La UE amenaza a España con nuevas sanciones por la falta de depuración en el Guadalhorce

Y si en el primer procedimiento de infracción Málaga aportaba cuatro zonas de vertidos (Coín, Alhaurín el Grande, Nerja y Estepona) que han supuesto hasta la fecha el abono de 11,2 millones de euros (53,3 en el conjunto del país), la provincia también aparece en el segundo. En esa lista negra de 133 aglomeraciones urbanas incluidas en el dictamen motivado que la Comisión Europea ha remitido a España, al que ha tenido acceso este periódico, figura la zona del Bajo Guadalhorce, que englobaría a Álora, Pizarra y Cártama.

Las dos primeras localidades ya depuran sus aguas desde mayo de 2019. Pero no Cártama, cuya carga contaminante será tratada en la planta metropolitana proyectada por la Junta con la previsión de que esté operativa en 2024. En este sentido, conviene aclarar dos cuestiones. La primera, que Cártama no fue incluida en el primer expediente porque en 2001 tenía 13.400 vecinos censados, la mitad que ahora.

Y, en segundo lugar, que el hecho de que parte del problema ya esté resuelto no implica librarse de la posible sanción ya que el incumplimiento se remonta desde el 1 de enero de 2006. Así, con Álora y Pizarra podría suceder como en el caso de Estepona-Marbella, donde en el momento que llegó la sanción (julio de 2018) ya se había resuelto el problema de depuración y únicamente hubo que pagar la multa de 738.000 euros. O el de Coín, donde a la penalización inicial de 257.935 euros a habido que sumarle un recargo de 607.481 por cada semestre hasta que empezó a depurar sus aguas el pasado octubre.

El aviso emitido en febrero de 2020 por el Gobierno comunitario se hizo bajo la fórmula del dictamen motivado, que es el segundo paso de un procedimiento de infracción abierto a finales de 2016. El tercero sería remitir el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), como ya hizo en el anterior expediente que acabó en la citada sanción de 12 millones iniciales más otros 10,35 por cada semestre de incumplimientos. Tras la primera advertencia, España contestó con un informe sobre el estado en el que se encontraba cada proyecto, aunque no satisfizo a la Comisión. «Una evaluación técnica de las respuestas de España muestra que siguen incumpliéndose a gran escala las obligaciones de la directiva, teniendo en cuenta que 133 aglomeraciones urbanas vierten en zonas normales o en zonas sensibles», expresó el Ejecutivo comunitario señalando que «a pesar de algunos avances, no se prevé que España cumpla plenamente sus obligaciones en un futuro próximo» y amenazando con «remitir el asunto» al TJUE.

A raíz de este segundo aviso, el Ministerio para la Transición Ecológica envió el pasado julio un informe actualizado sobre el grado de avance de las actuaciones encaminadas a eliminar estos puntos negros. El documento está siendo analizado por la Comisión, sin que de momento se haya dado el paso de presentar una demanda judicial contra España. Junto al Bajo Guadalhorce, en este listado aparecen tres áreas urbanas de Sevilla y otras localidades andaluzas como Úbeda, La Línea de la Concepción, Morón de la Frontera o Sanlúcar de Barrameda, además de aglomeraciones de capitales como León, San Sebastián, el sur de Madrid, Cáceres, Badajoz, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.