Empleo público

Muface, en el alambre: hablan funcionarios afectados

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública informó la semana pasada a través de una nota de prensa de que incluso si el proceso se demora más allá de la fecha de vencimiento del contrato actual, «se garantizará la continuidad de las prestaciones sanitarias con arreglo a los mecanismos previstos en la Ley de Contratos del sector público». Esto significa, según fuentes ministeriales, que hasta que haya una nueva licitación, esa normativa cuenta con mecanismos para que todos los mutualistas disfruten de las mismas prestaciones que tienen hasta el momento.

Pero, según el testimonio de Sergio Fernández, la compañía aseguradora que le presta a él la atención sanitaria, DKV, le ha informado de que el próximo 31 de euro se acaba su cobertura. Así que califica su situación como de «incertidumbre brutal»; «a partir de enero no puedo hacer nada y es mi salud». Teme que si le pasan a la Seguridad Social, con lo «saturada» que está, y partiendo de cero, tendrá que esperar turno con el especialista para que le realice el diagnóstico con las pruebas pertinentes y, a continuación, le pongan el tratamiento correspondiente. Eso supone perder mucho tiempo. Lo mismo teme que puede suceder si, por ejemplo, DKV no va a la nueva licitación del Gobierno y le pasan con otra aseguradora privada: ¿Le darían cita cuando lo necesitara?. No es seguro que le puedan pasar el historial de una compañía a otra, sea pública o privada. Teme, por tanto, un deterioro de mi salud: «Todos estamos de los nervios. Estamos desconcertados. Yo en diciembre ya tendría que estar pidiendo las citas de febrero o marzo». Está inquieto porque aunque las aseguradoras concurran al concurso, dice que el proceso se demorará: entramos en unas fechas muy malas, la Navidad, el fin de año, ¿le dará tiempo a organizar las recetas que necesita y las consultas que requiere?

Alicia F. L., de 46 años, es Policía Nacional. Lleva desde 2007 bajo el esquema de Muface, atendida por DKV. «Mi madre falleció de cáncer de mama. Se hizo la prueba genética y se descubrió que tenía el gen mutado de cáncer y luego nos la hicimos todos los hermanos y yo di positivo. Así que decidí extirparme los pechos y luego reconstruirlos», explica. «Cuando tienes un hijo, quieres estar bien para él. Y por eso me hice esas dos operaciones. Fue un año muy complicado. Y ahora voy cada seis meses a revisiones con mi ginecóloga de toda la vida. Si se cayera Muface, entonces tendría que empezar de nuevo porque no tendrían mi historial. Además, ¿en la Seguridad Social tendría revisiones cada medio año como ahora?, ¿tendría esa certeza?, ¿me lo garantizarían? Porque aunque me han extirpado los pechos, el riesgo de cáncer no ha desaparecido», explica Alicia.

A la atención sanitaria que requiere ella misma se suma el problema que ahora afecta a su hijo: tiene once años y hace tres empezó a tener dolores en la mano derecha. A partir de esos síntomas, desde el servicio de traumatología comenzó a someterse a pruebas como TAC, resonancias con contraste… hasta que se le descubrió un ganglio entre los tendones. Como es un niño, han decidido no operarlo aún, para ver cómo se va desarrollando la cuestión a medida que va creciendo. Pero tiene que ir a revisiones periódicas. El temor de Alicia respecto a la salud del niño es el mismo que siente por la suya: «Además de que en la aseguradora ya tienen nuestros historiales y ahora sería todo vuelta a empezar, creo que en la sanidad pública -si es que es la solución que termina aplicándose para la cobertura del colectivo ahora atendido por el sector privado bajo el esquema de Muface-, además, no tendría tanta celeridad a la hora de darnos citas médicas y atención», concluye Alicia.

Antonio Castro tiene 58 años y lleva prácticamente cuatro décadas trabajando en la Jefatura de Tráfico de Málaga. Desde siempre su sanidad y la de su familia ha estado cubierta por Muface, y durante la mayor parte de este tiempo, por la aseguradora Adeslas. «Tenemos mucha incertidumbre y preocupación», comenta. En su caso, por sus familiares que están bajo tratamiento -no sólo los propios trabajadores públicos están cubiertos por Muface, también sus familiares-. Así, por ejemplo, Antonio cuenta que su hijo se ha operado del ligamento cruzado anterior y necesita revisiones periódicas. «Si perdemos la atención de Adeslas porque no vaya a la nueva licitación que prepara el Gobierno, a ver cómo ponemos en antecedentes al nuevo médico que lo tenga que atender», se plantea Castro. También tiene familiares mayores en tratamiento por enfermedad mental: «Éstas son dolencias en las que hay una gran variedad de situaciones y los especialistas que tratan a mi familiar ya conocen su situación, su historial, y cuándo y cómo tienen que subir o bajar el tratamiento. Ahora, si cambian de especialistas a otros que no lo conozcan, va a ser una lotería», asegura Castro.

Este funcionario de Tráfico también pone sobre la mesa otra de las reivindicaciones que el colectivo llevaba realizando en los últimos años: «Últimamente, la atención ya había bajado. La financiación es escasa, lo que ha provocado que los cuadros médicos se hayan reducido y que muchos profesionales hayan dejado la sanidad privada. La situación nunca había sido peor que ahora. Antes de esta incertidumbre, los mutualistas ya estaban preocupados por el deterioro de los servicios. Y el Gobierno debería proteger Muface, porque la financiación de la mutualidad sale más barata que la Seguridad Social. Además, pasar a toda la gente a la sanidad pública es inviable, la llevaría al colapso», concluye Castro.