está obsoleto) y que permitirá también agilizar los proyectos para obtener suelo urbanizado. «Estamos abiertos a todas las propuestas, especialmente del sector, y doy la bienvenida a iniciativas como esta».
Una tercera pata del plan es habilitar líneas de financiación públicas para que los promotores puedan acometer la urbanización de los suelos, que son obras de infraestructuras públicas. Estos trabajos son muy caros y llevan mucho tiempo de trámites, por lo que actualmente tampoco consiguen el crédito necesario de los bancos.
Y la cuarta propuesta es bonificar a los promotores para que los proyectos sean medioambientalmente sostenibles, premiándolos con más edificabilidad, «igual que ya ocurre con los hoteles, que reciben un 10% más; así se puede impulsar el desarrollo sostenible de las ciudades sin aportar dinero de la administración pública». Vinculado a lo anterior, hay una quinta medida, destinada a los ayuntamientos, que es la compensación de cargas externas con medidas de sostenibilidad: por ejemplo, con alumbrados de muy bajo consumo.
No se trata de darle a todos los proyectos todas a la vez, sino que la idea es crear una guía técnica con la implicación de las empresas, de la Administración, colegios profesionales y la Universidad, que permita seleccionar los proyectos y proponer una de las opciones: entrar en la Oficina Aceleradora; optar a los fondos Next; financiación pública o bonificación. Peinado pone el ejemplo de promociones que supongan la creación de un gran núcleo de viviendas sociales, o realizadas con un alto compromiso medioambiental.
«Con eso, conseguimos acortar los plazos de la llegada al mercado de suelo urbanizado, y que se genere en menos tiempo muchas más viviendas», concluye. El impulsor de la iniciativa es Fadeco Promotores, pero se han unido bancos, constructoras y proveedores, «porque se han dado cuenta de que en Málaga ya casi no hay suelo disponible para construir pisos».
«Todas las políticas de vivienda que se pueden hacer, como avales, regulación de precios, etc, no sirve de nada si realmente no existe suelo en el que se puedan hacer esas viviendas a un precio estabilizado». La medida tiene un plazo medio, que, si se acepta, puede tener un desarrollo a lo largo de los próximos cinco o seis años.
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