En medio de las malas noticias que llegan cada vez que se repasa el tique de la cesta de la compra, la factura de la luz y el gas y el recibo de la hipoteca, los casi 280.000 pensionistas malagueños se llevarán el año ... que viene una pequeña alegría: casi 85 euros más al mes en cada pago de su prestación. Será la subida media que ofrecerán las pensiones distribuidas en la provincia de Málaga de aplicarse el incremento del 8,5% anunciado por el Gobierno para los Presupuestos Generales del Estado del año próximo.
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Así, la pensión media en Málaga subiría hasta los 1.076,73 euros mensuales si se toman como referencia los datos aportados por la Seguridad Social al 1 de septiembre de este año, los más recientes hasta la fecha. De este modo, la prestación media en la provincia rebasaría el mileurismo después de quedar durante el año pasado por debajo de esa marca; en concreto, en los 994,45 euros mensuales. Eso sí, el incremento previsto en la provincia malagueña estará por debajo de la media nacional calculada por el Ministerio de Hacienda, que ha situado el incremento medio de este tipo de prestaciones en los 100 euros mensuales para cada beneficiario.
Los malagueños que reciben prestaciones por incapacidad permanente y por jubilación serían, de media, los únicos pensionistas por encima del mileurismo en la provincia, una vez aplicada la subida anunciada por el Gobierno. La paga media de mayor enjundia sería para los algo más de 167.000 jubilados malagueños, con una asignación media de 1.243,76 euros mensuales. Le seguirían los malagueños con una incapacidad permanente reconocida, cuyo promedio de paga mensual quedaría en los 1.092,56 euros para los casi 30.000 malagueños que están en esa situación.
Más de 66.000 malagueños reciben una pensión de viudedad, cuyo importe medio mensual escalaría desde los 721,5 euros hasta los 782,83 euros. Por su parte, los casi 13.000 malagueños con una pensión de orfandad pasarían de los 403,97 euros mensuales de media a los 438,31 euros. El colectivo menos numeroso entre los pensionistas llega con las personas que reciben esa prestación a favor de familiares.
En esa situación están algo más de 1.600 malagueños que han acreditado haber convivido y dependido económicamente durante al menos dos años con la persona fallecida que ocasiona esta prestación, siempre que los beneficiarios de esta ayuda no tengan reconocida ninguna otra pensión pública y carezcan de medios de subsistencia. Quienes pertenezcan a este grupo en la provincia de Málaga verán cómo su asignación crece desde una media de 604,38 euros mensuales hasta los 655,75 euros resultantes de la aplicación del 8,5% prevista por el Gobierno.
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Una de las cuestiones que la subida de las pensiones ha puesto sobre la mesa tiene que ver con la inversión que deberá realizar el Estado para afrontar la revalorización en pleno frenazo económico. Tomando como referencia el importe global destinado por la Seguridad Social para el pago de pensiones en la provincia de Málaga durante el año pasado (casi 3.650 millones de euros), esa revalorización del 8,5% anunciada por el Gobierno central supondrá un aumento presupuestario superior a los 310 millones de euros, sólo en la provincia de Málaga.
No en vano, elevar la cuantía de las pensiones para que sus beneficiarios puedan hacer frente al aumento de los costes de la vida derivados de la inflación supondrá una inversión extra de casi 20.000 millones de euros en los presupuestos estatales. Así, el gasto que tendrá que afrontar la Seguridad Social durante el próximo año superará por primera vez los 200.000 millones de euros, de los que la inmensa mayoría (más de 190.000 millones de euros) irán destinados al abono de prestaciones sociales.
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Y ese esfuerzo presupuestario, mientras suenan los tambores de una posible recesión, no termina de convencer a sectores como la patronal CEOE o el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que ayer mismo advirtió en Málaga de que subir las pensiones y los sueldos y bajar al mismo tiempo los impuestos hará más profunda la crisis económica que ya se deja sentir en los bolsillos de los ciudadanos y las empresas.
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