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¿Se imagina que las aguas fecales que generan los residentes de una gran ciudad como Marbella acabaran directamente en el mar sin ningún tipo de tratamiento previo? Pues bien, con la única diferencia de que esos vecinos se encuentran repartidos en hasta 36 pequeños y medianos municipios, eso es lo que ocurre en la provincia de Málaga, donde la carga residual de 130.000 habitantes (habría que sumar la población sin empadronar) se sigue vertiendo a ríos y arroyos sin depurar. Aunque en términos geográficos la falta de saneamiento afecta a un tercio de la provincia, en cuanto a población representan únicamente el 8% de los 1,64 millones de habitantes de la provincia según el último padrón, toda vez que la franja litoral, que es donde residen ocho de cada diez malagueños, hace tiempo que hizo los deberes. Aunque no del todo, ya que arrastra desde hace décadas una asignatura pendiente para aprobar el curso del vertido cero: el sempiterno lunar de Nerja, que sigue siendo el único municipio costero de la provincia sin depuradora.
¿Hasta cuándo? Las obras de la planta de tratamiento, impulsadas por el Gobierno central tras años de espera, arrancaron en enero de 2014 con un plazo de ejecución de dos años y medio pero ha sufrido tantos parones que a día de hoy es una incógnita la fecha de su entrada en servicio. Junto a la capital turística de la Axarquía, el otro gran punto negro está en el río Guadalhorce, mientras el resto de carencias se encuentran en una treintena de pueblos del interior de menos de 5.000 habitantes (comarcas de Antequera, Guadalteba, alta Axarquía, Valle del Genal y Alto Guadiaro), además de distintos núcleos urbanos de grandes localidades como las propias Ronda y Antequera.
Pocos vecinos si se compara con la Costa, pero con el agravante de que a las aguas residuales de los hogares se suman las procedentes de la actividad ganadera. Sobre el papel, las competencias en materia de depuración corresponden a los ayuntamientos, aunque tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno central han asumido la responsabilidad para completar de una vez por todas el mapa del saneamiento en la provincia repartiéndose las obras pendientes. Aunque la realidad evidencia que no están siendo precisamente ágiles.
De momento, la prioridad junto a Nerja es conseguir que el río más importante de la provincia deje de aflorar sus vergüenzas en su tramo intermedio, donde el hedor que desprende el cauce y el color azulado y marrón que se entremezclan no dejan lugar a dudas de la contaminación que le llega desde distintos puntos de Cártama, Alhaurín el Grande y Coín, que suman 71.600 vecinos y centenares de negocios. Una cifra que en los próximos meses se verá reducida en un tercio una vez que la nueva depuradora del bajo Guadalhorce, que después de 20 años de trámites ya está operativa en fase de pruebas dando servicio a Álora y Pizarra, también reciba las aguas residuales de Coín.
Más lejana se atisba la solución para los otros dos grandes municipios de la comarca, que desde hace más de una década están pendientes de que se construya la estación del área metropolitana (bautizada como Málaga Norte). Se levantará en la capital y tratará la carga de Alhaurín el Grande y Cártama además de liberar la del polígono Guadalhorce, que está al límite de su capacidad ya que asume también las procedentes de Torremolinos y Alhaurín de la Torre.
Esta infraestructura está en fase de redacción del proyecto una vez alcanzado un acuerdo con los cinco municipios implicados para su ubicación al norte del aeropuerto, con la previsión en la Consejería de Medio Ambiente de que pueda ser una realidad en 2022, una década después de que se redactara el primer anteproyecto. Mientras tanto, continuarán los vertidos al río.
Un daño ambiental al que hay que sumar el económico, ya que Málaga seguirá contribuyendo a engordar la millonaria multa (12 millones y otros 11 por cada semestre de incumplimientos) impuesta por la UE a España en julio del año pasado por la falta de depuración en 17 grandes municipios de más de 15.000 habitantes, entre ellos Nerja, Alhaurín el Grande y Coín. En principio, la estación Málaga Norte tendrá capacidad para tratar 70.000 metros cúbicos diarios ampliables en una segunda fase, y entre la instalación y las tuberías costará unos 74 millones de euros a financiar con el canon autonómico de depuración que todos los andaluces vienen abonando desde 2011 a través del recibo del agua. Desde entonces se han recaudado en toda la región más de 700 millones de euros.
A partir de ahí, el resto de actuaciones pendientes son de menor calado, aunque igual de necesarias teniendo en cuenta que suman una treintena. Repartidas a lo largo y ancho del interior de la provincia (comarcas de Antequera, Guadalteba, alta Axarquía, Valle del Genal y Alto Guadiaro), todas fueron declaradas de interés autonómico por la Junta de Andalucía en 2010 en el marco de ese ambicioso plan para alcanzar de una vez el ansiado vertido cero de aguas residuales en la región. Nuevas depuradoras, ampliación de las existentes y renovación de canalizaciones y emisarios deteriorados tras años de servicio... Así hasta un total de 300 obras en Andalucía con una inversión de 1.766 millones, de los que las mayor partida (390,1) se destinaría a la ejecución de medio centenar de actuaciones en suelo malagueño que se costearían con el citado canon.
¿Qué se ha hecho en este periodo en la provincia? Principalmente, finalizar infraestructuras que ya estaban en obras (Torrox, Alameda, Comares, Villanueva del Rosario, Cuevas de San Marcos, Villanueva de Algaidas y Cuevas del Becerro, además de la ampliación de la de Estepona que paga el Estado pero ejecutó la Junta). De proyectos nuevos que en los últimos años han entrado en servicio están las depuradoras de Colmenar, Teba, Villanueva del Trabuco, Villanueva de Tapia y Cañete la Real. El resto no ha avanzado más que en los despachos. Y no en todos los casos.
Según los plazos que manejan en la Consejería de Medio Ambiente, antes de que finalice el año confían en sacar a concurso la mejora de las plantas de Almogía y Valle de Abdalajís, y la construcción de las de Almargen, Casarabonela, Mollina y Sierra de Yeguas (se está ultimando la redacción de los respectivos proyectos), mientras que con vistas a 2020 pretenden licitar la ampliación de la planta de Cuevas Bajas y la construcción de las de Guaro, Carratraca, Monda, Arenas, Benamargosa, Moclinejo y La Viñuela. Más retrasadas, ya que ni siquiera se ha contratado la redacción de los proyectos, se encuentran las de Iznate, Montecorto, Árchez y Salares.
Similar es el panorama de las 18 depuradoras previstas en los valles del Genal y el Guadiaro, cuya construcción fue asumida por el Estado en 2006 (están declaradas de interés estatal)a través de un convenio con la Junta en el que ambas administraciones se repartían las obras pendientes en la provincia. Ante la inacción del Ejecutivo central (no las considera prioritarias y están planificadas para que todas estén listas en el horizonte de 2027), la Diputación se puso al frente en 2013 en la tramitación de los proyectos (memorias ambientales, redacción del proyecto básico,...). De momento, las primeras en la línea de salida son las de Arriate, Benaoján-Montejaque, Jimera de Líbar y Cortes de la Frontera (una para el núcleo urbano y otra para la pedanía de El Colmenar), una vez que la sociedad estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) autorizó en marzo la licitación de los proyectos de ejecución.
Capítulo aparte merecen las obras en sí, ya que en el Gobierno no están por la labor de financiarlas por completo (sólo éstas cinco costarían 16 millones) y sólo están dispuestos a poner el 60% con fondos europeos. El resto lo deja en manos de los ayuntamientos o, de forma subsidiaria, a la Administración andaluza amparándose en que estas 18 estaciones (además de las citadas figuran las de Algatocín, Alpandeire, Atajate, Benadalid, Benalauría, Benarrabá, Cartajima, Faraján, Genalguacil, Igualeja, Jubrique, Júzcar y Pujerra) también fueron declaradas de interés autonómico y, sobre todo, en que las arcas regionales ya están recaudando un tributo para financiar estas obras. Mientras estas discrepancias a la hora de poner el dinero no se resuelvan, poco se podrá avanzar.
El punto de vertido de aguas residuales al Guadalhorce procedente del núcleo poblacional de Cártama Estación se encuentra en una zona de difícil acceso (a pie, a través del cauce del arroyo de Torres), pero su presencia no pasa precisamente desapercibida una vez que la carga contaminante desemboca en el río. La tonalidad marrón de estas aguas sucias contrasta tanto con el caudal del río que se puede ver incluso a través de las imágenes de satélite tomadas por Google Maps. La única diferencia entre la vista que ofrece esta herramienta (tomada hace varios años) y la actualidad es la ubicación del punto de vertido, ya que si antes se producía directamente en el río ahora lo hace unos metros más atrás, en el tramo final del citado arroyo, que suele estar seco todo el año pero que en otro punto intermedio también tenía restos de toallitas durante la visita realizada por SUR el pasado 8 de mayo.
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