Estas son las 11 medidas de seguridad que exige el Sindicato Médico de Málaga

Lista de medidas

1. 1

   La implantación de la figura del vigilante de seguridad en todos los centros asistenciales, al igual que en cualquier oficina de la Administración pública. Empezando por los centros con puntos de urgencias 24 horas, centros con mayor incidencia de agresiones, y centros que atienden zonas con necesidad de transformación social.

2. 2

   Aumentar el sistema de cámaras de videovigilancia, extendiéndolo a todos los centros sanitarios y con ubicación también en salas de espera, no sólo vigilando la entrada del centro de salud.

3. 3

   Habilitar en todas las consultas una vía de escape rápida y eficaz.

4. 4

   Permitir en el programa DIRAYA un icono o una señal de alarma, que sirva como advertencia a los profesionales si el paciente es agresor, dado que en algunos casos son reincidentes.

5. 5

   Incluir una memoria económica de las inversiones a realizar de cara a la prevención de estas situaciones.

6. 6

   Exigir a los cargos intermedios formación en el plan de prevención.

7. 7

   Recordar a los trabajadores que deben comunicar a la UPRL todas las agresiones que se produzcan, de la naturaleza que sean. Y rellenar siempre el CATI. Facilitar el sistema de comunicación de dichas agresiones.

8. 8

   Personación de la Administración como acusación de oficio. (La Dirección Gerencia de la que dependa el profesional debería llevar a cabo la denuncia judicial de oficio por los servicios jurídicos del SAS).

9. 9

   Desarrollar la normativa mediante la cual la Administración sanitaria proponga al órgano competente, el establecimiento de un régimen sancionador para los agresores, usuarios del SSPA, con sanciones económicas proporcionadas al daño causado.

10. 10

    Crear la figura del responsable de Seguridad en hospitales y distritos.

11. 11

    Desarrollar un proyecto de Ley de Autoridad de Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, en el que se haga una Equiparación del personal facultativo a jueces y policías como agentes de la autoridad a efectos de condenas por agresiones.