La fotografía que la pasada semana dejaron en la Subdelegación del Gobierno de Málaga los representantes de las distintas administraciones públicas (estatal, autonómica, provincial y local, gobernadas por diferentes partidos) de unidad respecto al proyecto del tren litoral y la búsqueda de soluciones a la ... movilidad en la provincia evidenció que cuando hay voluntad política se pueden llegar a acuerdos. Frente a esa imagen de consenso, la confrontación partidista no cesa y después de unos meses donde la diana del rifirrafe fue el tren de la Costa del Sol, ahora el arma arrojadiza es la vivienda. Un asunto que ya protagonizó la campaña de las elecciones municipales de mayo de 2023 y vuelve con fuerza al haberse convertido en uno de las principales preocupaciones ciudadanas como demostró la multitudinaria manifestación celebrada en la capital a finales de junio o los datos del barómetro del Centro de Estudios Andaluces (Centra) publicados ayer.
En estos días, los partidos usan la vivienda como ariete para atacar a aquellas instituciones donde no gobiernan, en una estrategia donde detrás late, asimismo, un intenso pulso ideológico entre el proteccionismo y el liberalismo, todo ello sazonado con los efectos que el turismo tiene en el ámbito de la vivienda.
En este sentido, desde el PSOE, sus líderes en Andalucía y Málaga, Juan Espadas y Dani Pérez, respectivamente, coincidieron este lunes en acusar al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, de «no hacer absolutamente nada» para buscar soluciones a la crisis habitacional. Unas declaraciones aún marcadas por la afirmación del regidor de la capital en este periódico el pasado domingo donde sostuvo que «no expulsamos a nadie, pero tener que irse a vivir fuera de Málaga tiene una importancia relativa» y propuso el área metropolitana como una de las soluciones a la crisis de la vivienda si hay una buena movilidad.
«La ley de la jungla»
«Cuando no se hace nada por parte de los responsables públicos, es la ley de la jungla, vence la especulación, el dinero y el negocio y pierden los vecinos», afirmó Espadas durante una visita al barrio de Huelin de la capital para denunciar los problemas de la vivienda y de la sanidad pública en Andalucía y donde recordó que Moreno prometió en 2018 realizar 40.000 viviendas y su balance es de «apenas 1.000». Mientras que Pérez calificó a De la Torre como «un alcalde insensible que invita a la gente a que se vaya de Málaga, con medidas que no sirven para nada» y que ha llevado a un «éxodo» en los últimos años de «más de 30.000 malagueños».
El secretario general de los socialistas andaluces mostró su preocupación por la inacción de la Junta ante la situación de la vivienda y advirtió de que no va a haber viviendas para alquilar a un precio razonable «si no paramos definitivamente el crecimiento de los alojamientos turísticos». Por ello, Juan Espadas emplazó a Juanma Moreno a acogerse a la Ley de Vivienda estatal y tome decisiones «construyendo viviendas, ejecutando los presupuestos y limitando los precios de alquiler, además de la declaración de ciudades tensionadas como Málaga».
Ciudad tensionada
Una solicitud, la de declarar a Málaga como ciudad tensionada, a la que se sumó Dani Pérez, quien recordó que esa petición también la hizo la pasada semana la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante una visita a la capital. Además, el líder de los socialistas malagueños –del que Espadas destacó hace unos días en una reunión interna del PSOE, que fue de los primeros en advertir la problemática sobre la vivienda– animó a De la Torre a tomar «medidas valientes» en materia de alojamientos turísticos como está haciendo el alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, que apuesta por prohibir los pisos turísticos.
En esta línea y cuando se cumple el ecuador del segundo mandato de Juanma Moreno, la coordinadora provincial de IU, Toni Morillas, hizo un balance que en materia de vivienda resumió en que el presidente de la Junta «torpedea el derecho de los malagueños» a acceder a un piso. Así sostuvo que el gobierno andaluz del PP es «permisivo con el incremento de las viviendas turísticas, se niega a aplicar la ley estatal de la vivienda, para declarar zonas tensionadas y poder fijar tope al precio de los alquileres y tiene una inexistente política de VPO ya que no ha construido ninguna en Málaga en lo que va de mandato».
En este debate, desde las filas populares la diana se pone en el Gobierno central. El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, recordó que los precios, entre ellos el de la vivienda, han subido «más que nunca» desde que Pedro Sánchez es presidente e incidió en «el fracaso» de la Ley de Vivienda estatal y los «efectos negativos constatados que se traducen en el encarecimiento de los precios de alquiler y compra, y que hace que muchos propietarios tengan miedo a poner sus casas en alquiler de larga duración porque les deja desprotegidos ante la okupación».
Carmona reclamó revisar el marco fiscal que grava a la vivienda y se preguntó «dónde están las 10.000 viviendas que anunció el PSOE de Málaga en campaña o las 420.000 que Sánchez ha prometido desde 2018». Al tiempo que puso en valor las medidas fiscales y de ayudas puestas en marcha por la Junta para facilitar el acceso a un piso.
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