Los límites de distancias entre salones de juego enfrentan a la Junta con el Ayuntamiento de Málaga

SUR ha podido tener acceso a ese documento, en el que el director general de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras con las corporaciones locales y Juego, Manuel Vázquez, exige al Ayuntamiento que derogue el acuerdo de aprobación inicial de este cambio del PGOU porque el Consistorio pretende con ello «invadir el ámbito competencial de la Junta de Andalucía en materia de juego y apuestas». Desde la Consejería de Hacienda, insisten en que esta iniciativa municipal supone una «intromisión» en la acción legislativa de la comunidad autónoma.

No lo ve de ese modo el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, quien opina que el Ayuntamiento «está legitimado para hacer una ordenación pormenorizada» de las ubicaciones de este tipo de establecimientos desde el punto de vista urbanístico. «No estamos regulando el juego, sino la ubicación, y entiendo que somos competentes para ello», argumentó el edil, quien se mostró partidario de seguir adelante con la tramitación de la modificación del PGOU pese al escrito presentado por la Junta.

En ese documento, la Consejería de Hacienda menciona el decreto que aprobó en mayo y entró en vigor en días pasados para establecer nuevos límites a los negocios recreativos. En concreto, a diferencia de los 500 metros de distancia planteados por la capital, la Junta ha aprobado que sean 150 metros, y únicamente respecto a colegios e institutos, sin incluir las zonas verdes. Asimismo, la administración regional ha prohibido cualquier tipo de publicidad, cartelería o imágenes sobre el juego o las apuestas en las fachadas de estos establecimientos que, a fecha del pasado 31 de marzo, eran un total de 196 en toda la provincia, según datos de Hacienda.

La modificación del PGOU que tramita Urbanismo no solo ha recabado el citado escrito en contra de la Junta, sino también la presentación de un recurso por parte de la Asociación de Empresarios del Recreativo de Málaga (Aerma), que comparte la tesis de que la administración local no es competente para dar este paso, y denuncia el perjuicio económico que supone para el sector de los salones de juego «en estos momentos tan sumamente delicados que vivimos con los cierres y restricciones por la pandemia». Según Aerma, la actual crisis ha llevado a la desaparición de 12 salones de juego en la provincia, que ahora son menos que en la recesión económica de 2010. Asimismo, los empresarios de recreativos critican que el Ayuntamiento haya establecido una moratoria de un año para la concesión de permisos para estos negocios desde el pasado 19 de abril, cuando fue publicado el acuerdo de la aprobación inicial de la modificación del PGOU.