La 'malagueña' que aspira a llevar al Pacma a su primer escaño

Las razones que llevan a García a ese optimismo se basan en que «ha aumentado la sensibilidad de la sociedad hacia las causas» que defiende el Pacma; España ha crecido en dos los europarlamentarios que se eligen en el país; y porque en las elecciones europeas de 2019 lograron 295.546 votos que en esa ocasión no les permitió lograr escaño ya que al coincidir con las municipales y las autonómicas subió la participación respecto a otros comicios comunitarios lo que hizo que 'costase' más lograr el escaño y ahora confían en mantener ese número de apoyos y que haya una menor afluencia a las urnas que les permita obtener representación en el Parlamento comunitario.

«Las encuestas nos están dando entre un 1,3% y un 1,4% de apoyos y con un 1,5% entramos seguro, incluso podríamos hacerlo con dos europarlamentarios. El Pacma se caracteriza por superar siempre las encuestas», afirma en declaraciones a SUR, al tiempo que destaca que la entrada en el Europarlamento les «abriría las puertas» para lograr representación en España.

Cristina García (Algeciras, 1987) vive desde hace nueve años en Málaga, donde, junto a una socia, está al frente de un despacho de abogados especializado en derecho animal. «Busqué la fórmula de aunar mi profesión con mi pasión que son los animales y así poner mi conocimiento y mi experiencia al servicio de una causa, la animalista, que representa mis principios y valores», explica esta afiliada desde 2016 al Pacma, donde actualmente es vicepresidenta.

En su trayectoria política ha sido cabeza de lista por Málaga al Congreso en las últimas elecciones generales, aspirante a la Alcaldía de Mijas en las municipales y optó a la Junta en las autonómicas. Fue la única aspirante en las primarias del Pacma para encabezar la candidatura a las europeas, en cuya lista está arropada por otros ocho malagueños.

Sobre el programa con el que concurren a estos comicios, García explica que se estructura en tres bloques: uno destinado al medio ambiente; otro a los animales, una de las causas en las que se enfocan «con especial énfasis»; y el último destinado a cuestiones sociales en economía, vivienda, salud o empleo.

Entre las medidas concretas plantean un endurecimiento de las penas para el maltrato animal porque España es uno de los países con el Código Penal «más laxo» en esta materia; la inclusión de las protectoras de animales en la declaración de la renta como fin de interés social; y una rebaja del IVA veterinario para beneficiar a los seis millones de familias con animales. «¿Por qué se paga un 21% de IVA en la atención veterinaria cuando ir a una corrida de toros se paga el 10%? Nos parece que se está premiando el ir a ver a torturar a un animal», sostiene.

A este respecto, añade que un objetivo es que los ganaderos de toro bravo no reciban subvenciones de la PAC y que tampoco reciban «tantas subvenciones públicas» la ganadería intensiva y los proyectos de «macrogranjas que están proliferando en España».