Los VTC en Málaga: en máximos históricos pero a ocho meses de dejar de operar en las ciudades

Un repunte que se mantiene pese a que estos vehículos tendrán que dejar de realizar trayectos urbanos si el próximo mes de octubre sigue sin haber en Andalucía una norma autonómica que regule su actividad. Si nada cambia, la autorizaciones pasarán a ser únicamente interurbanas (sólo podrán cubrir carreras entre distintos municipios), en cumplimiento del decreto del Gobierno central aprobado en 2018.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Transportes, a día de hoy son 2.304 las licencias activas, 420 más que hace justo un año. En números absolutos sólo ha sumado más autorizaciones Barcelona (447, para un total de 2.773), mientras en términos porcentuales el incremento del 22,9% en Málaga únicamente lo superan Baleares (98,5%) y Valencia (25,9%) pero con el matiz de que su parque móvil es muy inferior con 415 y 204 VTC, respectivamente. Siguiendo con las comparaciones, Madrid sigue a la cabeza con 8.421 autorizaciones tras ganar otras 112 en el último año, mientras Sevilla hay un total de 455 (33 más).

Dado que en suelo malagueño hay 2.740 taxis censados según el Instituto Nacional de Estadística (las tablas del Ministerio de Transportes sólo recogen los 2.697 que tienen autorización para prestar servicios interurbanos), la realidad es que en la provincia hay 1 VTC por cada 1,2 taxis, la ratio más baja del país por delante incluso de Madrid (1/2) y Barcelona (1/4). Sin embargo, si se tiene en cuenta que el territorio donde concentran la mayor parte de su actividad es la Costa del Sol occidental, la equiparación es ya una realidad puesto que en la franja comprendida entre la capital y Marbella hay 2.250 taxis.

A esta concentración, que no se da en otros destinos turísticos, se suma otra cuestión, y es que en Andalucía hay otras 978 licencias (455 en Sevilla, 183 en Granada, 124 en Cádiz ó 94 en Almería) que pueden operar con plena libertad por toda la geografía regional, siempre que lo hagan previa contratación. Del mismo modo, las otras 14.650 que hay autorizadas en el resto del país también pueden trabajar en otras comunidades siempre que no rebasen el 20% de la facturación por trimestre.

Pese a este auge, lo cierto es que el fulgurante negocio que estas multinacionales mantienen en el sector de los VTC puede tener los días contados, ya que sobre ellos planea la amenaza de dejar de prestar servicio en las ciudades en unos meses. El próximo 1 de octubre de expira el plazo que en 2018 concedió el Gobierno central a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para que regulen la actividad de este servicio de transporte, momento a partir del cual todas las licencias de VTC pasarán a ser interurbanas, por lo que para seguir realizando trayectos urbanos deberán adaptarse a las respectivas normativas regionales y municipales. Y ni la Junta de Andalucía ni los ayuntamientos de la provincia han movido ficha de momento.

A nivel autonómico, la Consejería de Fomento lleva años trabajando en un marco regulatorio, pero no acaba de concretarse. Mientras, las asociaciones del sector (Unauto y Aseval) presionan para garantizar la viabilidad de las 3.282 autorizaciones vigentes en la región. Exigen una regulación, pero no están dispuestos a aceptar la imposición de que la precontratación (única forma en la que estos vehículos pueden operar, a diferencia del taxi que puede captar clientes en la vía pública) se tenga que realizar con un determinado tiempo de antelación, que es precisamente lo que el taxi reclama para los VTC.

De momento, en el Ejecutivo andaluz siguen sin concretar cómo pretenden satisfacer las demandas de los VTC sin entrar en conflicto con los taxistas. En la búsqueda de ese equilibrio entre ambos servicios mejorando la competitividad del taxi y limitando la actividad de los VTC, en febrero del año pasado entró en vigor del decreto de modernización del taxi que, entre otras medidas, contempla la posibilidad de compartir vehículo o la contratación a precio cerrado para que el cliente sepa de antemano cuánto le va a costar el trayecto. Sin embargo, la regulación de los VTC sigue en punto muerto debido a la falta de consenso y, fundamentalmente, por las dudas jurídicas que tienen en la Junta a la hora de aplicar unas restricciones que podrían acabar en los juzgados.