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efe
Viernes, 1 de febrero 2019, 17:07
La federación de consumidores Facua ha logrado que el operador telefónico Movistar anule un cargo irregular de 6.830 euros efectuado a una abonada al servicio por la denominada itinerancia -tarifa extra por navegar en Internet con el móvil fuera de la Unión Europea- al haberle dado una información deficiente.
La Junta Arbitral de Consumo de Málaga ha dado la razón a la usuaria María Rosa J.A., a la que el operador cargó esa cantidad sin informarle de las tarifas del servicio internacional ni cortarlo tras superar el máximo establecido de 60,50 euros, según ha explicado este viernes la Facuaen un comunicado.
Los hechos ocurrieron en el 2016 cuando a la afectada le aseguraron en un establecimiento de la compañía que no sería necesario realizar ningún trámite para disfrutar de los servicios que tenía contratados durante el viaje que planeaba realizar a La Habana (Cuba) en el verano de ese año.
Sin embargo, la abonada comprobó al llegar a la isla que no podía utilizar el teléfono y tuvo que contactar con Movistar para restablecer la navegación por internet, aunque le manifestaron que recibiría mensajes al alcanzar el 80 por ciento y el total del límite de 60,50 euros máximos de facturación por itinerancia.
La usuaria, que siguió sin poder realizar llamadas durante toda su estancia en Cuba, recibió a la vuelta una factura de 6.830 euros en concepto de itinerancia, tras lo que reclamó sin éxito.
Gestionó con la Facua Málaga tramitar la anulación del importe y el equipo jurídico de la asociación le confirmó la existencia de varias irregularidades que hacían improcedente el cargo facturado, ya que la normativa establece que se debe informar al usuario de las tarifas.
La organización de consumidores recuerda que el consumo máximo que puede facturarse en un país que no es miembro de la Unión Europea es de 60,50 euros y, si el cliente lo alcanza, la compañía debe comunicárselo para que decida si solicita el restablecimiento del servicio y pueda cobrarse.
Movistar se negó a atender las distintas reclamaciones de la Facua, alegó que su actuación había sido correcta y llegó a suspender los servicios que la abonada tenía contratados, con la amenaza de que si no se hacía cargo del importe emprendería acciones legales.
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