Málaga es la provincia que tiene más túneles con carencias de seguridad en las carreteras

Esta norma fue transpuesta al ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto 635/2006. Posteriormente, por Resolución del Secretario de Estado de Infraestructuras y Planificación de 2007, se aprobó el documento denominado Plan de adecuación de los túneles de carreteras del Estado a los requisitos establecidos en el Real Decreto 635/2006. El caso es que hasta ahora no se ha hecho nada y ya va a ser imposible cumplir este mandato, por lo que España se enfrenta de nuevo a posibles sanciones.

En la red viaria malagueña hay 21 túneles con riesgo. De éstos, casi la mitad (10) están en la autopista de la Costa, la AP-7, y los tiene que arreglar la concesionaria. Los de las carreteras nacionales públicas están todos en la A-7, y atraviesan la capital y municipios como Marbella, Mijas, Estepona, Casares, Benahavís, Vélez, Nerja, Torrox y Frigiliana.

Del listado, llama especialmente la atención que se haya incluido el de Churriana, en la Hiperronda de Málaga, un doble tubo que se inauguró en 2011 (esto es, posterior al último cambio normativo) y que se considera uno de los más seguros del país, con 13 galerías de escape y la última tecnología en cuanto a ventilación e iluminación. Es también el paso subterráneo más ancho de España. También el de Cerrado de Calderón, que se reformó y amplió recientemente. En total, en todo el país son 113 estructuras las que necesitan obras de reforma, de las que 87 están en la red pública estatal.

Los responsables de la del Ministerio de Fomento tienen sobre la mesa el plan de adecuación, que en el caso de Málaga supondrá una inversión de 27,1 millones de euros (sólo para los de la red gestionada directamente por el Estado), según indicaron fuentes de esta institución, aunque aclararon que esa cantidad tiene todavía carácter orientativo. Para llevarlo a cabo, se están redactando cuatro proyectos, que contemplan las mejoras exigidas por la UE en materia de evacuación, comunicaciones, detección y extinción de incendios, señalización, ventilación, instalaciones de emergencia, iluminación, drenaje, sistemas eléctricos y de vigilancia.

El diputado socialista por Málaga Miguel Ángel Heredia denunció la situación que se había encontrado el nuevo equipo en Fomento, al comprobar que «no se había hecho nada significativo» hasta aquel momento. En cambio, destacó que este asunto tiene ahora «máxima prioridad», con varias líneas de trabajo, que están destinadas, de una parte, a arreglar los que son más urgentes; y de otra, a ampliar el plazo para evitar posibles sanciones.

Las líneas de trabajo pasan, en primer lugar, por un control específico a los equipos redactores de los proyectos, para agilizar la redacción y supervisión de los proyectos. Además, se va a hacer un análisis de los riesgos, de manera que se actuará de forma urgente en aquellos que tengan más carencias. En estos casos, se está trabajando para licitar los contratos de obras antes del 30 de abril de 2019.

Al mismo tiempo, se va a intentar modificar la Resolución del Secretario de Estado de 2007, de tal manera que se amplíe el calendario para los que tengan un nivel de riesgo menor, en línea con otros países europeos. De esta forma, la adaptación el próximo año se llevará a cabo sobre los 44 que gestiona directamente el Estado; que pertenecen a la Red Transeuropea y tienen una longitud superior a 500 metros. Son los que tienen el plazo de caducidad el próximo año, impuesto por la Directiva europea. Los otros 43, con una extensión inferior a 500 metros, se acometerán más adelante.

Además, los responsables de la Dirección General de Carreteras han propuesto una batería de medidas excepcionales, de manera que se mitiguen los riesgos existentes mientras se ejecutan las obras definitivas, en consonancia con lo que han hecho países como Austria. En cambio, las fuentes consultadas aclaran que estas no serán de tipo restrictivo, como la reducción de los límites de velocidad, sino que se centrarán en la instalación de equipamiento adicional mientras se ejecutan las obras de adaptación. Se estima una inversión necesaria para adaptar estos 104 pasos subterráneos en todo el país de 270 millones de euros, y los trabajos tendrán que terminar antes del 31 de diciembre de 2019. Para los que no sean urgentes, la inversión necesaria sumará otros 130 millones.

Por último, las concesionarias de autopistas de peaje (como es la AP-7) están obligadas a redactar los proyectos y a asumir los costes de las obras de reforma. En estos casos, según el alcance económico, la sociedades explotadoras podrán solicitar que se restablezca el equilibrio financiero del contrato, mediante prórrogas u otras fórmulas.