El pleno de la Diputación de Málaga reclama por unanimidad al Gobierno que autorice el trasvase de Iznájar

En el pleno ordinario de febrero, celebrado de forma telemática, la petición, con origen en una moción presentada por el grupo popular, ha recibido el apoyo de todos los partidos y no ha requerido de debate dado que las formaciones, tanto del gobierno como de la oposición, defienden una actuación que beneficiará a Alameda, Antequera, Archidona, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Fuente de Piedra, Humilladero, Mollina, Villanueva de Algaidas, Villanueva del Rosario, Villanueva del Trabuco y Villanueva de Tapia. En su conjunto suman 80.000 habitantes.

En este sentido, durante la sesión ha intervenido en la Tribuna de Alcaldes el regidor de Cuevas de San Marcos, José María Molina, quien ha hecho un llamamiento al Ejecutivo de Pedro Sánchez a que apruebe «de una vez por todas» el trasvase, que permitiría contar a estos doce municipios con 4,89 hectómetros cúbicos anuales.

La necesaria autorización del Estado está pendiente de la inclusión de este proyecto en el plan hidrológico de la Demarcación del Guadalquivir para el periodo 2021-2027, de la que depende el pantano de Iznájar ya que se nutre del río Genil. Este nuevo ciclo de planificación se encuentra en fase de elaboración y no verá la luz hasta finales de año, aunque el primer borrador, que podría arrojar alguna pista fiable sobre la postura definitiva del Gobierno, se espera para el segundo trimestre del año.

No ha sido esta la única petición que el pleno provincial ha elevado al Ejecutivo central. En la sesión se ha aprobado una moción del PP, respaldada por sus socios de gobierno -Ciudadanos y Cassá- y los grupos de PSOE y Adelante, donde se reclama al Gobierno que las diputaciones ostenten un papel «relevante» en la gestión de los fondos europeos Next Generation que la Unión Europea enviará a los países para afrontar la recuperación económica y social tras la pandemia del coronavirus.

En este sentido, en la moción también se reclama que el presupuesto destinado a la Oficina de Lucha contra la Despoblación sea una transferencia económica a la Diputación Provincial para que forme parte de las iniciativas del Reto Demográfico y que se cree una autoridad independiente para gestionar estos fondos «con eficacia, transparencia y rendición de cuentas».

El momento de mayor tensión política se vivió durante el debate de la moción conjunta de PSOE y Adelante, finalmente rechazada, donde se pedía que el equipo de gobierno ejecutara con consenso la oferta de empleo público de los años 2017, 2018 y 2019 y que apoyara a los interinos de larga duración. El diputado de Recursos Humanos, Juande Villena, ha acusado a las diputadas Patricia Alba (socialista) y Teresa Sánchez (Adelante) de «no saber de lo que hablaban», de «trabajar poco», de ser unas «cobardes e hipócritas», de «politizar» este tema y de tener «el síndrome de Alexa, de sólo escuchar la voz de su amo». Unas afirmaciones en relación a que los partidos de izquierda no quieren que se contabilice la experiencia laboral de los autónomos que opten a las plazas.

Las dos diputadas de la oposición han denunciado las formas de Villena. Alba incluso ha llegado a plantear que el diputado popular debería dimitir y le ha reprochado su «falta de talante y de talento», mientras que Sánchez calificó su intervención de «faltona y maleducada».

Por otro lado, el pleno ha dado luz verde al Plan de Subvenciones para este año, dotado con 99 millones de euros, con la abstención de la oposición de izquierdas, que ha denunciado la «discrecionalidad» con la que se conceden la mayoría de estas ayudas, mientras que por unanimidad ha salido adelante la concesión de los premios M de Málaga que la Diputación entrega cada año con motivo del Día de Andalucía a Maskom, el Teléfono de la Esperanza, el Club de Atletismo de Nerja y 101 TV, así como la cesión del edificio del Centro Guadalmedina al Servicio Andaluz de Salud (SAS) para la atención de enfermos Covid y, en el futuro, forme parte del nuevo hospital de la capital.