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Málaga sigue siendo un filón para las empresas de vehículos de turismo con conductor (VTC). Ni el hecho de que la provincia sea el territorio español con mayor competencia directa entre estos tipos de servicios y los que ofrece el taxi ni el descenso de ... actividad que ha provocado la pandemia parecen impedir que siga creciendo la oferta de estos coches que operan a través de Uber y Cabify y que únicamente pueden trabajar bajo precontratación. En lo que va de año, Málaga vuelve a liderar el aumento de nuevas autorizaciones a nivel nacional, al sumar 356 más desde enero, frente a las 318 de Barcelona, las 269 de Valencia, las 28 de Sevilla o la pérdida de 401 en Madrid.
El resultado es que, a día de hoy, ya son 2.240 los VTC validados en suelo malagueño, cifra que comparándola con los 2.740 taxis censados según el Instituto Nacional de Estadística (las tablas del Ministerio de Transportes sólo recogen los 2.695 que tienen autorización para prestar servicios interurbanos) da como resultado una proporción de 1 VTC por cada 1,2 taxis, la ratio más baja del país por delante incluso de Madrid (1/2) y Barcelona (1/4). Sin embargo, si se tiene en cuenta que el territorio donde concentran la mayor parte de su actividad es la Costa del Sol occidental, la equiparación es ya una realidad puesto que en la franja comprendida entre la capital y Marbella hay 2.250 taxis.
A esta concentración, que no se da en otros destinos turísticos, se suma otra cuestión, y es que en Andalucía hay otras 956 licencias (450 en Sevilla, 169 en Granada, 118 en Cádiz ó 96 en Almería) que pueden operar con plena libertad por toda la geografía regional, siempre que lo hagan previa contratación. Del mismo modo, las otras 15.230 que hay autorizadas en el resto del país también pueden trabajar en otras comunidades siempre que no rebasen el 20% de la facturación por trimestre.
Esa proporción de 1/1,2 echa por tierra el 1/30 que la legislación estatal marca como tope a la hora de conceder nuevos permisos. Pero la realidad es que siguen llegando. No por vía administrativa, puesto que la Junta de Andalucía (la concesión corresponde a las comunidades autónomas) lleva años con el grifo cerrado para intentar controlar su expansión, pero sí con un goteo continuo a través de los tribunales, ya que se trata de autorizaciones que fueron tramitadas al amparo de la liberalización del sector que estuvo vigente entre 2009 y 2015.
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Con el objetivo de garantizar el equilibrio entre ambos servicios, la Junta de Andalucía aprobó el pasado mes de febrero el decreto de modernización y flexibilización del taxi que, entre otras medidas, contempla la posibilidad de contratar el servicio a precio cerrado para que el cliente sepa de antemano cuánto le va a costar la carrera (igual que Uber y Cabify) o la posibilidad de compartir taxi en trayectos con origen o destino en puntos de gran afluencia como aeropuertos, estaciones o recintos feriales, aunque para poder aplicar la contratación por plaza con pago individual deberá primero plasmarse en la ordenanza de cada municipio.
Sin embargo, la regulación de los VTC sigue pendiente debido a la falta de consenso y, especialmente, por las dudas jurídicas que tienen en la Consejería de Fomento a la hora de aplicarles restricciones que podrían acabar en los juzgados como la imposición de la precontratación con un tiempo mínimo de antelación.
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