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El regreso al trabajo presencial ha reavivado un conflicto laboral en Opplus, la empresa propiedad de BBVA que se encarga de realizar las tareas administrativas de la entidad financiera y que con una plantilla de 2.200 trabajadores es una de las compañías con más empleados de Málaga. La vuelta a la oficina (en el PTA) se hizo efectiva la semana pasada con un modelo híbrido que afecta al 80% del personal, de forma que cada empleado acudirá a su puesto tres semanas al mes mientras la cuarta cumplirá su jornada en remoto para así respetar las limitaciones de aforo que establece el protocolo Covid. Sin embargo, los trabajadores se oponen a esta fórmula alegando que no se garantiza la seguridad porque «el centro de trabajo carece de ventanas y ventilación natural», tal y como denuncia el presidente del comité de empresa, Melquiades Ramírez, quien recuerda que desde que se declaró el estado de alarma toda la plantilla ha estado trabajando desde sus casas, salvo unos 400 empleados que volvieron a la oficina el pasado mes de julio de forma voluntaria.
Tras dos concentraciones protagonizadas por los delegados sindicales y una huelga el pasado viernes que, según el comité de empresa, secundó el 70% de la plantilla y en la que contaron con el apoyo de dirigentes del PSOE y de Unidas Podemos (este lunes se han reunido con el PP), los trabajadores pasan ahora la pelota al tejado de la compañía. De momento, no se contemplan nuevas movilizaciones hasta ver los movimientos que pueda realizar la empresa, pero tampoco se descartan. «Siempre estamos dispuestos al diálogo y a la negociación, pero ellos tiene que dar ese paso hacia la paz social», exponen los representantes sindicales de un comité de empresa que encabeza CGT y del que también forman parte UGT y CC OO.
Desde la empresa se resisten a hablar de conflicto e insisten en argumentar que si se ha implantado este sistema híbrido es precisamente para respetar las limitaciones de aforo y, de paso, aprovechar la experiencia de este último año y medio de teletrabajo para avanzar en materia de conciliación familiar. «Nos hemos dejado la piel para que el edificio sea seguro. Ahora mismo está en torno al 75% de ocupación, ya que se ha dejado una parte de trabajadores en remoto para garantizar la distancia de seguridad», explican desde la entidad.
En cualquier caso, la polémica por la vuelta a trabajo parece haber sido la gota que ha colmado el vaso en un conflicto que lleva años latente y que tiene que ver fundamentalmente con las condiciones laborales, ya que pese a realizar tareas del sector bancario el personal no está adscrito al convenio de las entidades financieras. Primero, en sus comienzos en 2007, estuvieron bajo el marco laboral de oficinas y despachos, y desde 2010 en el de consultoría y estudios de mercado. «No es justo que realicemos un trabajo bancario y se esté permitiendo que un banco externalice la matriz de su negocio sin acogerse al convenio de banca y menos aún que no asuma las obligaciones que marca el peor convenio nacional. Nos sentimos engañados», remarca Ramírez. «Cuando entramos teníamos 25 años y apenas obligaciones familiares, pero ahora sí que las tenemos y la realidad es que no llegamos a fin de mes», sentencia.
Por su parte, desde Opplus exponen que el acuerdo laboral vigente se aprobó en 2018 con «mejoras en todos los aspectos económicos y sociales como una subida salarial por encima de convenio, la mejora de las dietas o el complemento de la empresa desde el primer día de baja laboral». Aun así, aseguran que seguirán trabajando «en más mejoras desde la comunicación y el entendimiento con los sindicatos y todos los empleados».
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