El Gobierno retoma el proyecto de cobrar para circular por las autovías

El punto más controvertido de este documento, al que tuvo acceso SUR, es el que tiene que ver con la forma en la que nos desplazamos. Si prosperan las nuevas propuestas de recaudación –lo que previsiblemente ocurrirá a medio plazo– será obligatorio pagar para usar las autovías que ahora son gratuitas. Lo que todavía no está claro es si tendrán que pagar todos los ciudadanos o si, como pretende el Ministerio de Transportes, se podrán librar los trabajadores in itinere, esto es, en los trayectos de ida y vuelta de los hogares a los puestos de trabajo.

El Plan de Recuperación no aporta apenas detalles, pero deja claro que instaurar el peaje es un compromiso firme ante Europa. Así ocurre en la página 127, cuando dice: «Es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera». Por externalidades negativas se refiere a la contaminación ambiental de los coches.

El mensaje se refuerza en la página 134, con el siguiente literal: «El desarrollo de un mecanismo de pago por uso de las carreteras de alta intensidad». En paralelo, dentro del ámbito del transporte el Ejecutivo se compromete a completar los corredores ferroviarios que conectan con el resto de la UE (Mediterráneo, Atlántico) para impulsar el movimiento de mercancías alternativo al camión. También habrá que invertir en nodos de interconexión para garantizar la intermodalidad (por ejemplo, el enlace con los puertos de Algeciras y Bilbao) y reforzar significativamente las redes de Cercanías, claves para la buena articulación de la población en el territorio.

A falta de conocer el detalle del proyecto, las condiciones y los plazos de su implementación, en la provincia previsiblemente habrá que pagar por circular con el coche por las rondas Este y Oeste (MA-20), la A-7 (hacia Estepona y hacia Nerja), la Hiperronda y la carretera de Las Pedrizas (A-45), entre otras vías de titularidad estatal. Y ello, a la espera de saber si la Junta también estará obligada a hacer lo propio con la A-92.

Esta cuestión lleva años sobre la mesa, sin que por el momento ningún Gobierno se haya atrevido a tomar una medida tan impopular. Cuando SUR informó por primera vez de la idea, antes de la pandemia ( 17/08/2019), los cálculos de la patronal Seopan (de empresas constructoras y concesionarias de infraestructuras) hablaban de unos tres céntimos por kilómetro. El último dato que esta organización está barajando ya asciende a nueve céntimos por kilómetro, tres veces más. Ni uno ni otro es todavía oficial, y este periódico intentó recabar sin éxito ayer alguna referencia por parte del Ministerio de Transporte, mientras que desde la Subdelegación del Gobierno indicaron que aún no tenían información.

Dado que el objetivo es recaudar lo suficiente para garantizar el mantenimiento de las carreteras, y un remanente para inversión en infraestructuras, un cálculo razonable sería el de imponer un peaje de unos cinco céntimos por kilómetro, según fuentes técnicas consultadas. Sobre la base de esta cifra, la carretera de Las Pedrizas (A-45, unos 30 kilómetros), tendría un coste de 1,50 euros si se hace completa, aunque la previsión es que haya un primer punto de control en Casabermeja.

De igual modo, la Ronda Este y Oeste (22 kilómetros), costaría 1,10 euros, y también con sistemas de tramo, de manera que un vecino de Rincón de la Victoria con destino al Centro pagaría más o menos la mitad de esa cifra; al igual que, en el sentido inverso, uno de Churriana. Sobre la Hiperronda (21 kilómetros), el itinerario completo (desde la zona de La Virreina hasta el enlace con Torremolinos) tendría un precio de 1,05 euros, aunque nuevamente habrá que ver cuántos tramos de facturación se establecen (para Alhaurín de la Torre, por ejemplo). Además, se cobrará a las empresas por las concesiones de áreas de servicio.

Para la facturación, los coches tendrán que estar telecontrolados, con sistemas como los Vía T de las autopistas, y será necesaria una fuerte inversión en la instalación de arcos de facturación electrónica y lectores de matrícula. Ante el elevado coste político de esta decisión, el ministro, José Luis Ábalos, se ha esforzado en transmitir en diversos foros que el Gobierno trabaja para que solo tengan que pagar los turistas (extranjeros y nacionales) y las empresas de transporte, pero quedarán excluidos los camioneros, los autocares y los particulares que usan la carretera para ir y venir del trabajo. En cambio, todo apunta a que las normas comunitarias vetarán esta idea, en la medida en que España es, hoy por hoy, uno de los tres únicos estados europeos (junto con Malta y Chipre) que todavía no cobran por usar las autovías.

La conservación de las carreteras cuesta cada año 1.200 millones de euros, que ahora se pagan con cargo a los Presupuestos. Como referencias, en el caso de Málaga, los PGE incluyen unos ochos millones para 2021; mientras que en noviembre de 2020 el Ministerio de Transportes firmó un contrato de servicios para realizar operaciones de conservación y explotación en carreteras del Estado, en concreto, en la Autovía del Mediterráneo (A-7), MA-20, MA-22 y MA-23, con un presupuesto de 12,2 millones. Estas cuantías, y los beneficios que se puedan obtener, permitirán afrontar el mantenimiento y reinvertir en nuevas infraestructuras necesarias.