Naves que pasan a ser viviendas o piscinas enmascaradas como albercas: investigan a 60 personas por delitos urbanísticos en Málaga

Entre las personas investigadas, se encuentran promotores, constructores y técnicos directores por supuestos delitos contra la ordenación del territorio, por su implicación en la ejecución de obras no legalizables en suelo rústico en varios municipios de la provincia. En concreto, fuentes del Instituto Armado han informado este jueves que las actuaciones se han desarrollado en Mijas, Málaga capital, Antequera, Torrox, Rincón de la Victoria, Coín, Cortes de la Frontera, Estepona, Marbella, Ronda, Nerja y Vélez-Málaga, entre otros municipios malagueños.

Los agentes observaron la supuesta comisión de 58 delitos urbanísticos y las diligencias instruidas han sido remitidas a la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga. Asimismo, han realizado 166 inspecciones en todas las comarcas de la provincia, detectándose 254 infracciones administrativas, principalmente por carecer de licencia urbanística, no ajustarse al proyecto y/o a la licencia o movimiento de tierras, entre otras causas.

Las denuncias han sido remitidas a los respectivos ayuntamientos, quienes ostentan las competencias en materia territorial y urbanística y para la realización de los expedientes sancionadores, según han apuntado desde la Benemérita en un comunicado.

De las actuaciones realizadas que atentan contra el suelo, los agentes han destacado, principalmente, la construcción ilegal de viviendas unifamiliares en suelo rústico, en algunos casos en espacios protegidos; la instalación ilegal de casas prefabricadas con fines residenciales; la construcción de piscinas enmascaradas como albercas de riego; la construcción de barbacoas con fines recreativos sin justificación o la construcción de naves de aperos y su posterior cambio de uso en una vivienda residencial.

Durante la investigación se ha contado con la colaboración de los Servicios de Inspección de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, así como de los Servicios Técnicos de los ayuntamientos implicados, los cuales han certificado la clasificación de los suelos y la ilegalidad de las construcciones y edificaciones.