Estepona, Nerja y Torrox dejan escapar miles de euros por no pedir unas ayudas del Estado

¿De cuánto dinero se trata? El importe de la subvención equivalía al 40% de los ingresos por venta de billetes de 2019, por lo que esta renuncia se traduce en varios miles de euros. Según la información ofrecida por los dos consistorios axárquicos, en el caso de Nerja serían unos 70.000 euros y en el de Torrox, en torno a 56.000. En Estepona no facilitan cifras para poder hacer ese cálculo, pero teniendo en cuenta sus 70.000 habitantes y su potencial turístico podrían servir como referencia los 498.426 euros que recibirá Fuengirola o los 311.672 de Vélez, ambas con 82.000 habitantes.

Por encima de esos montantes destacan los 580,179,4 euros que percibirá Marbella y, especialmente, Málaga capital, con 12,6 millones que amortiguarán el agujero que arrastra la Empresa Malagueña de Transporte (EMT) por la caída de viajeros de sus 40 líneas. En un escalón inferior se sitúan los 133.079 euros concedidos a Benalmádena, los 97.287,61 a Rincón de la Victoria, los 70.039 a Torremolinos, los 53.793 a Ronda o los 50.918 que llegarán a Antequera. En el listado también aparecen dos localidades de menor tamaño como Pizarra (30.056,39) y Archidona (4.281,86).

Los tres ayuntamientos admiten que no presentaron la documentación durante las dos semanas que tuvieron de plazo (del 5 al 19 de abril), aunque alegan distintos motivos para tratar de justificar su ausencia en esta convocatoria que ha sido concedida a los 273 municipios del país que la pidieron con una partida total de 433,9 millones. «Los ayuntamientos de la provincia de Málaga que presentaron información económico-financiera sobre los servicios de transporte de viajeros son los que aparecen en el decreto. Ningún servicio fue rechazado y todos ellos fueron incluidos como beneficiarios», afirman desde el Ministerio de Transporte.

En el Ayuntamiento de Estepona alegan que «la Intervención Municipal consideró que la ayuda debía solicitarla la empresa concesionaria del servicio», y que «ésta no llegó a hacerlo», por lo que se han quedado fuera las tres líneas que vertebran la localidad. Sin embargo, la resolución de Hacienda publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 12 de marzo establecía que la subvención iba dirigida a los ayuntamientos, diputaciones provinciales o mancomunidades que prestan habitualmente el servicio regular de transporte público urbano o interurbano, con independencia de si la gestión es directa o a través de una compañía privada.

Además, remarca en varios apartados que las beneficiarias son las administraciones locales. De hecho, antes de proceder al pago ha exigido a los municipios que certifiquen que no tienen deudas con la Seguridad Social. A consultas de este periódico, desde la Asociación de Empresas Gestoras de los Transportes Urbanos Colectivos (Atuc) también precisan que «la información correspondía presentarla a los ayuntamientos».

Distinto es el argumento en Nerja para explicar por qué no se ha solicitado la ayuda para compensar la caída de viajeros en las dos líneas urbanas, que funcionan en régimen de concesión y que les habría reportado unos 70.000 euros. «Es una gran pena porque es un dinero que habría entrado en el Ayuntamiento», reconoce el concejal de Movilidad, Francisco Arce, quien explica que aunque dos departamentos municipales estuvieron preparando la documentación, a la hora de entregarla lo hicieron fuera de plazo porque no tuvieron constancia del momento en el que Hacienda activó la activó la aplicación informática en su página web para entregar la información requerida. «En el BOE se publicó que el plazo era de 15 días a contar desde la apertura de esta plataforma, pero luego no se comunicó o al menos no recibimos la información del momento en que se puso en marcha. Hicimos gestiones para que nos permitieran volcar los datos, pero no ha sido posible», precisa el edil nerjeño.

La situación es similar en Torrox, donde el servicio de transporte corre a cargo de una empresa concesionaria con dos líneas que tampoco han sido objeto de la ayuda estatal. ¿Por qué? Según ha podido saber este periódico, la razón apunta a un error de organización y de interpretación de la norma, aunque en la versión oficial el Consistorio se defiende atacando: «Que los ayuntamientos tengamos que hacer frente al 60% de un servicio absolutamente mermado por la situación sanitaria no resuelve el problema; son migajas de cara a la galería», aseguran. En el caso de Torrox, la facturación en 2019 fue de 140.000 euros, por lo que el 40% serían 56.000 euros.