Secciones
Servicios
Destacamos
Su caso es sólo uno más de entre los centenares de expedientes que aguardan una respuesta, pero quizás sirve para poner nombre a los números y voz a los que contemplan con impotencia cómo su vida «se pone en pausa» mientras esperan una ... decisión administrativa: Maca vive en Málaga, tiene 20 años y hace unas semanas su madre, Carmen, decidió tramitar su valoración de discapacidad ante la evidencia de que mientras no le pongan 'nombre oficial' a sus dificultades no podrá seguir estudiando ni tampoco acceder al mercado laboral. Con todo lo que eso implica.
El problema –otro más– es que esa valoración «no llegará, mínimo, hasta dentro de 15 meses. ¿Imaginas qué barbaridad, todo lo que puede ocurrir en un año? Y ella parada...», protesta Carmen al recordar, además, que cuando llegó al Centro de Valoración y Orientación de Discapacidad de Málaga ya tenía a 88 personas por delante «y eso que no era muy tarde». Su derecho al pataleo por el colapso de un servicio a su juicio «básico» tuvo el recorrido suficiente en redes sociales como para recibir una llamada interesándose por su expediente, pero Carmen lo tiene claro. «No quiero privilegios, sólo que esto funcione. Para mi hija y para el resto».
Sumen al de Maca otras decenas de casos de incapacidades, de enfermedades crónicas invalidantes o terminales, de grandes dependencias o, en fin, de menores con cuadros físicos y psicológicos complejos que necesitan una respuesta urgente. Y todo pasa por el mismo lugar: cada día se registran entre 150 y 180 peticiones de atención general, entre certificados, información sobre procedimientos y sobre todo valoraciones de discapacidad. Estas últimas son imprescindibles para acceder a las medidas de protección social a las que tienen derecho por ley, desde tratamientos específicos a beneficios fiscales, prestaciones familiares, solicitud de ayudas públicas o la tarjeta de aparcamiento que da derecho al estacionamiento en las plazas reservadas.
Sin embargo, el escenario que encuentran estos demandantes de ayuda es el siguiente: una lista de espera de 13 meses para las valoraciones relacionadas con la discapacidad física y otra de más de 16 meses para los casos mixtos (físico-psicológicos). Este tiempo incluye desde que se solicita formalmente esa valoración hasta que la persona con discapacidad es atendida por un tribunal médico que fija el grado exacto de su limitación. Con estos datos sobre la mesa, Málaga no sólo es la provincia andaluza con más lista de espera en valoraciones; también está en el vagón de cola si se tiene en cuenta la ratio de población discapacitada que hay en la provincia y los profesionales que los atienden en el marco de este servicio dependiente de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía: en cifras, Málaga es la provincia andaluza con más personas que tienen reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% (118.956 ciudadanos en total), y sin embargo sólo dispone de nueve equipos de valoración; tres menos que Sevilla, que cuenta con una población de 113.911 personas en estas circunstancias.
«Estamos colapsados, pero más que por una cuestión de organización es por una cuestión de medios». El diagnóstico lo enuncia, sin rodeos, la directora del Centro de Valoración de Discapacidad de Málaga, Laura Valle, al frente de este servicio desde hace más de un año y «consciente» de que las quejas de los usuarios están «más que justificadas». Como punto de partida, Valle se refiere a esa diferencia de equipos de valoración según las provincias: cada uno de estos grupos multidisciplinares está integrado por tres profesionales que se encargan de la valoración médica, psicológica y social; y en el caso de Málaga, con nueve equipos, suman 27 personas. Estos profesionales resuelven 72 valoraciones de media al día, es decir, más de 1.440 al mes y unas 12.000 al año; sin que este ritmo contribuya a adelgazar la lista de espera: «Para eso necesitaríamos, al menos, tres equipos más», zanja la directora del centro, que suma a este personal una decena de administrativos que entre el 1 de enero y el 30 de junio han realizado 11.900 movimientos (pensiones, tarjetas de aparcamiento, traslado de expedientes, etc).
«Ya hemos notificado a la Consejería los problemas que tenemos y se ha previsto una ampliación de los equipos de valoración, pero no sabemos cuándo se materializará este compromiso», avanza Valle, que habla de un histórico reciente «bastante malo» porque a la escasez de recursos se suma, desde hace unos años, el «notable» incremento de peticiones por parte de los ciudadanos.
La explicación a este fenómeno la suscribe, en este caso, Alfredo de Pablos, presidente de la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible, un colectivo que agrupa a más de 80 asociaciones: «Desde hace unos años han aumentado los beneficios de tener esa valoración de discapacidad y la gente, lógicamente, hace uso de ese derecho». De Pablos confirma, además, que el grueso de quejas que canalizan a través de la agrupación están relacionadas, precisamente, con ese atasco administrativo en Málaga.
Aun así, tanto la directora del centro como la delegada responsable en materia de Políticas Sociales, Mercedes García Paine, avanzan que se están «dando pasos» para revertir esta tendencia, al menos mientras llegan los equipos comprometidos desde la Consejería. «Humanamente hacemos lo que podemos, sobre todo con una nueva política de puertas abiertas. Yo, como delegada, recibo a familias en mi despacho y los derivo. Aquí se atiende a todo el mundo: es mandar el mensaje de que aunque aún no haya llegado la respuesta en forma de personal, estamos en el tema y conocemos el problema», confirma la delegada.
La estrategia por darle la vuelta a esta situación pasa por un incremento de personal, pero también por una mejora y ampliación de las instalaciones. El capítulo de mejoras ya está en marcha y se traducirá en una renovación integral de la oficina en la que se recibe a los usuarios, en la plaza Diego Vázquez Otero: la reforma comenzó a mediados de octubre y se prolongará hasta el 9 de noviembre. Hasta ese momento se atenderá sólo bajo cita previa y los casos más graves y excepcionales se tramitarán en el centro de Muelle Heredia: «Yo misma voy allí una vez a la semana a atenderlos», confirma Valle, que enuncia junto a García Paine el tercer gran reto que afrontan para mejorar el servicio: «Los centros de los que hablamos son de valoración y orientación; aunque en los últimos años esa vocación de orientación se había dejado atrás. Ahora hemos puesto en marcha un programa transversal para recuperarla (#TuFuerzaLaMía) y llegar a esas otras necesidades de la mano de las asociaciones».
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
La víctima del crimen de Viana recibió una veintena de puñaladas
El Norte de Castilla
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.