Málaga, primera provincia andaluza y sexta de España en solicitudes de asilo de refugiados

En este 2023, hasta el 31 de mayo, ya se han producido 4.188 peticiones en la provincia, por encima de las que hubo en todo el ejercicio pasado, lo que mantiene a Málaga como líder en el ránking autonómico -en Andalucía se han producido más de 10.000 en los cinco primeros meses del año- y eleva al segundo puesto en el estatal -en el país ha habido más de 77.000 entre enero y mayo-, sólo por detrás de Madrid.

Ante la celebración del Día Mundial del Refugiado, que tiene lugar cada 20 de junio, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha presentado su informe con los datos que revelan el estado de la cuestión en todo el mundo. En su edición malagueña, las encargadas de presentar las cifras han sido Fany Barrabino, responsable del área jurídica de CEAR en Andalucía Oriental, y Carmen Rueda, directora del CREADE, el centro de recepción, atención y derivación que puso en marcha el Ministerio de Inclusión para dar atención integral a las personas desplazadas por la invasión rusa de Ucrania en Málaga junto a los otros tres que hay en el país.

Carmen Rueda, en la presentación de las cifras globales, ha destacado que en el año 2022 se han batido todas las marcas en número de refugiados y desplazados en el mundo. De este modo, de acuerdo con Acnur, ahora hay 110 millones de personas desplazadas en el planeta, aunque de ellas, únicamente 35,3 millones son estrictamente refugiadas, porque han logrado salir de sus fronteras nacionales. Los principales países emisores de refugiados son Siria (6,5 millones), Ucrania y Afganistán (5,7 millones de refugiados cada uno). De acuerdo con el testimonio de Rueda, el 75% de las personas refugiadas provenientes de esos países encuentran acogida en países limítrofes. «No suelen llegar a la Unión Europea», ratifica Rueda, quien advierte, por tanto, que las personas en busca de protección suelen llegar a Estados con una situación política muy compleja y con dificultades económicas, lo que provoca que no puedan hacer efectivos sus derechos como refugiados.

CEAR también ha aprovechado la celebración del Día del Refugiado para advertir, con vistas a las elecciones generales del próximo 23-J y de la campaña, que se garantice el derecho al asilo y que se evite que la incertidumbre política y los intereses electorales menoscaben los derechos de las personas a buscar refugio. Así lo expresó Fany Barrabino, quien también recordó algunos de los acontecimientos más dramáticos sucedidos el año pasado en el Mediterráneo, como la tragedia de Melilla de la que está a punto de cumplirse un año. Se trata de ruta migratoria que calificó como «una de las más peligrosas» y una de las que «mayor número de muertes y desapariciones» registran. Por ello reclamó «vías legales y seguras» para que dejen de producirse muertes en las vías que se usan para migrar. Y lamentó que el marco comunitario no haya habido mejoras recientemente, como muestra la última tragedia ocurrida en las costas griegas, con más de cien personas fallecidas y cientos de desaparecidas, así como el acuerdo de los países de la UE del pasado 8 de junio, que establece «una solidaridad a la carta» y no se hace alusión a un «reparto justo» de las personas refugiadas ni se mejoran las condiciones del salvamento marítimo.

A partir del 1 de julio, España ocupará la presidencia de turno de la Unión Europea y ésta es, a juicio de CEAR, «una oportunidad única para un nuevo pacto de migraciones y asilo que sea más equitativo». Aunque desde la organización también se pusieron de relieve los obstáculos que sigue habiendo al derecho al asilo en España, como la persistencia de las «devoluciones ilegales y sumarias», así como la escasez de citas telemáticas para realizar las solicitudes de asilo, lo que deja en un limbo jurídico a las personas durante plazos que sobrepasan los que marca la propia ley. De acuerdo con el informe presentado por CEAR este lunes, las personas que necesitan solicitar protección internacional en España esperaron una media de unos ocho meses hasta que consiguieron obtener una cita para el manifiesto de voluntad de presentar su solicitud, periodo en que estas personas se encuentran sin ninguna documentación que acredite que son potenciales solicitantes de asilo. A este tiempo hay que sumar el plazo hasta que se consigue formalizar la solicitud, que en 2022 fueron unos ocho meses más de media -aunque en Málaga este periodo alcanza hasta los 17 meses-.

A ello hay que sumar que, de acuerdo con cifras de CEAR, España es el tercer país de la Unión Europea que menos reconoce el derecho a la protección internacional: seis de cada diez personas que lo solicitaron en 2022 vieron denegada su solicitud.

Además, según denunció Barrabino, también se está gestando un mercado de venta de citas con la administración, lo que coloca a las personas en riesgo de desprotección. «Reclamamos un pacto político y social para blindar el derecho al asilo», clamó la representante de CEAR, quien también puso como ejemplo de respuesta virtuosa de la Unión Europea el modelo de acogida de los refugiados ucranianos: «Cuando hay voluntad política, se puede conseguir protección». Y ese esquema para Ucrania es el que CEAR quiere que se extienda: lo que para las personas de cualquier otro origen tarda un año para los solicitantes de asilo ucranianos se resuelve en 24 horas.

Carmen Rueda, directora de CEAR en el CREADE de Málaga, reiteró la necesidad de garantizar que los Centros de Recepción, Atención y Derivación (CREADE), que tan buen resultado han dado en la respuesta a la emergencia en Ucrania, puedan transformarse en «ventanillas únicas del asilo« para que todas las personas solicitantes de protección puedan registrarse, documentarse y acceder al procedimiento a través de estos recursos, con independencia de su lugar de procedencia. «Desde su apertura, el 6 de abril de 2022, casi 15.100 personas han sido atendidas en el CREADE de Málaga, de las cuales, 11.800 han tramitado su solicitud de protección temporal en dicho centro, Además, más de 1.300 personas han sido acogidas y derivadas a sus plazas dentro del sistema de acogida para solicitantes de protección internacional y temporal», concluyó.

CEAR, a la presentación de los datos, sumó los testimonios humanos. Resulta muy peligroso revelar su identidad y su imagen. Se trata de una mujer latinoamericana que escapó del padre de sus hijos, miembro de una organización narcotraficante extremadamente peligrosa y que la tuvo secuestrada hasta que en los quince minutos que consiguió eludir la custodia aprovechó para huir con sus hijos, con lo puesto y sin una documentación que luego se las ingenió para tramitar. Es consciente de que, de haberla encontrado su marido y su gente, la habrían matado: «Son personas que están acostumbradas a hacer lo que quieren y a quien los desafía...», sugiere. Por eso, a los pocos días, tras estar escondida en su país, voló a España, en primera instancia sin sus hijos, que luego consiguió traerse tras arduos y largos trámites.

Confiesa lo duro que fue dejar todo atrás: «Allí era el infierno en la tierra, pero al menos estaba con mis hijos. Estar separada de ellos me dolía. Pero tenía que continuar para salvaguardar la vida». «En varias ocasiones tuve la pistola en la cabeza; en varias ocasiones vi la muerte frente a mí», rememora con enorme templanza. Por eso, no se planteó volver, pese a lo tedioso de los trámites que tenía que cumplimentar para conseguir reunir a su familia.

Ahora, con una vida normalizada en España, arrastra ese algo que de vez en cuando le activa una alerta: es muy sensible a que alguien haga un ruido fuerte. «Porque escuché disparos muy cerca de mi cabeza; es un trauma que tengo superado, pero siempre quedan secuelas, no sé si para toda la vida», explica. Ahora dice que se siente bastante segura y que su situación es estable. El procedimiento de protección internacional funcionó, aunque en un primer momento su idea era entrar en España como turista. Pero su semblante en el aeropuerto no coincidía con la alegría que se supone de alguien que viaja por ocio. Por eso, eludió el retorno al que parecía condenada contando su historia, que ha sido completamente cotejada.

Joni Makhoian, de 22 años, responde a la compleja identidad nacional de muchos de los nacidos en el este europeo: nació en Georgia, pero su origen étnico es armenio y su lengua materna es el ruso. En 2017 se mudó a España porque, explica, Georgia es un país que sufrió mucha represión en la época soviética, pero ahora en democracia también impera «discriminación» «cuando te distingues un poco de la norma».

«En España mi integración social fue más rápida que el proceso administrativo», explica. De hecho, tras apenas un lustro en el país, acaba de terminar tercero de Derecho y trabaja en CREADE, la puerta de entrada de los refugiados de Ucrania. En el desempeño de su labor en este centro, confiesa que le costó asimilar que haya personas de Ucrania huyendo de la guerra, ya que este país era destino de los nacionales de otros Estados del área que buscaban una vida mejor. Pero confiesa que ahora él es feliz: «La depresión es la que tiene todo el mundo que viene de allí. Yo viajo por Europa, tengo un trabajo, estudio Derecho. Legalmente no puedo volver a mi país, pero tampoco quiero».