Un grupo de estudiantes del colegio privado Novaschool Añoreta. MIGUE FERNÁNDEZ

Los centros privados y concertados piden a la Junta que recurra la 'ley Celaá' si llegara a aprobarse

Consideran que la reforma impulsada por la ministra de Educación y FP es un ataque a la libertad de enseñanza

Viernes, 30 de octubre 2020, 13:01

Los centros privados y privados concertados de Andalucía solicitan a la Junta que recurra ante los tribunales la LOMLOE, la Ley Orgánica de Modificación de la Ley de Ordenación Educativa, la reforma que propone la ministra Isabel Celaá, si llega a aprobarse en el Congreso. ... Los más de 500 centros privados y concertados en Andalucía, con 20.000 profesores y 150.000 familias, han mostrado su rechazo a esta reforma.

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Escuelas Católicas de Andalucía, CECE Andalucía, FSIE Andalucía, FEUSO Andalucía, Concapa Andalucía y Fapyma, organizaciones andaluzas integradas en la Plataforma de Concertados, han acordado movilizarse en contra de la LOMLOE. Lo harán en el marco de una gran campaña nacional que bajo el eslogan de 'Más Plurales, Más libres y Más iguales' pretende trasladar a la opinión pública y a los grupos políticos el amplio rechazo social que causa esta reforma.

Patronales, sindicatos y confederaciones de padres de la concertada coinciden en rechazar la LOMLOE, tanto por el momento, como por la forma y, sobre todo, el contenido. Por el momento, porque su tramitación se produce en plena pandemia, entre estados de alarmas, en una situación crítica en lo sanitario y por ende en lo económico. Por la forma, porque esta norma aleja definitivamente la legislación educativa de cualquier posibilidad de consenso y pacto con los actores implicados, a los que ni siquiera se ha llamado para negociar el documento: no es que haya buscado el consenso, es que por primera vez en la historia de la democracia ni siquiera se ha pretendido el diálogo. Pero sobre todo es una ley nefasta por su fondo sectario y excluyente y por su lista de agravios contra la libertad de enseñanza.

La Plataforma andaluza pedirá al Gobierno de Andalucía que la secunde en sus planteamientos y muestre públicamente su rechazo a esta norma, en los términos en los que ahora mismo está planteada. En este sentido, las organizaciones que participan en esta campaña pedirán a la Junta de Andalucía que recurra la norma ante los tribunales si finalmente es aprobada, por lesionar derechos básicos garantizados por la Constitución.

Las 117 enmiendas conjuntas de PSOE y Unidas Podemos (más las 54 de este último partido en solitario) confirman su voluntad de incrementar el número de plazas exclusivamente públicas en todos los niveles educativos, y especialmente en Educación Infantil (0-3 años); acabar con la complementariedad de redes (pública y concertada); suprimir la libertad de elección de las familias como criterio para mantener o reducir aulas; incrementar el control por la Administración del proceso de admisión de alumnos (centralización en una 'caja única'); implantar la distribución forzosa del alumnado sin respetar la voluntad de las familias; reforzar el criterio de zonificación; eliminar progresivamente los centros de Educación Especial; establecer actividades complementarias gratuitas y obligatorias con un posible contenido ideológico al margen del proyecto educativo del centro; suprimir el concierto de los centros de educación diferenciada; imponer valores no consensuados mediante una asignatura específica que parece una reedición de Educación para la Ciudadanía e introducir determinadas líneas transversales (perspectiva e ideología de género, memoria democrática, etcétera), opinan estas organizaciones.

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Frente a esta reforma, los centros, profesores y familias de las concertadas van a iniciar en Andalucía y en toda España una campaña denominada 'Más plurales, más libres y más iguales' con la que pretende conseguir cambios importantes en el proyecto de ley. La campaña se desarrollará siendo conscientes de la situación de pandemia y emergencia sanitaria y por tanto de acuerdo con todas las recomendaciones sanitarias e incluirá actuaciones de movilización en redes sociales, recogida de firmas para el congreso, protestas en los centros, concentraciones ante las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno, etcétera. La Plataforma de Concertados aspira a registrar en el Congreso de los Diputados un mínimo de 300.000 firmas en contra de la LOMLOE.

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