15 pueblos de Málaga tienen un alto riesgo de despoblación

El estudio, al que accedió este periódico, analiza la tendencia del comportamiento de la población entre 2019 y 2023 y hace un diagnóstico sobre la situación para el periodo hasta 2027 –cuando concluya el actual mandato de las corporaciones locales– revelando que hay 45 localidades en peligro de despoblamiento, aunque en distinto grado. Así hay quince que se encuentran en un riesgo muy alto, apareciendo en el informe marcados en rojo y, en consecuencia, requieren una prioridad «muy alta» para llevar a cabo medidas y actuaciones enfocadas a paliar los efectos de la despoblación; un total de diecinueve están en riesgo elevado (nivel naranja), y el resto en riesgo moderado (nivel amarillo).

Los que aparecen en rojo son los municipios que han perdido población anualmente desde 2019, los que han caído en habitantes en los dos últimos años y lo que han perdido residentes en 2023 pero su población no supera los 1.000 habitantes. El ranking lo encabezan tres localidades de la comarca norte (Nororma) como Cuevas Bajas, Villanueva de Algaidas y Villanueva de Tapia. De la Serranía de Ronda hay seis municipios –Benaoján, Serrato, Cartajima, Benadalid, Jimera de Líbar y Júzca–; tres son de la Sierra de las Nieves (Alozaina, El Burgo y Yunquera); dos de la Axarquía (Moclinejo y Árchez) y uno del Valle del Guadalhorce –Valle de Abdalajís–.

Entre los de prioridad moderada hay cuatro municipios de más de 1.000 habitantes que han perdido población en el último año (Teba, Cuevas del Becerro, La Viñuela y Gaucín); nueve de ellos son localidades que entre 2019 y 2023 han perdido residentes en años alternos con una tasa poblacional negativa en el mismo periodo (Almargen, Cañete la Real, Alfarnate, El Borge, Cómpeta, Cútar, Benarrabá, Cortes de la Frontera y Pujerra); mientras que los seis restantes son pueblos que no cumplen ninguno de los dos criterios anteriores pero tienen una población de menos de 500 habitantes (Alfarnate, Alpandeire, Benalauría, Faraján, Genalguacil y Salares).

En el tercer escalón, los de nivel amarillo, se encuentran once localidades, que presentan una casuística diferente. Carratraca, Igualeja, Jubrique y Montejaque están incluidas en este rango porque aunque no cumplen ninguno de los criterios de los niveles anteriores e incluso su tasa poblacional entre 2019 y 2023 están en verde son localidades que tienen entre 500 y 1.000 habitantes; lo mismo le ocurre a Atajate y Parauta, aunque estos municipios están por debajo del medio millar de residentes. Las últimas cinco localidades tienen más de 3.000 habitantes y se incluyen en el ranking debido a que por su evolución demográfica se considera «necesario prestar especial atención y vigilancia», según el estudio. Se trata de Campillos, Archidona, Alameda, Arriate y Ronda.

El caso más llamativo es el de la capital de la Serranía. Ronda es el único municipio de más de 20.000 habitantes incluido en el informe ya que su población se ha estancado en el entorno de los 33.400 residentes con una evolución negativa entre 2019 a 2023. En ese periodo las cuatro localidades que, según el estudio, «peor evolución» mostraron fueron Cuevas Bajas, Villanueva de Algaidas, Villanueva de Tapia y la Ciudad del Tajo.

Desde el equipo de gobierno del PP en la Diputación, la vicepresidenta tercera y responsable de Innovación Social y Despoblamiento, Antonia Ledesma, explicó que este informe es fruto de las reuniones que de forma transversal han celebrado las diferentes áreas de la institución y sus conclusiones son un diagnóstico para establecer las prioridades donde se debe actuar para frenar las pérdidas de población.

En este sentido, Ledesma puso el acento en las actuaciones que se están desarrollando en materia de coordinación institucional con la Junta y los ayuntamientos y apuntó que un reto, que no es competencia de la Diputación, es que haya una fiscalidad diferenciada para favorecer la inversión porque «no puede pagar lo mismo quien abra un negocio en la capital que en Gaucín».

Además, destacó la puesta en valor de las oportunidades de los municipios (calidad de vida, seguridad, naturaleza); el impulso de una nueva economía rural en sectores como la ecoagricultura, las energías renovables o las actividades centradas en el cuidado de los mayores; la lucha contra la exclusión financiera y la brecha digital con programas de información y asesoramiento; la mejora de la movilidad y, relacionado con ello, las posibilidades que ofrecen los pueblos con una vivienda a precios más asequibles que en las grandes ciudades; y el impulso a la identidad y el orgullo rural.

El portavoz del PSOE en la Diputación, Josele González, calificó de «muy preocupantes» los datos del informe y denunció que desde que el PP está al frente de la Diputación la provincia tiene «menos cohesión e igualdad territorial». «Es la consecuencia de que la Diputación con el PP haya dejado de ser una institución al servicio de los pueblos para convertirse en una administración que destina inversiones millonarias a los grandes municipios, gobernados todos por el propio PP. Urge que la Diputación recupere su verdadera razón de ser y el motivo que explica su existencia: la asistencia y la atención a los pequeños municipios, que son precisamente los que están sufriendo este fenómeno de la despoblación», afirmó González a preguntas de SUR, al tiempo que reclamó la puesta en marcha de una estrategia provincial contra la despoblación.