Los profesionales médicos sufrieron 318 agresiones en 2024, y más del 20 por ciento fueron físicas

En el análisis planteado a las Organizaciones Sindicales en esta mesa de trabajo, se ha tenido en cuenta los datos desde 2019, viéndose un descenso durante la pandemia, provocado por las restricciones de acceso a los centros, la suspensión de servicios no esenciales y la percepción social de los profesionales, y efecto rebote posterior, con la normalización de la actividad sanitaria y el aumento de la demanda asistencial.

Según el Registro Informático de Agresiones de Centros (RIAC), en 2024 hubo un total de 362 agresiones físicas (19,4% del total) y 1.504 no físicas a profesionales de los centros sanitarios públicos de Andalucía. Del total de agresiones registradas, 1.866 (casi la mitad) fueron en hospitales, mientras que el 52,52% ocurrió en centros de Atención Primaria. Eso sí, desde el SAS recuerdan que los supuestos de violencia física o amenazas graves provocadas por pacientes psiquiátricos o con deterioro cognitivo se consideran como agresión, aunque se ha establecido un sistema para que puedan filtrarse y recibir un «tratamiento diferenciado», tanto en el registro como en las actuaciones posteriores que se lleven a cabo. Así, del total de agresiones registradas, más del 20% (20,3%) son cometidas por personas con problemas de salud mental o deterioro cognitivo, porcentaje que asciende al 51,6% cuando se trata de agresiones físicas.

Por provincias, Almería registró 20 agresiones físicas y 141 no físicas; Cádiz 61 físicas (282 no físicas); Córdoba, 36 físicas (126 no físicas); Granada 45 físicas (149 no físicas); Huelva, seis físicas (60 no físicas); Jaén, 24 físicas (120 no físicas); Málaga, 69 físicas (249 no físicas), y Sevilla, 101 físicas (378 no físicas).

Por sexos, son las mujeres las más agredidas (el 72,45% del total); por perfil profesional, casi el 80% de agresiones se da al personal sanitario, principalmente profesionales de la medicina y la enfermería.

Un problema en aumento

El pasado 30 de enero, el Sindicato Médico de Málaga denunció dos nuevos casos de agresiones a médicos ocurridos en los últimos días, sumando un total de ocho en el primer mes del año, lo que supone el peor comienzo del año en esta materia en los centros de salud y hospitales de la provincia de Málaga, frente a los dos sucesos acaecidos en el mismo mes de 2024.

Por el ello, el SMM volvió a exigir a la Administración que de una vez por todas aplique campañas de concienciación ciudadana y medidas contundentes como la contratación de vigilantes e instalación de cámaras de seguridad en los centros sanitarios, que velen por la integridad física de sus trabajadores en el ejercicio de sus funciones, y para que no vuelvan a repetirse estos casos que no cesan de incrementarse en la comunidad andaluza y, principalmente, en la provincia malagueña.

Desde la Consejería de Salud, por su parte, sostienen que hoy en día cuentan con más de 53.700 dispositivos de seguridad de distinto tipo, entre los que destacan: más de 4.400 cámaras de seguridad, más de 35.000 dispositivos de aviso en consultas y más de 7.500 alarmas individuales, «un nuevo dispositivo que parece ejercer un efecto disuasorio hacia el agresor y una mayor rapidez de actuación entre compañeros y vigilantes de seguridad», recalcan. En este aspecto, la provincia de Málaga cuenta con más de 6.700 dispositivos de seguridad, destacando 592 cámaras de seguridad, y 179 alarmas individuales, siempre según los datos del SAS.

El plan puesto en marcha por la Junta de Andalucía habilita también canales ágiles y rápidos para que la persona que sufre una agresión, ya sea verbal o física, «no esté sola momentos después de ser agredida», añaden. Además, se facilita atención psicológica durante el tiempo que sea necesario y asesoría jurídica para quien decide denunciar. «Cabe señalar que la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública es considerada delito de atentado por los tribunales de justicia, y así se han dictado sentencias en diferentes casos con penas que oscilan entre los 12 meses y los 3 años de prisión. De hecho, durante 2024, los letrados del SAS han realizado 197 asistencias, logrando 94 sentencias condenatorias, 34 de ellas tipificadas como delito de atentado», enumeran.

Desde la Consejería de Salud y Consumo y el SAS se condena -como es lógico- cualquier tipo de agresión, tanto física como verbal, dentro o fuera de un centro sanitario, y avanzan que se está trabajando en el proyecto de decreto por el que se crea y regula el observatorio de agresiones a las personas profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Aun así, todos los sectores de los profesionales de la medicina llevan meses pidiendo más contundencia y más medios para revertir un problema que no para de aumentar. «La Consejería de Salud está preparando también un régimen sancionador que se integrará en la próxima Ley de Salud, que estará en consonancia con la condición de autoridad pública del personal sanitario recogerá un régimen de infracciones y sanciones frente a agresiones en el ámbito sanitario», aseguran.