Cae una de las mayores redes de tráfico de hachís con 'guarderías' en Málaga

Posteriormente la mercancía era trasladada a Madrid en vehículos con habitáculos para ocultar la droga conocidos como 'caletas' y se guardaban en dos viviendas situadas en las localidades de Pozuelo de Alarcón y de Manzanares el Real. Desde aquí, se distribuía a distintos puntos de la capital española y el resto del territorio nacional, principalmente a la zona norte.

Según un comunicado de la Policía Nacional, la estructura de este grupo criminal estaba perfectamente organizada y además adoptaban numerosas medidas de seguridad, tantas que los componentes de una rama de la red desconocían la identidad de otros miembros. Así, evitaban que en caso de que fuesen detectados no se desarticulase todo el entramado.

Además los transportistas nunca llegaban en persona, ni al punto de carga ni de descarga sino que eran citados en un lugar alejado donde se les recogía el vehículo, dejando al conductor esperando mientras se lo llenaban o se lo vaciaban para devolvérselo instantes después. De este modo evitaban que estos integrantes conociesen el lugar de almacenamiento de la mercancía y asegurándola en caso de que se produjese una detención policial imprevista.

Otra medida de seguridad utilizada por este grupo criminal consistía en emplear en los traslados una lanzadera de seguridad consistente en un vehículo que circulase por delante para alertar al transportista de cualquier control policial.

Los investigadores realizaron varios registros en domicilios de toda España, aunque los dos principales se encontraban en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Málaga, respectivamente. En ellos, los agentes intervinieron 550 kilos de hachís, 100.000 euros en efectivo, una pistola real y otra simulada, 3.000 litros de gasolina para las lanchas, doce turismos, dos motocicletas y demás útiles para la elaboración y distribución de la sustancia estupefaciente.

La operación policial culminó con la detención de 27 personas que pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntas responsables de los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas.

La investigación continúa abierta ya que se trata de localizar a algunos de sus mayores compradores así como clientes que eran a su vez vendedores al por menor.