Los alcaldes exigen al Gobierno dinero para paliar por la pérdida de ingresos por la anulación de la plusvalía

Tanto si el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) llegara a ser suprimido como si, como todo apunta, es reformulado tal y como pretende el Ministerio de Hacienda para tratar de mantener ese filón recaudatorio, los alcaldes piden que se les compense económicamente por el tiempo que no van a poder contar con esta vía de ingresos, ya que en el momento en que se publique la sentencia firme no podrán cobrar este tributo hasta que se apruebe la norma para reformar el método para calcular su base imponible. Ahora se establece aplicando al valor un porcentaje que va variando en función del número de años transcurridos desde la anterior transmisión hasta la actual, oscilando entre el 3,7% cuando el periodo es un año y el 60% si supera los 20. Por tanto, independientemente de lo que rija el mercado inmobiliario, con este sistema siempre hay incremento de valor. Es decir, la maquinaria recaudatoria siempre gana a costa del bolsillo del contribuyente. ¿Una obviedad? Sí, pero es ahora cuando el Constitucional le ha puesto fin.

Y ahora es también cuando las cuentas de los ayuntamientos se tambalean. En el de Málaga capital, el impacto ronda los 50 millones de euros, aunque en los presupuestos de 2022 que estaban prácticamente listos se contemplaban 55,2. «Ahora no sirve», advierte el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), quien exige al Ejecutivo central «soluciones» para el próximo ejercicio y que «dé respuesta a lo largo del próximo año para al menos suplir y compensar los ingresos que desaparecen y elaborar algo que tenga solidez y no los puntos débiles que ha demostrado el impuesto de la plusvalía». En este sentido, reconoce que los ayuntamientos tienen «un problema grave», por lo que urge a «buscar soluciones para el año 2022». «Cada uno haremos lo que podamos, pero nos gustaría tener respaldo y una respuesta del Gobierno», destaca.

«Pedimos al Ministerio de Hacienda, que sabe desde hace tres años que existía un recurso en el Constitucional, que se pronuncie de manera inmediata y nos dé la seguridad a los ayuntamientos para que cuando presentemos los presupuestos estén garantizados esos ingresos», expone la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz. En esta localidad se recaudaron por este concepto 27 millones de euros, por lo que su pérdida «supondrá la inviabilidad de los servicios públicos». De momento, se ha dejado en suspenso la aprobación inicial de los presupuestos de 2022, que estaba prevista para el próximo lunes.

Con la misma contundencia se expresa el regidor de Vélez, Antonio Moreno Ferrer (PSOE) al calificar la sentencia de «nefasta, ya que va a afectar a todos los servicios que se dan a la ciudadanía». El Consistorio axárquico ingresa cada año unos 10 millones por la plusvalía, prácticamente una décima parte del presupuesto municipal (107 millones). De momento, ha dado instrucciones al Patronato de Recaudación Provincial (órgano de la Diputación al que tiene delegado el cobro) para que paralice las liquidaciones pendientes y, como ocurre con el resto de municipios, tendrá que modificar las cuentas de 2022 que ya estaban perfiladas. En todo caso, Moreno Ferrer pide al Gobierno central «una norma que restablezca la justicia recaudatoria y fórmulas de compensación por la pérdida de ingresos». «Ahora más que nunca es necesario retomar la financiación de las haciendas locales. Esperemos que desde el Gobierno se tenga la sensibilidad suficiente para paliar con compensaciones la merma de ingresos, como ya se tuvo con la pérdida del Impuesto de Actividades Económicas», argumenta.

En la misma línea se expresa su compañera de partido y teniente de alcalde de Torremolinos, Maribel Tocón, al considerar que la anulación de la plusvalía es «un varapalo» que «da en la línea de flotación de la estabilidad económica de los ayuntamientos». Tras recordar que en 2020 la liquidación por este tributo fue de 7,3 millones, la concejala de Hacienda reclama al Ejecutivo central que busque «cauces alternativos y adecuados para reformular este impuesto o bien para crear uno nuevo para que los ayuntamientos podamos gravar de alguna forma esta actividad que se seguirá produciendo».

«Sería un agujero insostenible, y nos obligaría a recortar servicios», señala el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), quien confirma que para su localidad «supondría renunciar a 3,6 millones de euros, casi el 10% del presupuesto anual.

Similar es la valoración del alcalde de Benalmádena, Víctor Navas (PSOE). «Imagino que tendrán que compensar a los ayuntamientos porque, si no es así, no sé como vamos a hacer frente al cada vez mayor número de competencias con los pocos recursos que nos van dejando».

En Antequera, la primera medida que se ha adoptado ha sido paralizar la aprobación de los presupuestos de 2022 porque la anulación de la plusvalía supone un descuadre de 1,3 millones. Así lo ha anunciado el regidor antequerano, Manuel Barón (PP), quien aún estando de acuerdo con que «si hay algún tipo de impuesto que sea injusto, que los ciudadanos no lo paguen», sí que ha advertido sobre sus consecuencias. «Si los ciudadanos no lo pagamos, el Ayuntamiento no lo ingresa y lógicamente se resienten los ingresos. Y eso repercute en los gastos de los servicios que se prestan», remarca Barón, quien también lanza un mensaje al Ejecutivo central. «Cuando el PP gobernaba se suprimió el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) a las empresas que facturaban menos de un millón de euros y se compensó a los ayuntamientos. Pues que haga lo mismo el señor Sánchez», resalta.

En Alhaurín de la Torre, donde la plusvalía reporta dos millones anuales a las arcas locales (el 5% de los ingresos) también reclaman una compensación. «Es una buena medida para los ciudadanos, pero vamos a perder cantidades muy importantes», afirma el alcalde, Joaquín Villanova (PP), quien aprovecha para recordar que desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y desde la andaluza (FAMP) los ayuntamiento llevan «años solicitando una reforma de la ley con respecto a la plusvalía, mientras la señora Montero (ministra de Hacienda) no ha hecho nada». «Ahora nos encontramos con que no tenemos ingresos de los ciudadanos ni del Estado», sentencia.

Tampoco oculta su preocupación la alcaldesa de Ronda ante la pérdida de unos 1,5 millones de euros anuales. «No sé cómo vamos a paliar esto. Los ayuntamientos ya nos vemos asfixiados. Si ahora nos quitan esto y si el Gobierno de España no nos ayuda, será imposible que salgamos adelante. Es imposible que la administración más cercana a las ciudadanos, la que más servicios presta, tenga estas carencias», denuncia María de la Paz Fernández (PP).

Más tranquilo se muestra su homólogo en Torrox, Óscar Medina (PP). «Aunque esta sentencia va a suponer que dejemos de ingresar unos dos millones de euros el año que viene, no se verán perjudicados ni los servicios ni las inversiones previstas, pero nos obligará a ajustar las cuentas», asegura el regidor. Además, dice alegrarse por los ciudadanos porque «esos dos millones que no recaude el Consistorio se quedarán en el bolsillo de todos los vecinos».

*En este artículo han colaborado: Eugenio Cabezas, Vanessa Melgar, Iván Gelibter, Andrea Jiménez, Antonio J. Guerrero y Joaquina Dueñas