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La Asociación de Constructores y Promotores de Málaga ha reunido este miércoles a los representantes de las empresas que conforman su directiva de promotores inmobiliarios para transmitir a los responsables públicos y a los partidos políticos las medidas que, a su juicio, podrían servir para facilitar el acceso a la vivienda y potenciar el mercado residencial en la provincia y la capital.
Según los promotores representados en la ACP, que abarcan el 80% del suelo residencial del territorio malagueño, la ausencia de parcelas disponibles para construir y los excesivos plazos de aprobación de nuevos sectores urbanizables han encarecido los costes de la edificación y han repercutido «negativamente» en el precio de la vivienda y «dificultado el acceso a la misma de muchos colectivos, como los jóvenes», según han explicado en un comunicado desde la asociación.
Así, desde la ACP demandan a las administraciones públicas que pongan en carga los suelos que son de su propiedad y los que la legislación obliga a ceder para la construcción de VPO, y que faciliten la adquisición de estas viviendas a precio tasado mediante préstamos de bajo interés o avales públicos para la entrada. Asimismo, piden fomentar la colaboración público-privada para la promoción de viviendas protegidas con precios adaptados a los costes reales de construcción, y la ampliación de los niveles de ingresos de las personas que pueden acceder a la adquisición de esos pisos porque «son muchos los que exceden de los parámetros requeridos para acceder a una vivienda protegida, pero se quedan también lejos del acceso a una vivienda del mercado libre».
Asimismo, los promotores malagueños exigen que se agilicen los trámites para la aprobación de los proyectos, en especial los ambientales que corresponden a la Junta de Andalucía. Así, proponen la digitalización de todos los expedientes de las tramitaciones administrativas, y que se apliquen las fórmulas de la declaración responsable y el silencio positivo para acelerar la aprobación de operaciones urbanísticas que tardan años en desbloquearse.
«No pedimos disminuir en ningún término las exigencias urbanísticas, técnicas o medioambientales, sólo contar con plazos ciertos y ágiles de respuesta por parte de la administración y en caso de no ser así, nos dejen asumir la responsabilidad de su cumplimiento», ha argumentado Ignacio Peinado, presidente de la junta de promotores. Por su parte, Juan Manuel Rosillo, presidente de la ACP, ha confiado en que estas propuestas «tengan buena aceptación y se conviertan en ideas básicas de consenso».
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