Siete municipios de Málaga se reparten 26 millones para buses eléctricos, carriles bici y zonas de bajas emisiones

La que ha sido desestimada es la solicitud de Marbella, que había pedido financiación por valor de 10 millones de euros y que una vez más se queda fuera por el conflicto que mantiene con la Seguridad Social para financiar la deuda con ese organismo y el destino de las indemnizaciones procedentes de las causas por corrupción.

Entre los beneficiarios, Málaga capital es la que sale mejor parada, al serles concedidos un total de 14,7 millones de euros. De ese montante, 10,2 millones se destinan a siete iniciativas impulsadas por el propio Ayuntamiento, aunque hay que sumar otros 4,5 millones que le corresponden dentro de los 20,5 otorgados a la agrupación de las empresas de autobuses de Málaga (EMT), Mallorca, San Sebastián y Las Palmas de Gran Canaria para proyectos de digitalización de los medios de pago, instalación de marquesinas inteligentes, sistemas de control de aforos o para la sensorización y monitorización de los vehículos.

Volviendo a las propuestas presentadas a título individual, el importe es sensiblemente inferior a los 26 millones a los que aspiraba la capital, al caerse de la relación de actuaciones concedidas la ayuda pedida para la construcción de las nuevas cocheras de la EMT en Los Prados. Para lo que sí habrá dinero es para la implantación de una zona de bajas emisiones en el Centro de la ciudad (3,75 millones), la renovación de la flota de autobuses para la incorporación de vehículos eléctricos (2 millones), la creación de un carril bus exclusivo en el campus de Teatinos (1,18), la creación de carriles bici (1,03), el desarrollo y puesta en servicio de un sistema digital de información a usuarios del transporte públicos (952.650 euros), el despliegue de una red de vigilancia y control de calidad del aire y del nivel de ruido (892.380) y la priorización semafórica en el viario y construcción de paradas accesibles en la zona Este-Norte y Teatinos (392.613).

Para poder asegurarse estos fondos, todas estas iniciativas deben estar licitadas antes del próximo 30 de abril, de forma que en noviembre de este mismo año se haya adjudicado actuaciones por un importe mínimo de 6,1 millones.

Por cuantía, en el segundo escalón se encuentra el Ayuntamiento de Vélez, que va a percibir 3,7 millones para la rehabilitación de las infraestructuras para el tranvía que conecta con Torre del Mar; seguidos por los 2,88 millones que irán a parar a Benalmádena para actuaciones de calmado de tráfico (1,3 millones), la implantación de un carril de priorización para el transporte colectivo (1 millón) y la creación de carriles bici (576.000).

En la resolución también figuran 1,97 millones para Torremolinos, que serán destinados para la creación de una zona de bajas emisiones en el Centro de la localidad (643.500 euros), el fortalecimiento de la misma (540.000), la puesta en marcha de itinerarios peatonales y caminos escolares seguros (463.500) y la adquisición de cargadores e instalación fotovoltaica en cocheras para autoabastecimiento energético de la flota municipal.

Por su parte, al Ayuntamiento de Estepona le han sido concedidos 1,53 millones para la implantación de medidas de movilidad sostenible (1.036.728 euros) y la adquisición de vehículos eléctricos para el transporte público (500.950).

En Nerja, se han otorgado 492.202 euros para la creación de carriles bici, mientras Fuengirola recibirá 426.000 euros para la puesta en marcha de una tarjeta ciudadana para la movilidad inteligente.

Como recoge la resolución, el objetivo de este programa financiado con los fondos Next Generation (el instrumento de emergencia activado por la Unión Europea para ayudar a los Estados a recuperarse de la crisis provocada por el Covid-19) es acelerar la mejora de la calidad del aire y contribuir a la descarbonización del transporte urbano, haciendo más atractivo el uso del transporte colectivo y de la movilidad activa (bicicleta, ir a pie), de manera que el uso del vehículo privado de motor sea más limitado en el centro de las ciudades.

Estas ayudas contribuirán al objetivo establecido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de reducir un 35% el tráfico privado para ayudar a mitigar las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero, reducir los niveles de ruido, mejorar la calidad de vida de las ciudades y facilitar el desarrollo de la movilidad activa en los entornos urbanos.

Las líneas de ayudas se dirigen a municipios de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia, que son los competentes para prestar servicios de transporte público y a los que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética obliga a implementar zonas de bajas emisiones (ZBE) antes de 2023. Las iniciativas recogidas en las líneas de fomento del cambio modal, transformación de flota y digitalización del transporte se dirigen también a los municipios con más de 20.000 habitantes que cumplan determinados criterios, como disponer de servicios de transporte colectivo público.