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El curso que comienza este martes para los alumnos de segundo ciclo de Infantil (3 a 5 años), Primaria y Educación Especial y el próximo lunes 16 para Secundaria, Bachillerato y FP será la prueba de fuego para el 'Gobierno del cambio', el examen ... que determinará si el departamento que dirige Javier Imbroda está a la altura de las expectativas generadas. El gobierno de coalición de PP y Ciudadanos arrancó en enero, con el curso escolar ya en marcha. Por esto, este será el primero en el que toda la gestión ha estado en manos del equipo de Imbroda.
No es tarea fácil gestionar un sistema educativo como el andaluz, el más importante, en cualquiera de sus variables, de todo el país: casi dos millones de alumnos se incorporan este mes de septiembre a las clases, en alguno de los 7.144 centros docentes, tanto públicos como privados, con más de 127.400 docentes.
En estos primeros meses de gestión, el consejero de Educación ha tomado decisiones que han sido bien recibidas por la comunidad escolar, y otras que han generado un abierto rechazo. Entre las primeras, el proyecto de ley de autoridad del profesorado. En cambio, las críticas le han llegado con la modificación de horarios o el plan de refuerzo de verano. Tampoco ha sido capaz de cumplir algunas promesas, como actualizar el precio de la plaza de las guarderías o evitar el despido de 73 trabajadoras de cinco escuelas infantiles que han pasado a depender de la Junta. En general, la principal queja de los sindicatos es que se han tomado decisiones sin consultar con la comunidad educativa.
El consejero Imbroda presenta como principales avales de este nuevo curso el incremento del dinero para educación en más de 203 millones, con un presupuesto global récord de 6.619 millones de euros. También el incremento de las plantillas en 750 profesores más, debido a la mayor demanda de alumnado en Educación Secundaria Obligatoria (7.500 alumnos más) y por la implantación de 125 nuevos ciclos formativos.
6.619 millones de euros es el presupuesto para Educación, 203 más que el año pasado, una cifra récord.
1.813.000 estudiantes se incorporan este mes de septiembre a las aulas, de ellos 1.401.000 en centros docentes púbicos.
127.422 docentes impartirán clases en este curso (de ellos, 102.105 maestros y profesores de la pública), en 7.144 centros, tanto públicos como privados o concertados.
Estos datos desmienten una de las denuncias que se hacen desde la oposición y que acusan al nuevo Gobierno de tratar de desmantelar la enseñanza pública, se defienden desde el Ejecutivo andaluz. El PSOE justifica estas acusaciones en el cierre de unidades docentes, 53 entre Primaria y Secundaria en Málaga. La delegada de Educación y Deporte, Mercedes García Paine, aclara que este curso se incorporan a las aulas andaluzas casi 13.000 estudiantes menos y que, si bien es cierto que se cierran unidades, también se abren nuevas, sobre todo en Secundaria (219), Educación Especial (130) y cerca de 150 unidades más como consecuencia de los 125 nuevos ciclos formativos. «Lo que no podemos es tener aulas vacías», justifica la delegada.
Menos alumnos con más profesores significa que debe bajar la ratio, o número de alumnos por profesor. Según los datos ofrecidos por el consejero, en el segundo ciclo de Infantil y Primaria, donde el límite es de 25 alumnos por unidad, en Andalucía la media se sitúa en 20,76 y 21,33 escolares, respectivamente. En cambio, en Educación Secundaria Obligatoria se incrementa el alumnado en más de 5.700 y la ratio se sitúa en 26,42 sobre el límite de 30.
Los sindicatos, no obstante, matizan estos datos de ratios, pues se trata de cifras globales, cuando lo que pasa es que en las zonas rurales están muy por debajo y en las zonas urbanas al límite o por encima.
Para el nuevo curso también se va a mejorar la atención del alumnado con necesidades educativas especiales con el aumento de 130 unidades más en Educación Especial. Además, se reforzarán las plantillas de los centros públicos de Educación Infantil y Primaria con al menos 250 maestros de apoyo y refuerzo, así como cien maestros especialistas en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. En cuanto a la Formación Profesional, contará con 4.100 plazas más de nuevo ingreso que el curso anterior y se implantarán 125 nuevos ciclos formativos.
La Consejería de Educación sorprendió a finales de junio con la publicación de unas instrucciones que modifican los horarios de materias troncales de Primaria. Además, las clases vuelven a ser de una hora de duración (en el curso 2015/16 se dejaron en 45 minutos).
Los estudiantes andaluces de Educación Primaria tendrán este curso más horas de Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura y de Inglés. Al mismo tiempo, se suprimen del horario lectivo las clases de francés previstas para primer y segundo curso, y se incrementan las horas de Educación Física, con media hora específica para estudiar hábitos de vida saludables. La carga horaria de Educación Física aumenta en 6 horas semanales a lo largo de la etapa. En el caso de primera Lengua extranjera, pasará de las 12 horas actuales en toda Primaria a 18 en total, lo que supone un incremento del 50 por ciento. Así, en primer y segundo curso tendrán hora y media más en el cómputo semanal, y desde tercero a sexto, 45 minutos más de inglés. Media hora se dedicará a comunicación oral.
Religión también verá aumentada sus horas de clase, en este caso en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo. Pasa así a duplicar su horario semanal, de las 6 sesiones de 45 minutos actuales a 9 horas a lo largo del ciclo. Entre primero y tercero será una sesión semanal (15 minutos más) y en 4.º, 5.º y 6.º serán dos horas semanales de Religión, lo que supone hora y cuarto más que en estos últimos cursos.
Aunque las movilizaciones de los sindicatos son ya una realidad, la comunidad educativa en general sigue apelando al diálogo y al consenso y entiende que aún se pueden rectificar ciertas decisiones que consideran negativas para la educación pública. Y ponen como ejemplo el plan de refuerzo escolar, que puso en marcha la Consejería sin tiempo ni el consenso necesario, por lo que el fracaso de esta medida estaba más que anunciado, como así consideran el escaso 2 por ciento de alumnos que participaron en el mismo respecto a las previsiones iniciales. Otro ejemplo es la reciente modificación de horarios de Primaria, a través de una instrucción, en vez de un norma de mayor rango legislativo, y sin la necesaria negociación a través de mesa sectorial con los sindicatos. Desde las AMPAS se valoran los esfuerzos por abordar los problemas, pero «la realidad es que la Consejería está tomando decisiones al margen del resto de la comunidad educativa y que pueden afectar a la calidad educativa», señala Pilar Triguero, portavoz de la Federación Democrática de Madres y Padres del Alumnado de la Provincia de Málaga, FDAPA, por lo que la valoración general de estos primeros meses de gestión «no puede ser positiva».
Al necesario diálogo y consenso con la comunidad educativa se refiere también la secretaria provincial de ANPE, María del Amo, quien rechaza los cambios impuestos desde la consejería «sin debate ni consenso». Y lamenta que a pocos meses del cambio político «los responsables de la Consejería competente en materia educativa han comenzado a caer en los vicios recurrentes de sus antecesores, al gobernar a espaldas del profesorado», afirma.
Pero estos cambios fueron contestados por la comunidad educativa, que los ha rechazado por adoptarse sin consenso, porque se han aprobado mediante una 'instrucción' y creen que se deberían haber regulado mediante una orden, que tiene rango de ley, y porque las actualmente en vigor, para Primaria, Secundaria y Bachillerato, están afectadas por resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y del Supremo, por lo que este mismo año habrá que realizar de nuevo modificaciones.
Además, los centros han visto drásticamente recortada su autonomía docente. Tenían seis horas que, en muchos casos, se destinaban precisamente a refuerzo de Matemáticas y Lengua. Ahora solo tienen una hora de margen.
Pero este comienzo de curso está resultando movido. Este jueves, por ejemplo, se concentraron en Sevilla profesores de la enseñanza concertada. Y las movilizaciones y concentraciones se han mantenido durante todo el verano tras conocerse en julio el despido de 73 trabajadoras de cinco guarderías de la Junta (una de ella, El Faro de Torrox, con 10 empleadas).
En las escuelas infantiles el curso ha comenzado con muchas incertidumbres, aseguran, porque ven peligrar su subsistencia por falta de rentabilidad. Desde 2009 tienen congelado el precio de las plazas (278 euros mensuales con comedor). Lamentan que el consejero no cumpla su promesa de actualizar los precios este mismo año, una subida que ahora ha quedado relegada al próximo curso. La patronal calcula que al final del ejercicio cada guardería perderá entre 12.000 y 21.000 euros, con el coste que puede suponer en términos de empleo.
El nuevo Gobierno andaluz mantiene el programa de gratuidad de libros de texto, que se puso en marcha en la etapa socialista hace ya una década. Este nuevo curso el programa beneficiará a unos 180.000 alumnos y alumnas de enseñanzas obligatorias en la provincia, de los cuales más de 105.000 alumnos y alumnas de todos los cursos de Educación Primaria escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos recibirán libros de texto nuevos, ya que se renovarán los libros de texto de los seis cursos que integran la Primaria en toda Andalucía, además de la dotación específica para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Con la prevista reposición de ejemplares en mal estado de la ESO y FP Básica, el presupuesto total para libros de texto es de 105 millones de euros en Andalucía, la mayor inversión realizada hasta el momento, de los que alrededor de 20 millones de euros corresponden a la provincia de Málaga.
Por lo que respecta a los comedores y aula matinal, la provincia contará en este curso con cinco comedores escolares nuevos, que suman 120 plazas más. Respecto a otro de los servicios muy demandados por las familias, el aula matinal, también hay nuevos colegios que incorporarán este servicio, en concreto cinco. En este caso, son 110 nuevas plazas de aula matinal.
Las infraestructuras educativas siguen siendo la gran asignatura pendiente en la provincia. Por fin se han terminado los institutos de Teatinos y de Torre de Benagalbón, pero la presión sigue en la capital y en municipios costeros. La delegada de Educación y Deporte se queja de la «falta de planificación» del equipo anterior, con una importante falta de equipamientos. «Esperamos dar respuesta a estas necesidades de infraestructuras en el plan 2020/27, en el que la provincia suma casi el 40 por ciento de las inversiones», anuncia.
Respecto a las infraestructuras, CSIF considera fundamental un incremento de la inversión hasta llegar a un 7% del PIB. «Con este aumento en inversión se debe acometer el incremento de las plantillas de docentes, la reducción de la ratios de forma generalizada, la mejora de las instalaciones de los centros y la modernización de los equipamientos y materiales didácticos», señala Francisco González, responsable de Educación CSIF Málaga.
Por su parte, el sindicato de profesores ANPE sigue exigiendo a la Junta la restitución de derechos económicos, laborales y profesionales de los docentes, perdidos durante los años de la crisis. Y reclama al Gobierno andaluz «una política inequívoca de compromiso con el sistema público de educación», mostrándose «vigilantes» para que los partidos integrantes de la coalición de gobierno «sean consecuentes con lo que votaron cuando estaban en la oposición, en temas tan trascendentales como la equiparación retributiva de nuestro profesorado con el de otras comunidades autónomas».
Con estos antecedentes, el secretario de Educación de CC OO en Málaga, Félix Martín, augura un curso «conflictivo» en materia laboral. Avanza que la Consejería tendrá que hacer frente a multitud de recursos contenciosos, de los maestros que han quedado sin vacante. También espera que el consejero cumpla su promesa en campaña electoral de la homologación salarial del profesorado andaluz. Denuncia también el mal uso del dinero público, en referencia a las trabajadoras despedidas de las guarderías, pues, como ya pasó con las monitoras, tendrán que gastar dinero en procedimientos judiciales y en posteriores indemnizaciones, pues la ley es clara en cuanto a la subrogación de los trabajadores. Otro aspecto crítico es el de las infraestructuras, muy deficitarias en Málaga, provincia que cuenta con un tercio de todas las aulas prefabricadas de la región. «Anunciaron un plan de infraestructuras, que todavía estamos esperando», lamenta Martín.
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