Málaga se vuelca con la llegada de cientos de refugiados ucranianos que huyen de la guerra

Málaga se prepara para acoger a un número aún indeterminado de refugiados ucranianos que huyen de la guerra desatada por la invasión rusa. La decisión de la Unión Europea de conceder permisos temporales de residencia a estos exiliados tendrá un impacto especial sobre la provincia, la tercera de España con mayor número de ucranianos censados, unos 11.400, sólo por detrás de Madrid y Barcelona y prácticamente igualada con Alicante.

Las asociaciones dedicadas a la acogida de refugiados calculan que en los próximos días llegarán «cientos» de personas procedentes de Ucrania, aunque otras estimaciones apuntan más alto. «Creemos que se desbordarán todas las previsiones», adelanta Ruth Sarabia, concejala de Migración del Ayuntamiento de Málaga. Con la posibilidad del colapso del tejido asociativo y sus recursos sobre la mesa, el reto consiste ahora en ampliar la red de acogida de la provincia, que antes del ataque ruso ya registraba un elevado porcentaje de ocupación por parte de refugiados de diferentes conflictos y crisis humanitarias.

Ayer, entrada la noche, llegaron a Málaga cerca de 50 refugiados procedentes de uno de los campamentos de Cracovia y trasladados en un autobús fletado por Vicente Jiménez, coleccionista local cuyo hijo nació en Ucrania. En su mayoría son mujeres y niños, ya a salvo tras varios días de viaje por carretera pero con el miedo aún cosido en las caras. Primero les dieron algo de cenar en La Noria, el centro de innovación social perteneciente a la Diputación, y luego fueron alojados en hostales y pisos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que se encarga del programa de primera acogida. No fue necesario ubicarlos en La Noria, que cuenta con 25 camas de las que 15 permanecen ocupadas por estudiantes atrapados que no pueden volver a su país y personas que escaparon con lo puesto y consiguieron acceder a España mediante la ayuda de amigos y familiares, antes de contactar con la Diputación a través del Consulado.

«Están conmocionados», confiesa Resurrección Hernández, directora de La Noria: «Han visto de cerca la muerte. Muchos todavía tienen familia allí y temen lo peor». Ahora tratan de digerir el trauma y normalizar la situación para no asustar a los más pequeños. «Hay tres niños», explica Hernández: «Las madres intentan quitar hierro al asunto, jugar con ellos, pero no pueden evitar estar pegadas al móvil, siguiendo las noticias. Son todos muy educados y respetuosos, piden por favor cualquier cosa. Hasta la comida». Se comunican con el traductor automático de los teléfonos y con la ayuda de voluntarios que hablan ucraniano.

En CEAR están acostumbrados a estos casos: «Son personas que hasta hace poco tenían una vida parecida a la nuestra y ahora han tenido que huir de un país en guerra». En Málaga disponen de medio millar de plazas públicas financiadas por el Ministerio de Migraciones. La mayoría ya están ocupadas. Por eso negocian la ampliación de su red, consistente en un acogimiento inmediato, normalmente en hostales, y una reubicación posterior en pisos de acogida, como explica Francisco Cansino, coordinador territorial de CEAR en Andalucía oriental: «El objetivo es que nadie se quede fuera del sistema».

Desde Accem, otra de las organizaciones sin ánimo de lucro especializadas en la atención de refugiados y vinculadas al sistema de protección internacional del Gobierno, explican que la ayuda podrá prolongarse durante 18 meses, 24 en caso de que el Ministerio acuerde la excepcionalidad concedida a algunos colectivos vulnerables. «El reto es conseguir una integración plena de las familias. El servicio incluye enseñanza del idioma, orientación laboral, atención psicológica... Primero intentamos que consigan independencia económica y luego, cuando salen de los pisos de acogida, podrán recibir ayudas para el alquiler», detalla Cristina Rodríguez, responsable provincial de Accem.

En Cruz Roja recuerdan que la amplia comunidad ucraniana de la provincia puede amortiguar la presión sobre las asociaciones. «Muchos refugiados serán acogidos por sus familiares, pero la experiencia nos dice que esa ayuda suele tener un límite y, pasado un tiempo, llaman a la puerta de las organizaciones y hay que estar preparados», insiste Miguel Domingo García, director autonómico de Comunicación. Aunque el Gobierno alojará de forma exprés a los refugiados ucranianos, sin necesidad de atravesar una odisea administrativa que normalmente se prolonga entre cuatro meses y tres años, para seguir acogidos tendrán que formalizar la solicitud de protección internacional. Lo harán en una provincia que los recibe con los brazos abiertos.

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