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Quienes tengan intención de coger un taxi este jueves en Málaga pueden ir empezando a armarse de paciencia. La mitad de la flota de la capital y de toda la Costa del Sol occidental (desde Torremolinos a Manilva) tiene previsto secundar un paro parcial para acudir a la concentración que el sector a nivel regional ha convocado en protesta por la decisión de la Junta de aprobar un decreto autonómico que permitirá a las empresas de VTC como Uber, Cabify o Bolt seguir realizando trayectos íntegramente en núcleos urbanos a partir del 1 de octubre.
Esta norma, que aún se está negociando, se tramitará en cumplimiento del decreto del Gobierno central aprobado en 2018 por el que, sin regulación autonómica, las autorizaciones de estos coches pasarán a ser únicamente interurbanas (sólo podrían cubrir carreras entre distintos municipios).
La protesta, convocada por la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT) -organización mayoritaria en la región-, se desarrollará entre las 9.30 y las 13.00 horas ante la sede de la Consejería de Fomento, en Sevilla, donde se espera que acudan taxistas de todas las provincias.
Para conseguir la máxima asistencia posible y, a la vez, tratar de minimizar las molestias al usuario, la Confederación de Taxis de la Costa del Sol (que aglutina a los profesionales de los 11 municipios del litoral occidental de Málaga) ha acordado que una mitad de la flota siga prestando servicio mientras la otra secundará el paro para así poder acudir a la manifestación en la capital andaluza o en señal de apoyo.
¿Cuáles estarán operativos? Por una simple cuestión de que este jueves 15 de septiembre es día impar, se ha decidido que los vehículos que deberán seguir trabajando sean aquellos cuyo número de licencia sea impar. Además, también estarán disponibles todos los vehículos adaptados para personas con movilidad reducida, así como aquellos a los que les toca el turno en el aeropuerto. Por tanto, de los 1.432 taxis con licencia en Málaga capital estarán funcionando unos 800 entre las 9.30 y las 13.00 horas. En cuanto al resto de municipios, en Marbella serían en torno a 150, mientras en Benalmádena, Torremolinos, Mijas o Fuengirola serán unos 60.
Esta protesta es la segunda que protagonizará el sector después de que la Junta de Andalucía confirmara la semana pasada que, aunque sea sobre la bocina, regulará la actividad de los VTC para que puedan seguir realizando trayectos urbanos a partir del 1 de octubre. Esta norma autonómica que exige el Gobierno central no afecta a los VTC tradicionales que desde hace décadas operan en la Costa del Sol recogiendo a turistas de sus hoteles para llevarlos al aeropuerto o la estación del AVE, pero sí amenaza el fulgurante negocio que Uber, Cabify y Bolt mantienen en Málaga porque les dejaría sin poder prestar servicios con origen y destino en la capital.
En cualquier caso, este decreto ley en el que lleva años trabajando la Consejería de Fomento y que todavía no está cerrado del todo llegará con una serie de restricciones a estos vehículos en un intento de garantizar la supervivencia del taxi. Entre las medidas que hay sobre la mesa, destaca la prohibición de parar o circular para la captación de clientes en el entorno de aeropuertos, estaciones de trenes y autobuses, así como de otros puntos de gran demanda de viajeros como hospitales, hoteles, centros comerciales u otros lugares donde se celebren eventos deportivos, culturales o sociales.
Aunque la regulación será a nivel autonómico, es en Málaga donde tendrá más incidencia, puesto que en la provincia hay censadas 2.332 autorizaciones de VTC, prácticamente tres de cada cuatro tarjetas activas en toda Andalucía (3.202). En comparación, hay 2.740 taxis circulando por tierras malagueñas.
De momento, desde la Consejería de Fomento siguen tratando de cerrar un documento con el mayor consenso posible, aunque siendo conscientes de que contentar a unos y otros va a ser prácticamente una misión imposible. En principio, la intención es que el texto pueda ser aprobado en el Consejo de Gobierno del próximo martes, aunque en vista de cómo está la situación podría dejarse para el del 27. A partir de ese primer visto bueno, el siguiente paso sería su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y su convalidación por el Parlamento autonómico.
La realidad a día de hoy es que tanto taxistas como empresas de VTC se han posicionado en contra del borrador provisional. Los primeros consideran insuficientes las limitaciones previstas; y los segundos lo ven demasiado restrictivo.
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