Ignacio Peinado: «La nueva Ley de Vivienda es justo lo contrario de lo que se debería hacer»

–¿Qué le parece la propuesta de Ley de Vivienda del Gobierno?

–De momento, hemos visto las declaraciones del Gobierno, que son muy intensas, de mucho clamor, y confío en que sea mucho ruido y pocas nueces, porque están produciendo, cuando menos, mucha incertidumbre.

–¿Qué es lo que más incertidumbre le produce al sector?

–Lo que vienen a anunciar es una intervención total del mercado, en dos líneas principales: por un lado, la regulación de los precios de alquiler en las zonas tensionadas, que habrá que ver cómo se definen. Y también muy grave es que pretendan que en todas las promociones –también en suelo urbano consolidado– sea obligatorio destinar un 30% a viviendas de protección en alquiler social. Si eso se hace sobre unos suelos que ya tienen unos derechos consolidados podría ser una bomba. La verdad es que me sorprende porque España casi siempre llega tarde a todo, y ahora tenemos la ventaja de ser los últimos, que es no hacer lo que se ha visto que no ha funcionado en otros países y ciudades. Barcelona reguló los alquileres y ha conseguido que hayan bajado mucho menos que en Madrid, donde ha habido una mayor corrección con un mercado no regulado, y eso apunta a que la medida fue nefasta. Pero es que, encima, en Barcelona ha habido una contracción total, con una bajada del 40% de la oferta de vivienda en alquiler. Con lo cual, con estas medidas lo que ocurre es que no bajan los precios y encima hay muchas menos personas que pueden acceder a una vivienda en alquiler, porque hay menos producto. Al final, esto sólo beneficia a unos pocos. En cuanto a las nuevas promociones, en 2019 en Barcelona sólo hubo siete que pudieran estar obligadas a ese 30% de vivienda protegida en la nueva construcción. Al final, se ha contraído la oferta y no se construye al nivel que se debería, el plan no está resultando.

–¿Cree que estas medidas benefician a alguien?

–Son contrarias a todos, serán muy pocos los que se consigan beneficiar. Al final, esas competencias están transferidas a las comunidades autónomas, y la mayoría no lo aplicarán. Pero imagine decirle al mercado, donde ya escasea el suelo y la vivienda nueva, donde además pretendemos que haya una accesibilidad, que el parque se renueve y que sea sostenible y verde... Que todos los planes de negocio se van al traste porque el 30% va en protección. Lo que ocurrirá es que la inversión se irá y los proyectos se abandonarán. Por eso, confío en que no prospere en el tramite parlamentario.

–¿Cree que existe un problema real de acceso a la vivienda para los jóvenes?

–Existe un problema de acceso a la vivienda total, y si algo positivo tienen las declaraciones del Gobierno es que ha puesto en la prensa un problema que desde el sector no nos cansamos nunca de repetir y de hacernos eco, aunque sin suficiente repercusión. Hace dos años, junto a la Fundación Unicaja trabajamos en un informe que se le aportó a la Junta para buscar soluciones al acceso de la gente joven. En Andalucía hay casi 500.000 jóvenes con empleo que no consiguen emanciparse. Necesitan un esfuerzo de ahorro brutal, que es tener el 30% del valor de la vivienda (el 20% que el banco no le presta en la hipoteca, y el 10% para impuestos). Para comprar un piso de 200.000 euros necesita tener 60.000, y eso es muy difícil. Por eso, planteamos ayudas a esos jóvenes, como el 'Help to buy' de Reino Unido, que es un aval de la administración al banco para responder por ese 20% y conseguir que le preste casi el 100%. De manera que jóvenes con empleo e ingresos estables podrían acceder con 20.000 ó 30.000 euros, la mitad del esfuerzo actual. Todos esos jóvenes quitarían presión al alquiler, al migrar hacia la compra, lo que ayudaría a contener los precios.

–¿Y salen las cuentas?

–Sí, con esta medida le salen las cuentas a todo el mundo, porque el 25% del precio de la vivienda va a impuestos, y el esfuerzo de la Administración no es prestar ese 20%, sino únicamente avalarlo. El coste real sería el porcentaje de impagos que tienen las hipotecas actualmente, menos del 4%... Es el mismo coste de la medida de la subvención propuesta de 250 euros al mes, sólo en el primer año. Otra solución sería aliviarles con un IVA reducido para menores de 35 años. Los tres niveles de la administración recaudan el 25% del valor de la vivienda, por tanto, es un negocio también para ellas.

–Eso para la venta, ¿y para fomentar el alquiler?

–Para el fomento del alquiler, curiosamente sí vemos como ejemplo positivo a Barcelona, que es una iniciativa de colaboración público privada del Ayuntamiento con promotores para poner 5.000 viviendas en marcha a un precio máximo tasado. Con unas reglas limpias, donde el suelo es municipal, el promotor sabe cuáles son las reglas y acomete la inversión. Creo que es una magnífica iniciativa, que también se está poniendo en marcha en varios municipios de Madrid. Supone un alivio para los jóvenes, que dinamizaría el mercado laboral y ayudaría a renovar el parque de pisos. Desde ACP en Málaga estamos trabajando con la Junta en este sentido.

–¿Qué le parece la propuesta de los 250 euros para el pago del alquiler de los jóvenes?

–Es una medida que alivia pero me preocupa el medio y largo plazo. ¿Qué ocurrirá en 2-3 años cuando desaparezca la ayuda? Esos jóvenes tendrán que volver a casa de sus padres. Hay que hacer medidas de más calado. Los promotores necesitan seguridad jurídica para poner pisos en alquiler a largo plazo, y estamos en un marco caprichoso, que cambia de precios, que obliga a alquilar a quien la Administración diga, por lo que prefieren vender a alquilar.

–Por sus palabras parece transmitir que el Gobierno va en este tema en el sentido contrario de lo que se debería hacer.

–Sí, totalmente, es justo lo contrario. Lo más grave es que se pretenda obligar a destinar el 30% para pisos de protección en alquiler, porque hará que suban todavía más los precios.