¿Cuántos pozos ilegales hay en la Axarquía? Nadie se atreve a ponerle cifras a esta realidad

Pero cabe destacar que estas cifras se han referido a una superficie muy reducida de la comarca oriental, apenas 222 hectáreas de las más de 14.000 que se estima que hay cultivadas de subtropicales, de las que unas 8.000 son de aguacates y 6.000 de mangos. En esta operación, iniciada hace cinco años por varias denuncias de particulares, los agentes del Instituto Armado han estimado un presunto fraude de hasta 25 hectómetros cúbicos de agua extraída del subsuelo malagueño, procedente de 250 pozos y sondeos ilegales, para el riego de las mencionadas 222 hectáreas de cultivos subtropicales en la Axarquía, concretamente en el entorno del valle del río Benamargosa.

Si se hace, por tanto, una extrapolación al conjunto solo de la comarca oriental, la cifra de pozos y sondeos ilegales puede ser elevadísima. «Miles», responde el coordinador del Gabinete de Estudios de la Naturaleza (GENA-Ecologistas en Acción, el biólogo Rafael Yus. En un contexto de sequía extrema, con los embalses malagueños al mínimo histórico de reservas para estas fechas, y con la amenaza cada vez más real de que se incrementen las restricciones al abastecimiento que ya sufren una quincena de localidades de la provincia, los pozos ilegales están en el punto de mira. No en vano, se está produciendo «un expolio masivo» de los recursos hídricos del subsuelo malagueño de manera presuntamente fraudulenta, según denuncian desde GENA.

Pero, lamentablemente, esta realidad no sólo se da en la Axarquía, sino también en las otras dos grandes comarcas agrarias de la provincia, el Valle del Guadalhorce y la Vega de Antequera. La peculiaridad de la comarca oriental malagueña es la existencia además de miles de viviendas irregulares, con más de 25.000 casas construidas en el campo en las últimas décadas, según las estimaciones de GENA, para un total de 50.000 en el conjunto de la provincia. Estos inmuebles también suelen tener pozos para abastecerse, muchos de ellos ilegales, según denuncia Yus.

Por su parte, desde Greenpeace ya vienen advirtiendo desde hace unos años que el robo de agua a través de pozos ilegales «podría poner en riesgo el futuro abastecimiento de la población». Desde esta organización ya avisaron, en enero de 2019, a raíz del trágico suceso de la muerte del pequeño Julen, tras caer a un pozo ilegal en una finca en Totalán, que esta situación no solo afecta a la cantidad, sino también a la calidad: «La reducción continua del nivel del agua y la profundidad cada vez mayor de los pozos pueden aumentar la concentración en sales y reducir la calidad de su agua, e incluso contaminarlo».

Pero además de perjudicar el abastecimiento de la población, al estar retirando agua sin control de un acuífero, estas extracciones irregulares pueden provocar otros daños ambientales. «Por ejemplo, secar el terreno, lo que provocaría grietas y movimientos de tierra, como hundimientos», asegura el coordinador del área de Aguas en Andalucía de Ecologistas en Acción, Antonio Amarillo. Por su parte, desde Greenpeace apuntan que la sobreexplotación ilegal e indiscriminada del agua para regadíos y desarrollo urbanístico –muy especialmente del agua subterránea– es lo que ha provocado la proliferación de pozos y sondeos ilegales durante los últimos años.

Yus recuerda lo que bautizó desde 2016 como «la burbuja de los subtropicales», esto es, la explosión de cultivos de mangos y aguacates en la Axarquía a raíz de la crisis del ladrillo de 2008 en la Axarquía. «La gente busca en las fincas, hacen pozos y con eso riegan en sitios muy elevados, por encima de la cota del pantano de La Viñuela«, sostiene. De ahí que, por su experiencia, y a falta de un estudio empírico, el ecologista calcula que al menos un 60% de los que existen están fuera de la ley. Así, en un trabajo realizado hace unos años, GENA contabilizó 4.256 pozos registrados por la Junta, de los que 2.083 estaban inscritos y 2.173 en trámites, según datos de la Junta. Estos sondeos proporcionaban 81,79 hectómetros al año en la Axarquía.

«Estos cálculos se han realizado sobre datos desfasados que corresponden a hace diez años, precisamente un lapso de tiempo en el que se ha producido un fuerte crecimiento del regadío para subtropicales, fenómeno económico que venimos denominando 'burbuja de los subtropicales'. Se precisan datos actualizados para comprender mejor la envergadura del uso de aguas subterráneas en esta tremenda reconversión del agro de la Axarquía», sostiene Yus.

Con todo, reconoce que actualmente es «imposible» saber cuántos hay, porque se hacen en la clandestinidad. «La Junta tiene una relación de pozos legales, y todos los demás son ilegales». Esta ha sido una tendencia general en suelos minifundistas, tanto para evitar al fisco como por la difícil tramitación administrativa, «y con la connivencia electoralista de los ayuntamientos». «Sólo los más visibles, que están cerca de los ríos, son legales, el resto son perforaciones en pizarras, que hay a montones. A ello, se une el hecho de que se encuentran dentro de propiedades privadas, y se hacen al amparo del silencio, nadie denuncia a su vecino».

Además, otro punto que critica Yus es que el proceso administrativo favorece esta situación: algunos se abren con permiso de investigación y se explotan sin concesión durante ese periodo, que puede prolongarse años. Además, el proceso de legalización es muy tortuoso, y se encuentra con una Administración desbordada. «Es un tema que preocupa a las fuerzas del orden pero están desbordados», sostiene. Por ello, Rafael Yus reclama una inversión especial en vigilancia y en más personal. Por su parte, Greenpeace pide a la ciudadanía que, a través de su plataforma de denuncias y filtraciones 'on-line', aporte información y le haga llegar, de forma anónima y confidencial, aquellos documentos que puedan probar la existencia de pozos ilegales.

Por su parte, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, cuando saltó la operación del Seprona de la Guardia Civil y la Fiscalía de Medio Ambiente contra los pozos ilegales en la Axarquía, adelantada en exclusiva por este periódico, manifestó el pasado mayo que eran «inflexibles contra cualquier tipo de delito, especialmente contra los medioambientales». 

El responsable de la Administración regional y portavoz del Ejecutivo de Juanma Moreno mostró en Caleta de Vélez su «condena más absoluta al que se salta la ley, infringe la norma y perjudica al medio ambiente y nuestro respaldo a los que lo hacen bien». Asimismo, Fernández-Pacheco insistió en su «obsesión en seguir aportando nuevos recursos hídricos, mediante la planificación y la inversión que permitan que todos los agricultores puedan mantener su actividad y hacerlo en condiciones de sostenibilidad». Así, respaldó la actuación que está instruyendo el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vélez-Málaga, en un procedimiento que está «todavía en curso». «Nuestra posición es clara y rotunda, estamos en contra de la extracción de aguas subterráneas que esquilman nuestros acuíferos», apostilló.