La falta de depuración en el Guadalhorce le costará a la Junta al menos 11,2 millones en sanciones

Y seguirá creciendo, ya que esa imposición extra continuará al menos hasta 2025 siempre que se cumpla el calendario previsto por la Junta de Andalucía para construir la depuradora metropolitana, que lleva desde agosto de 2020 en fase de contratación con un periodo estimado de ejecución de tres años y medio (6 meses para la redacción del proyecto y tres años para las obras). Por tanto, entre el semestre actual y los seis que quedarían por delante saldrían otros 4,44 millones de euros, elevando la factura total hasta los 8,5.

Pero hay más. Si a ello se suman los 2,68 millones acumulados por la falta de depuración de Coín hasta que en el otoño de 2020 quedó conectada a la planta del Bajo Guadalhorce, el coste de estos incumplimientos en la comarca asciende hasta los 11,2 millones. ¿Quién los pagará? En primera instancia, el Estado, aunque después de que el Tribunal Supremo haya desestimado el recurso de la Junta de Andalucía contra la factura de 3 millones que le derivó el Gobierno correspondientes al primer abono de la multa (la inicial más el periodo comprendido entre julio de 2018 y julio de 2019) el dinero saldría de las arcas autonómicas. En la sentencia, comunicada este martes, los magistrados son claros al considerar como responsable a la Administración autonómica, dado que las obras para depurar las aguas de ambos municipios fueron declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía en 2010.

A través del citado recurso, el Gobierno regional intentó pasar la pelota a los ayuntamientos alegando que tanto el Estatuto de Autonomía como la Ley de Aguas de Andalucía atribuyen a los municipios las competencias sobre el saneamiento y tratamiento de aguas residuales. Pero el Supremo lo ha rechazado al entender que una cuestión es la responsabilidad de prestar el servicio y otra bien distinta la de construir las infraestructuras hidráulicas necesarias. En el auto, al que ha tenido acceso SUR, se destaca que precisamente la falta de ejecución de dichas obras «ha impedido a las entidades locales» prestar el servicio de tratamiento y depuración de aguas residuales propio de su competencia, por lo que considera «contrario a lógica que la Administración recurrente pretenda proyectar sobre las entidades locales las consecuencias derivadas de su propio incumplimiento».

Por su parte, el Estado asume su parte correspondiente a Nerja, Estepona y parte de Marbella, que también figuraban en esa lista negra hasta que ya quedaron resueltos. La ampliación de la planta de Guadalmansa y los colectores de San Pedro Alcántara ya estaban operativos cuando se notificó la sanción, así que únicamente computan los 738.290,98 euros de partida. En cambio, la depuradora de Nerja no empezó a funcionar en fase de pruebas hasta octubre del año pasado, momento en el que se frenó una sanción que asciende a 4,33 millones (420.055 euros y otros 989.298 euros por cada uno de los cuatro semestres transcurridos). Recopilando, a día de hoy la multa de la UE entre ambas administraciones está en 11,8 millones de euros, con el siguiente reparto.

 

ALHAURÍN EL GRANDE

Situación actual: Las aguas de Alhaurín el Grande, al igual que las de Cártama (no entra en la sanción porque en 2001 no llegaba a 15.000 habitantes) serán tratadas en la futura estación Málaga Norte, que compete a la Junta de Andalucía y que no estará lista antes de 2025.

Multa: 4.07 millones de euros en multas lleva acumulados el expediente de Alhaurín el Grande, de los que 269.332 proceden de la penalización inicial y el resto, de los 634.320 euros de recargo por cada semestre de incumplimiento hasta la fecha.

COÍN

Situación actual: Las aguas de Coín son tratadas desde octubre de 2020 en la depuradora del Bajo Guadalhorce, construida por la Junta y que comenzó a funcionar en mayo de 2019 para Álora y Pizarra.

Multa: 2,68 millones de euros ha costado el punto negro de Coín. De esa cuantía, 257.936 euros son por la multa a tanto alzado impuesta por la UE en julio de 2018, a los que hay que sumar 607.481 euros por cada semestre de retraso desde entonces.

NERJA

Situación actual: La depuradora, cuyas obras impulsadas por el Gobierno central comenzaron en 2014, no empezó a funcionar en fase de pruebas hasta octubre de 2020.

Multa: 4,37 millones de euros por cuenta del Estado, 420.055 correspondientes a la sanción a tanto alzado de julio de 2018 y el resto, a razón de los 989.298 euros de multa coercitiva por cada semestre de retraso.

ESTEPONA

Situación actual: La ampliación de la depuradora de Guadalmansa, financiada por el Estado, concluyó en 2017 para dar cobertura a Estepona, varias zonas de Marbella (San Pedro o Nueva Andalucía), Istán y Benahavís.

Multa: 738.290 euros por la falta de depuración en zonas de Estepona y San Pedro. El importe de la multa se ciñe al periodo comprendido entre la sentencia del Tribunal Europeo de abril de 2011 hasta finales de 2016, ya con la obra acabada.