Málaga cuenta con miles de pozos ilegales repartidos por la provincia

El caso de Julen ha puesto en el punto de mira los pozos ilegales. Diversas organizaciones ecologistas consultadas por este periódico insisten en que suponen un grave problema ambiental. Los cuentan por miles en la provincia de Málaga, aunque insisten en que no existen cifras oficiales que permitan conocer la verdadera envergadura de esta problemática. Los casos registrados son solo la punta del iceberg.

El robo de agua a través de pozos ilegales podría poner en riesgo el futuro abastecimiento de la población. Así de contundentes se muestran desde Greenpeace, desde donde añaden que esta situación no solo afecta a la cantidad, también a la calidad: «La reducción continua del nivel del agua y la profundidad cada vez mayor de los pozos pueden aumentar la concentración en sales y reducir la calidad de su agua, e incluso contaminarlo».

Pero además de perjudicar el abastecimiento de la población, al estar retirando agua sin control de un acuífero, estas extracciones irregulares pueden provocar otros daños ambientales. «Por ejemplo, secar el terreno, lo que provocaría grietas y movimientos de tierra, como hundimientos», asegura el coordinador del área de Aguas en Andalucía de Ecologistas en Acción, Antonio Amarillo.

Por su parte, desde Greenpeace apuntan que la sobreexplotación ilegal e indiscriminada del agua para regadíos y desarrollo urbanístico –muy especialmente del agua subterránea– es lo que ha provocado la proliferación de pozos y sondeos ilegales durante los últimos años.

Este problema ha sido largamente denunciado por los 'Pepito Grillo' de las asociaciones ecologistas, aunque con escaso éxito. Lo cierto es que no existen datos de la magnitud del fenómeno en la provincia, pero hay algunas claves que ayudan a aproximarse. En 2008, el grupo Gena-Ecologistas en Acción de al Axarquía contabilizó 22.000 viviendas en suelo rústico no urbanizable sólo en esta comarca, y todas tienen agua corriente.

En algunos casos esta proviene de acometidas de los ayuntamientos desde pozos públicos, realizados para abastecer a estas «casas irregulares», como las califica Rafael Yus, coordinador de la organización. Pero muchas otras se abastecen mediante sondeos privados, con poco suministro pero el suficiente para una vivienda. También hay propietarios que emplean camiones cubas para llenar depósitos.

Pero hay una segunda razón: «Ahora, con la burbuja del mango se pincha más que antes», afirma Yus. «La gente busca en las fincas, hacen pozos y con eso riegan en sitios muy elevados», por encima de la cota del pantano de La Viñuela. De ahí que, por su experiencia, y a falta de un estudio empírico, el ecologista calcula que al menos un 60% de los que existen están fuera de la ley.

Con todo, reconoce que actualmente es imposible saber cuántos hay, porque se hacen en la clandestinidad. «La Junta tiene una relación de pozos legales, y todos los demás son ilegales». Esta ha sido una tendencia general en suelos minifundistas, tanto para evitar al fisco como por la difícil tramitación administrativa, «y con la connivencia electoralista de los ayuntamientos». «Sólo los más visibles, que están cerca de los ríos, son legales, el resto son perforaciones en pizarras, que hay a montones. A ello, se une el hecho de que se encuentran dentro de propiedades privadas, y se hacen al amparo del silencio, nadie denuncia a su vecino».

Además, otro punto que critica es que el proceso administrativo favorece esta situación: algunos se abren con permiso de investigación y se explotan sin concesión durante ese periodo, que puede prolongarse años. Además, el proceso de legalización es muy tortuoso, y se encuentra con una Administración desbordada. A juicio de este experto, sólo un guarda de ríos controla este tipo de prospecciones desde Manilva hasta la costa de Granada; mientras que en el caso del Seprona, hay una pareja de guardias activa para toda la comarca de la Axarquía. «Es un tema que preocupa a las fuerzas del orden pero están desbordados». Por ello, Rafael Yus reclama una inversión especial en vigilancia y en más personal.

Sin embargo, la situación está cambiando. Por su parte, Greenpeace pide a la ciudadanía que, a través de su plataforma de denuncias y filtraciones online, aporte información y le haga llegar, de forma anónima y confidencial, aquellos documentos que puedan probar la existencia de pozos ilegales.

Amarillo insiste en que el caso de Julen ha marcado un antes y un después en este asunto: «Ha tenido que pasar una desgracia, pero en los últimos días hemos registrado un aumento de personas que se han puesto en contacto con nosotros para denunciar la existencia de pozos ilegales».