Los ayuntamientos de Málaga tiemblan con la anulación de la plusvalía: un agujero de 170 millones anuales

El golpe mortal que el Tribunal Constitucional acaba de dar al impuesto de la plusvalía municipal al anular el sistema por el que se calcula su base imponible amenaza con provocar un enorme agujero en las cuentas de los ayuntamientos. No en vano, este tributo que hay que pagar cuando un inmueble cambia de manos (el vendedor en operaciones de compraventa o el adquirente en caso de herencia o donación) y que grava la teórica revalorización que experimenta el suelo durante los años transcurridos desde la anterior transmisión se ha convertido en uno de los principales pilares de las arcas municipales para mantener sus servicios y estructuras. Los números no engañan, y estos reflejan que en los últimos años se ha convertido en la segunda fuente de ingresos tributarios de los ayuntamientos, sólo superada por el IBI.

La última liquidación de cuentas remitida por los 103 municipios de la provincia al Ministerio de Hacienda indica que en 2019 (último ejercicio prepandemia) los consistorios malagueños generaron derechos relacionados con las plusvalía por valor de 169,2 millones de euros. Para hacerse una idea del peso que el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) tiene en los presupuestos municipales, este montante supone el doble de lo que se embolsaron a través del impuesto de circulación (IVTM). A la cabeza, los 638 millones que les reportó el recibo de la contribución.

Echando la vista atrás, la plusvalía ha sido el salvavidas que mantuvo a flote las arcas municipales durante la anterior crisis económica. Mientras el negocio del ladrillo caía en picado y reducía a un mero goteo lo que en el 'boom' inmobiliario era un manantial de euros a través de los impuestos ligados a la construcción, el IIVTNU no paraba de engordar. Así, de los 52,4 millones contabilizados en 2008, justo con el estallido de la burbuja, se pasó en 2016 a los 200,5 millones, cuatro veces más.

Luego llegó el primer varapalo judicial del Constitucional, que en en mayo de 2017 anuló el pago de este tributo siempre que el inmueble se transfiera por menos de lo que se adquirió. Cuatro años después, la reforma legal que exigía el Alto Tribunal todavía no se ha materializado, pero sí que ha dejado en suspenso miles de expedientes tras alegar los contribuyentes esa pérdida de valor. Pese a todo, las operaciones inmobiliarias permitían a los municipios mantener sus previsiones. Hasta que llegó la pandemia. Prueba de ello es el Ayuntamiento de Málaga. De los 53,1 millones de euros que pretendía ingresar en 2020 sólo se generaron derechos por 29,7, según el avance de la liquidación de cuentas del año pasado. En cuanto a este ejercicio, el presupuesto municipal contemplaba unos ingresos de 46,8 millones.

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