La Junta dice que los municipios de la Axarquía tienen que ahorrar un 20% de agua y que «cada cual elige cómo»

Ante este panorama, son muchos los vecinos, empresarios y visitantes que se preguntan en estos días de canícula porqué en unos municipios se cortan las duchas de las playas y en otros vecinos no se hace, y lo que es aún más grave, porqué hay cortes nocturnos en unos sitios y justo al lado no. La delegada de la Administración regional en Málaga, Patricia Navarro, ha salido al paso de estas quejas y ha remitido a «la autonomía local de cada ayuntamiento y a la libertad municipal», eso sí, siempre y cuando cumplan con los recortes de las dotaciones para el abastecimiento estipuladas en el último comité de gestión, celebrado a mediados del pasado junio.

En concreto, los 31 municipios de la Axarquía tienen que reducir en un 20% su consumo, mientras que en el resto de la provincia y en la capital esta cifra se reduce al 10% con respecto a hace un año. «Cada cual elige dónde tiene los mayores consumos y dónde y cómo puede ahorrar ese 20% en la Axarquía y el 10% en el resto de la provincia», ha manifestado este lunes la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, a preguntas de este periódico, en una rueda de prensa que ha ofrecido en el salón de plenos del Ayuntamiento de Nerja, junto al alcalde de la localidad costera más oriental de la provincia, José Alberto Armijo (PP).

Cuestionada acerca de la posibilidad de que la situación geográfica de Vélez-Málaga, en el centro de la comarca oriental, lo que hace que los trasvases que se están realizando desde el río Chíllar de Nerja y desde la capital malagueña estén beneficiando más a los municipios más cercanos a ellos, como Rincón de la Victoria, Torrox y Algarrobo, y perjudicando a la capital comarcal, Navarro ha insistido en que las normas «son muy claras en ese decreto». «Los trasvases y las transferencias están para que puedan llegar a todos los municipios, no es algo que esté al albur de lo que cada ayuntamiento pueda o quiera pinchar», ha manifestado.

Así, la delegada de la Junta ha sostenido que si a Vélez-Málaga «no llegara el agua que le tiene que llegar, lo tendría que haber comunicado, y no es el caso, no nos constan quejas en ese sentido», ha puntualizado. Navarro ha reiterado que el criterio general está, «es lo que hace la Junta, decir cuál es la aportación que deben blindar los municipios para que no tengamos problemas mayores a partir de septiembre», ha argumentado la máxima dirigente andaluza en la provincia, quien ha reiterado que en el marco de esa autonomía local, «cada ayuntamiento elige y decide cómo se ahorra ese 10 ó 20% de agua potable».

Por otro lado, cuestionada acerca del proyecto de la desaladora de la Axarquía, Navarro no ha concretado si la iniciativa puesta en marcha por la Junta hace ahora un año para otorgar a una empresa privada una concesión para construir una planta en Vélez-Málaga, con capacidad para generar hasta 37,5 hectómetros cúbicos, continúa hacia adelante o se aparca definitivamente tras el anuncio del Gobierno central de aportar cien millones de euros para construir una desaladora en la comarca oriental.

«No se descarta nada, se está estudiando qué modelo se pone en marcha, cuál es el que garantiza el abastecimiento y el riego», ha manifestado Patricia Navarro, para quien el escenario ha cambiado en las últimas semanas, «ya que entra un actor nuevo, hay que darle participación y esto ha hecho que se ralentice ese plazo que nos dimos inicialmente». La delegada de la Junta ha recordado que la pasada semana la consejera del Agua, Carmen Crespo, se reunió con el Ministerio para la Transición Ecológica, «que ha quedado en estudiar esos proyectos y ha manifestado su interés por financiar esas obras, teniendo en cuenta los proyectos de la iniciativa privada», ha puntualizado.

Cabe recordar que el pasado mes de mayo, en plena campaña electoral, el presidente andaluz, Juanma Moreno, en un acto electoral en Torre del Mar, apostó porque se construyan dos desaladoras en la Axarquía, una privada y otra pública. Así, Moreno se comprometió a que la privada se adjudicaría antes de final de junio. Hay tres empresas interesadas en su ejecución: Aciona, Magtel y la alianza formada por Trops, Grupo Cobra y la Universidad de Málaga.