La UE vuelve a llevar a España a los tribunales por la falta de depuración en el Guadalhorce

Si en la primera infracción la provincia aportaba cuatro zonas de vertidos (Coín, Nerja, Estepona –ya corregidas– y Alhaurín el Grande) que le llevan costados a las arcas públicas del Estado y la Junta de Andalucía 12,3 millones de euros en multas, en este segundo expediente que incluye a 133 aglomeraciones urbanas (municipios o núcleos de población) de todo el país aparece el Bajo Guadalhorce, que englobaría a Álora, Pizarra y Cártama.

Las dos primeras localidades ya tratan sus aguas fecales desde mayo de 2019, pero no Cártama (no entró en el primer proceso porque en 2001 tenía 13.400 vecinos, la mitad que ahora), cuyos residuos seguirán enturbiando el río Guadalhorce junto con los de Alhaurín el Grande hasta que se construya y entre en servicio la depuradora metropolitana Málaga-Norte. ¿Cuándo será? Si no surgen retrasos, en el segundo semestre de 2025.

Según el listado al que ha tenido acceso este periódico, junto al Bajo Guadalhorce aparecen tres áreas urbanas de Sevilla y otras localidades andaluzas como Úbeda, La Línea de la Concepción, Morón de la Frontera o Sanlúcar de Barrameda, además de aglomeraciones de capitales como León, San Sebastián, el sur de Madrid, Cáceres, Badajoz, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.

De momento, el Ejecutivo comunitario no pide una nueva multa, pero sí solicita que los magistrados del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncien sobre este incumplimiento que dura ya 16 años. Cuando haya sentencia, si es condenatoria (lo cual es previsible), sí que podría imponer la correspondiente sanción.

Con este paso, la CE pone fin a la vía administrativa de un procedimiento de infracción que arrancó en diciembre de 2016 con el envío de una carta de emplazamiento a la que España estaba obligada a contestar. ¿Cómo lo hizo? Con un informe sobre el estado en el que se encontraba cada proyecto. La respuesta no convenció, así que el Gobierno europeo dio un segundo paso enviando un dictamen motivado exigiéndole que «acelere el cumplimiento», remarcando que «a pesar de algunos avances, no se prevé que España cumpla plenamente sus obligaciones en un futuro próximo» y amenazando con «remitir el asunto» al TJUE.

Y así lo ha hecho, aun reconociendo que se han registrado «progresos», como ya hizo con el anterior expediente que acabó en la citada multa de 12 millones iniciales más otros 10,35 por cada semestre de retraso que, a día de hoy, elevan la factura a 63 millones. De ese montante, 12,3 se deben a incumplimientos en Málaga. En esta nueva resolución, Bruselas no sólo pone el acento en la ausencia de saneamiento en estas poblaciones, sino también insta a «redoblar esfuerzos» para garantizar el tratamiento suficiente invirtiendo en la construcción de nuevas infraestructuras y «en la mejora de las instalaciones ya existentes».

Un ejemplo de esos avances de los que «se congratula la Comisión» es el Bajo Guadalhorce, donde parte del problema ya está resuelto con la entrada en servicio en 2019 de la depuradora que trata las aguas residuales de Álora, Pizarra y, un año y medio después, Coín. Un hecho que no implicaría librarse de una posible sanción, ya que el incumplimiento se remonta a 2006.

Por tanto, con Álora y Pizarra podría suceder como en el caso de Estepona-Marbella, donde en el momento que llegó la sanción del primer expediente relativo a núcleos de más de 15.000 habitantes (julio de 2018) ya se había solucionado la falta de depuración y sólo hubo que pagar la multa de 738.000 euros. O el de Coín, donde a la penalización de 257.935 euros ha habido que sumarle un recargo de 607.481 por cada semestre hasta que empezó a depurar sus aguas en octubre de 2020.