Un nuevo sistema de sorteos de las VPO permitirá a los interesados aspirar a una promoción concreta

Una de esas reivindicaciones tenía que ver con una cuestión que preocupa especialmente a los empresarios del sector y más en estos momentos en los que las administraciones optan por cederles los suelos previstos para VPO de alquiler, de forma que sean los privados quienes construyan y exploten por su cuenta y riesgo los pisos en las décadas posteriores. Los portavoces de los promotores, en especial Fadeco, que los representa a nivel andaluz, no están de acuerdo con el actual sistema de adjudicación de las viviendas protegidas, que se hace extrayendo por sorteo un número determinado de aspirantes del listado de miles de personas que se encuentran inscritas desde hace años en los registros de demandantes que gestionan ayuntamientos como el de la capital malagueña.

Ese sistema termina provocando que entren en los listados de adjudicatarios de los pisos (normalmente se seleccionan una primera lista y dos más de suplentes por el mismo número de viviendas) personas que ya no reúnen los requisitos para acceder a una VPO, que no la quieren en esa ubicación o que no tienen la capacidad económica para hacer frente a los pagos que requiere, especialmente en el caso de pisos protegidos en venta, por desconocimiento o por imposibilidad financiera.

Esta serie de circunstancias suelen complicar el proceso de adjudicación de las VPO, ya que muchas personas seleccionadas terminan renunciando al piso, lo que obliga a tirar de las listas de suplentes en muchas ocasiones, o se lo quedan pero luego no son capaces de abonar el alquiler que se les pide. En ese sentido, cabe recordar que el Ayuntamiento de la capital acumula una deuda por el impago de los alquileres de las VPO que gestiona que en 2023 ascendía a 29,2 millones de euros.

Por ello, la Junta, en concreto la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, ha incluido en el nuevo decreto andaluz una opción para la adjudicación de VPO en la que podrán hacerse una suerte de sorteos 'ad hoc' para cada proyecto en concreto, ya sea realizado por un promotor público (como puede ser un ayuntamiento) o privado.

Según ha podido conocer SUR de varias fuentes consultadas, el mecanismo consistirá en que el promotor del proyecto en cuestión podrá abrir una convocatoria específica para recabar aspirantes a las viviendas, y hacer un sorteo entre las personas que se hayan presentado a esa oferta, lo que tendrá que realizarse cumpliendo unos principios de publicidad y transparencia, establecidos legalmente.

Para respetar la normativa vigente, los que participen en esa convocatoria deberán ser personas que ya estén inscritas en un registro de demandantes oficial. Además, el promotor tendrá que pasar el resultado del sorteo y la selección al ayuntamiento de turno, para que verifique que todo se ha hecho correctamente.

Este procedimiento obligará a las personas interesadas en hacerse con una VPO a estar muy atentas a las convocatorias que se abran para determinados proyectos, a diferencia de ahora, cuando esperan de forma pasiva, inscritas en un registro, a que tengan la fortuna de ser seleccionadas al azar. No obstante, esto les permitirá elegir ser aspirantes a una promoción concreta que se anuncie, sabiendo las condiciones que se requieren en ese momento.

Según las fuentes, este mecanismo puede suponer una ventaja para quien construye las viviendas porque, difundiendo las características concretas del proyecto (precios, condiciones especiales y límites de ingresos que deben cumplir los futuros inquilinos o compradores), tiene una mayor seguridad de que los interesados que se presenten van a ser personas que cumplen los requisitos.

Con todo, se mantiene vigente la opción de hacer el sorteo por registro de demandantes como hasta ahora, un sistema que no convence a los promotores privados, que pretendían ir más allá y reclamaban tener más margen para seleccionar a los compradores o inquilinos de sus VPO. Sin embargo, no parece que eso haya sido aceptado aún por la Junta.