Es frecuente oír hablar del envejecimiento de la población como algo negativo, cuando en realidad es consecuencia de algo tremendamente positivo; quizás, el mayor logro de la humanidad: el aumento de la esperanza de vida. Cada vez más personas llegan a edades muy avanzadas y ... muchas de ellas lo hacen en buenas condiciones. Pero es evidente que conforme se cumplen años, crece la incidencia de enfermedades graves y limitantes. No hay más que comprobar el aumento de casos de alzhéimer y otras demencias. Las situaciones de dependencia sobrevenidas por problemas de salud son el motivo más frecuente por el que las personas mayores ingresan en una residencia.
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Actualmente en la provincia de Málaga viven 313.000 personas mayores de 65 años y, de ellas, más de 79.000 ya han cruzado la barrera de los 80. Las proyecciones demográficas del Instituto Nacional de Estadística dicen que para 2037 –es decir, dentro de quince años–, la población mayor de 65 en Málaga habrá aumentado casi un 60%, rozando el medio millón de habitantes 'senior'. De ellos, 130.000 ya tendrán cumplidos los 80. ¿Está preparada Málaga para atender las necesidades de cuidados que van a tener una parte de estos ciudadanos? Si nos guiamos por las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la respuesta es no.
Este organismo tiene un índice para calcular la proporción de plazas residenciales para mayores en un lugar determinado: la ratio de cobertura, que no es otra cosa que el número de camas que hay por cada 100 habitantes mayores de 65 años. La ratio adecuada, según la OMS, es 5. Y Málaga tiene la mitad: 2,5, según el último informe 'En red', realizado por el Instituto de Economía, Geografía y Demografía del Centro de Ciencias Humanas y Sociales, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Este estudio data de 2020 y sitúa a Málaga como la novena provincia española con menor capacidad en residencias geriátricas en proporción a su población mayor. La ratio media andaluza es del 3 y la española, del 4,2.
Desde que se publicó dicho informe han abierto nuevas residencias en Málaga; la última, la de Caser en la Zona Este de la capital, con 156 plazas. Pero también ha aumentado la población mayor, por lo que la ratio no ha mejorado. De hecho, la consultora Jones Lang Lasalle en su informe 'Residencias de mayores y Later Living', publicado en noviembre de 2022, calcula que actualmente dicho cociente está más bajo que en 2020, en el 2,4.
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La provincia cuenta, según datos proporcionados por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, con 123 residencias geriátricas que suman 8.200 plazas. Para alcanzar la ratio de cinco plazas por cada cien personas mayores, la provincia necesitaría 7.460 camas más, es decir, tendría casi que duplicar su capacidad actual. Y si se tienen en cuenta las proyecciones de población del INE, dentro de quince años la necesidad plazas será de casi 25.000. En conclusión: habría que triplicar capacidad para cumplir la recomendación de la OMS.
«Málaga se sitúa entre las principales provincias con necesidad de camas tan solo por detrás de Alicante, Valencia, Barcelona, Madrid, y Sevilla, todas ellas provincias con más población», afirma Juan Manuel Pardo, director de la división Living de Jones Jang Lasalle en España. Hay algunos proyectos en marcha y antes de final de año, la provincia habrá sumado 472 plazas más, según esta consultora.
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Hay interés de los principales operadores del sector y de grupos inversores por Málaga como foco de nuevos proyectos de residencias, pero también hay frenos. «En la actual situación el desarrollo de nuevos proyectos es más difícil por el aumento de costes de construcción y de financiación, por lo que un mayor aumento en las tarifas, empezando por las concertadas como ya se ha empezado a ver, impulsaría la inversión», opina Pardo. En cualquier caso, él tiene claro que la demanda «crece más rápido de lo que es capaz de hacerlo la oferta».
El diagnóstico general es claro: faltan residencias y van a faltar más. Pero la realidad es más compleja. Donde se centra la escasez es en las plazas públicas y concertadas, que son las que la Junta financia total o parcialmente vía Ley de la Dependencia. En la provincia hay 51 centros con convenios con la Junta que suman 2.674 plazas concertadas, además de 42 centros de día con 855 plazas. Asimismo, están las dos residencias públicas de gestión directa (El Palo y Estepona) que suman 385 plazas. Frente a ellas, hay más de 5.140 plazas privadas.
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Alejandro González es propietario de dos geriátricos en Málaga capital: Residencia Pinares de San Antón y Centro Residencial Elite. Pertenece, además, a la junta directiva del Círculo Empresarial de Cuidados a Personas en Andalucía (CECUA). Sus dos centros suman 70 plazas, la mitad concertadas y la mitad privadas. «¿Que si faltan camas? Depende de qué camas y de qué perfil de usuario hablemos. Lo que faltan son plazas concertadas y públicas, para usuarios con capacidad económica reducida. En las residencias privadas no hay tanto problema para encontrar plaza, salvo que busques en una zona muy concreta de Málaga capital». Sus centros, explica, se encuadran entre los de precios asequibles: unos 1.800 euros por plaza y mes (los más caros pueden alcanzar los 3.000 euros). «Muchos usuarios que ocupan plazas privadas es porque están esperando que les concedan la plaza concertada. Les aplicamos la misma tarifa que le cobraríamos a la Junta por esa plaza porque no queremos hacer negocio con la lista de espera», asegura.
Patricio Jesús Fuentes es director del Centro el Buen Samaritano, dependiente de Cáritas. También es el representante en Málaga de Lares Andalucía, la Asociación Andaluza de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores del Sector Solidario. «La realidad es que nos encontramos con una demanda muy alta de plazas concertadas y no hay suficientes para atenderla», asevera. Su residencia tiene plazas conveniadas con la Junta y plazas «sociales», que Cáritas destina a usuarios sin recursos que tienen una necesidad urgente de ser acogidos en una residencia pero se topan con la lista de espera de la Dependencia. «La realidad es que conseguir plaza concertada puede tardar bastante tiempo; desde que se empieza a tramitar la dependencia hasta que te asignan plaza pueden pasar seis meses. Y hay muchas situaciones en las que la persona no puede esperar tanto», explica.
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Desde la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía destacan que se está «llevando a cabo una ampliación de plazas sin precedentes en residencias y centros de día para mayores y discapacidad». «Este año salen 1.500 plazas más solo para las personas mayores en Andalucía. En Málaga son más de 300», detallan. «Desde 2019 a 2023 se han incorporado 4.553 nuevas plazas para la atención de las personas en situación de dependencia de Andalucía, de las que en la provincia de Málaga se han ampliado 757 plazas, de las cuales 479 se destinan a la atención de personas mayores y 278 a personas con discapacidad», añaden las mismas fuentes.
El representante de Cáritas reconoce que la Junta «ha tomado cartas en el asunto y ha concedido más plazas concertadas». «Como medida de choque lo valoramos positivamente. Las 1.500 nuevas plazas van a venir a paliar la lista de espera. También se está trabajando un procedimiento más ágil de adjudicación de plazas», añade. Sin embargo, señala que no basta con ampliar el número de camas que se pueden concertar; la Junta tendrá también que ampliar el presupuesto para financiarlas.
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Hay una tercera vía para acceder a las ayudas a la dependencia, además de las plazas públicas y las concertadas: la prestación económica vinculada al servicio. Se trata de una ayuda para «contribuir a la financiación del coste de dicho servicio» que concede la Junta en aquellos casos «en los que existe imposibilidad de acceder al servicio público o concertado adecuado a la persona en situación de dependencia». Su cuantía se establece en función del grado de dependencia reconocido, la capacidad económica del solicitante y la dedicación horaria de los cuidados.
Mientras tanto, la oferta de residencias privadas de alta gama no deja de crecer en la Costa del Sol. Es una tendencia ligada claramente a la llegada de población 'senior' de otros países europeos con alta capacidad económica. «Además, veremos otras tendencias como los proyectos de 'independent living': complejos residenciales para jubilados sin ningún tipo de asistencia médica, los cuales se centran también en la demanda extranjera. The Flag en Estepona es la antesala de lo que veremos en los próximos años» apunta Juan Manuel Pardo.
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«Hay que asumir que el modelo de residencia y el enfoque con el que abordamos la atención a nuestros mayores dependientes tiene que cambiar», afirma rotundo Patricio Jesús Fuentes, representante de la Asociación Andaluza de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores del Sector Solidario. No sólo lo dice él: lo dice el Acuerdo sobre Criterios Comunes del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) que fue aprobado por el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia el año pasado y está pendiente de adaptación a las autonomías.
Este texto marca cambios importantes: pretende que las residencias se conviertan en lugares más hogareños y de menor tamaño, que se dividan en unidades de convivencia (de no más de quince o veinte usuarios) y que cuenten con más personal.
El acuerdo también establece una estrategia de «desinstitucionalización», que busca evitar o retrasar lo más posible el momento en que una persona deja de poder vivir en su casa. «Se busca dejar la residencia para situaciones graves. y apoyar mucho más la atención a domicilio, con un enfoque de intervención más integral, más comunitaria», explica Fuentes.
Esta hoja de ruta no gusta a todos. Hay comunidades autónomas en contra y los operadores privados se quejan del aumento de costes que les supondrá. A Fuentes le parece que estos cambios «pueden mejorar mucho la atención a las personas dependientes», pero señala que hará falta «valentía y liderazgo» para implantarlos. Y, claro, más dinero. Aumentar las ratios de personal y reducir el tamaño de las residencias se traducirá en una subida del coste por plaza «de un 15 ó un 20%», opina.«En Andalucía vamos muy atrasados respecto a otras regiones en este cambio de modelo», lamenta.
Alejandro González es de los críticos con el nuevo modelo de residencias, particularmente con las «unidades de convivencia». «¿Alguien le ha preguntado a las personas mayores qué opinan, si quieren estar siempre viendo las mismas quince caras? ¿Se ha hecho un estudio para saber en qué les beneficiaría? Me parecería mucho más importante, por ejemplo, que las residencias estuvieran obligadas a tener zonas exteriores».
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