En punto muerto. Así se encuentra el proceso de renovación de los estatutos del Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos de Málaga, entidad dependiente de la Diputación y que presta el servicio de recogida, transferencia y tratamiento de la basura a 91 municipios de la provincia, ... para adaptarlos a la normativa andaluza. El equipo de gobierno del PP ya tiene el apoyo de Vox y Con Málaga para la aprobación de la normativa mientras el PSOE -el otro partido que gobierna un gran número de localidades- mantiene su negativa si no se atienden una serie de exigencias. Esta falta de acuerdo ha provocado una situación de bloqueo ya que no se llega a los dos tercios necesarios de la junta general para dar luz verde a los estatutos.
Desde el PP, el presidente del Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos, Luis Rodríguez, insiste en que es necesaria la aprobación de los estatutos para adaptarlos a una normativa de 2010 por lo que «ya vamos tarde» y que el hecho de que no se dé luz verde a esta modificación provoca que la Diputación no podrá hacer las transferencias económicas al Consorcio por lo que tendrían que asumirlo los municipios, lo que supondría un desembolso anual de unos 3,6 millones de euros.
En este sentido, Rodríguez explica que en el pleno ordinario de este miércoles el equipo de gobierno tendrá que levantar un reparo del interventor para que la Diputación pueda liberar esos 3,6 millones presupuestados para este año. El habilitado nacional ha puesto objeciones porque no se cumple la normativa al no haberse modificado los estatutos.
Denuncia de «bloqueo»
El diputado del PP, que confirma que Vox y Con Málaga respaldan la modificación, denuncia que el PSOE «bloquea la renovación de los estatutos» y alerta de los perjuicios que se pueden generar a los municipios de la provincia. Además, ha lamentado que los socialistas no acudieran a la última reunión convocada este lunes para intentar encontrar una salida.
Desde el PSOE, su portavoz provincial, Josele González, argumenta la oposición a la modificación de los estatutos en que con esta renovación se le dará el control del Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos a los grandes municipios en detrimento de los pequeños y porque exigen que la Diputación asuma, de forma progresiva durante cinco años, las aportaciones que hacen al consorcio las localidades menores de 10.000 habitantes.
«Con los estatutos actuales, cada municipio tiene un voto en el consorcio; con la propuesta del PP tendrían que juntarse 33 pueblos para tener los mismos votos que Rincón de la Victoria o 48 pueblos para igualar los que tiene sólo Vélez-Málaga», expone.
Propuesta «razonable»
González denuncia que el equipo de gobierno ha vuelto a subir la tasas del consorcio a los ayuntamientos «una media de un 5,65%» cuando esta entidad tiene un remanente de cinco millones y diez pendientes de cobro«. »Por eso, hemos propuesto que la Diputación asuma las aportaciones que los municipios menores de 10.000 habitantes hacen al Consorcio de Residuos Sólidos. Esas aportaciones suman seis millones. La Diputación tiene un presupuesto de 460 millones de euros. Le pedimos al PP que no se ampare en leyes estatales y busque fórmulas para que los municipios se ahorren esos seis millones. Es una propuesta razonable«, añade.
A estas propuestas, Luis Rodríguez responde que ya se propuso una solución para que los municipios pequeños no perdieran poder de representación en el consorcio e insiste en que la Diputación no puede asumir el coste de las localidades hasta 10.000 habitantes porque va contra la ley aprobada por el Gobierno central de adaptación de la normativa europea para modificar las ordenanzas de recogida de basura donde se establece que se debe repercutir en los usuarios el 100% de ese recibo por lo que no cabe bonificar o subvenciona el coste de este servicio.