El despertador de Emilio Arjona suena sobre las dos de la madrugada. Una hora más tarde, sobre las tres, ya se encuentra en el campo ... para recoger lo que sembró en primavera. Los meses de junio y julio pertenecen a la cosecha de la patata. Entre la Vega de Antequera y algunos municipios de la Costa del Sol se reparten las, aproximadamente, 500 hectáreas que se dedican en la provincia al cultivo de la patata. La recolecta de esta hortaliza es de las que aún exigen mucho esfuerzo físico. No hay maquinaría que sustituya el proceso manual y las altas temperaturas llevan el inicio de la jornada laboral a esas horas que coinciden con la primera aparición de algo de luz. Pero lo que preocupa a Emilio no tiene que ver con el trabajo en sí.
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Lo que le roba el sueño a él y al resto de agricultores que se dedican a la patata es que el actual precio que marca el mercado a duras penas da para cubrir los gastos. El kilo se paga a 0,36 euros. «Producir ese kilo le cuesta al agricultor unos 0,32 euros. Para que sea una actividad mínimamente rentable, el kilo se tendría que pagar a 0,50 euros», detalla Arjona. El aumento de los costes de producción, añade, se han topado con un mercado a la baja.
Eso hace que las matemáticas no le salgan a los agricultores malagueños y que muchos estén contra las cuerdas, tras haber invertido capital en una siembra que ahora viene sin retorno en lo económico. Esta dinámica, sin embargo, contrasta con el precio que se encuentra el consumidor cuando va al lineal del supermercado, donde el kilo de la patata está por encima de los 1,50 euros. Una situación que las distintas asociaciones agrarias achacan a varios factores. El fundamental, la cantidad de intermediarios que participan en este proceso. «El beneficio gordo», precisa Arjona, «se lo llevan las grandes superficies».
Los intermediarios elevan el precio final que paga el consumidor. Pero para entender el problema por el que atraviesan estos agricultores, hay que remontarse de nuevo al precio en origen. Como se ha mencionado, antes de que comience la cosecha, el precio que se pagaba por el kilo de patatas se movía por los 0,50 céntimos. Una entrada masiva de patata procedente de Egipto, sin embargo, habría tirado el mercado. «En el puerto de Valencia hay ahora mismo tres millones de kilos de patata almacenados», lamenta Arjona.
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Para evitar que los agricultores trabajen a pérdidas y obtengan unas ganancias que les permitan seguir adelante, el Gobierno puso en marcha la ley de la cadena alimentaria. En teoría, fija cuáles son los costes de producción y regula el mercado para que no se pueda vender por debajo. El presidente de Asaja, Baldomero Bellido, asegura a SUR que lo que está ocurriendo con la patata es el ejemplo perfecto de que esta ley estaría haciendo aguas.
«El precio ha caído al 50%. Una vez más, ha entrado un importante volumen de producto de fuera. Insistimos en la implantación de cláusulas espejo para los productos que viene de fuera de la Unión Europea. Padecemos una clara competencia desleal. Queremos que se aplique el criterio de preferencia por el producto local», concluye Bellido.
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