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La inacción e incluso la desidia histórica de las administraciones públicas a la hora de garantizar el vertido cero de aguas residuales tiene un alto coste ambiental, pero también económico. Y más que considerable. Sólo en la provincia de Málaga, las arcas públicas, y por ... tanto el contribuyente, deben afrontar un desembolso anual de 4,46 millones de euros correspondientes a la multa que la UE impuso a España en julio de 2008 por tres grandes núcleos de población que aún siguen sin tratar sus aguas fecales: Coín, Alhaurín el Grande y Nerja. Aquella sentencia histórica que sacaba las vergüenzas de 17 aglomeraciones urbanas del país se remonta a 2011, aunque la condena se materializó siete años después, una vez que la Comisión Europea se cansó de esperar en vista del «deficiente progreso registrado». En esa lista negra también figuraban Estepona y parte de Marbella, pero cuando fue impuesta la sanción la ampliación de la planta de Guadalmansa y los colectores de San Pedro Alcántara ya estaban operativos. Por ello, se escapa de la multa por retraso, pero no de los 738.290,98 euros de partida.
Entre los cuatro expedientes, el importe acumulado hasta la fecha asciende a 10,61 millones, de los que 5,11 corresponden a los dos proyectos responsabilidad del Estado (Estepona y Nerja) y los 5,49 restantes a las dos actuaciones dependientes de la Junta de Andalucía (Coín y Alhaurín el Grande). Y podría ser peor, ya que en ese proceso judicial no entró Cártama, que es el cuarto gran municipio malagueño sin saneamiento integral, porque la condena era por incumplir la normativa comunitaria que fijaba 2001 como fecha tope para que poblaciones de más de 15.000 habitantes trataran sus vertidos. Entonces, Cártama tenía 13.400, la mitad que ahora.
En el conjunto del país, la sanción fue de 12 millones, más otros 10,35 por cada semestre de incumplimientos desde la notificación de la resolución. El Estado ya ha abonado a la Comisión Europea 32,7 millones (la sanción inicial más el periodo comprendido entre julio de 2018 y julio de 2019), a los que habría que sumar otros 20,6 millones por el segundo semestre de 2019 y el primero de 2020.
En lo que afecta a la provincia, la Administración estatal ha pagado los primeros 6,1 millones, aunque le reclama su parte a la Junta. Según el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 10 de marzo, la factura que deriva a las arcas andaluzas es de 3 millones (1,53 por Alhaurín y 1,47 por Coín). Y seguirá aumentando hasta que entre en servicio la depuradora metropolitana de Málaga, que recibirá el caudal de Alhaurín el Grande y Cártama y cuya puesta en marcha no se espera para antes de 2024. Hasta entonces, el 'extra' es de 634.320,36 euros por semestre. A día de hoy, el total entre la primera multa y los dos años transcurridos es de 2,8 millones.
Antes se resolverá Coín. Si no surgen nuevos inconvenientes, la localidad quedará este otoño conectada a la depuradora del bajo Guadalhorce, que desde abril de 2019 da cobertura a Álora y Pizarra. También debía conectar con Coín, pero la tromba de octubre de 2018 se llevó por delante los colectores. El problema es que la reposición no comenzó hasta el pasado mayo. Según el reparto del Gobierno central en función de la población afectada en cada aglomeración, a los 257.936,30 euros iniciales por la falta de depuración en Coín hay que añadir 607.481,06 por cada semestre. En total, 2,68 millones al cierre del pasado julio.
Más flagrante resulta el caso de Nerja, la única localidad costera que vierte al mar su carga contaminante. La construcción de la depuradora arrancó en enero de 2014, pero a día de hoy sigue sin estar operativa. Cada semestre de más supone 989.298 euros. Y la cuenta va ya por 4,3 millones.
Situación actual: Las obras de la depuradora, impulsadas por el Gobierno central, comenzaron en 2014 pero ha sufrido varios parones. Ya está casi lista, a falta de la conexión eléctrica para poder empezar a funcionar.
Multa: 4,37 millones de euros cuesta hasta la fecha la falta de depuración en Nerja, 420.055 correspondientes a la multa a tanto alzado de julio de 2018 y el resto, a razón de los 989.298 euros de multa coercitiva por cada semestre de retraso.
Situación actual: Las aguas de Alhaurín el Grande, al igual que las de Cártama (no entra en la sanción porque en 2001 no llegaba a 15.000 habitantes) serán tratadas en la futura estación Málaga Norte (Junta). No estará hasta 2024.
Multa: 2,8 millones de euros en multas lleva acumulados el expediente de Alhaurín el Grande, de los que 269.332 proceden de la penalización inicial y el resto de los 634.320 euros de recargo por cada semestre de incumplimiento.
Situación actual: Las aguas de Coín deberían estar siendo tratadas desde abril de 2019 en la estación del bajo Guadalhorce levantada por la Junta, pero una tromba en 2018 arrasó las canalizaciones. Su reposición acabará este otoño.
Multa: 2,68 millones de euros lleva costados el punto negro de Coín. De esa cuantía, 257.936 euros son por la multa a tanto alzado impuesta por la UE en julio de 2018, a los que hay que sumar 607.481 euros por cada semestre de retraso.
Situación actual: La ampliación de la depuradora de Guadalmansa, financiada por el Estado, concluyó en 2017 para dar cobertura a Estepona, varias zonas de Marbella (San Pedro o Nueva Andalucía), Istán y Benahavís.
Multa: 738.290 euros por la falta de depuración en zonas de Estepona y San Pedro. El importe de la multa se ciñe al periodo comprendido entre la sentencia del Tribunal Europeo de abril de 2011 hasta finales de 2016, ya con la obra acabada.
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