La ley contra la temporalidad hará fijos más de 12.000 empleos públicos en Málaga

Y no serán precisamente los únicos, porque en cumplimiento de la ley de medidas urgentes para reducir la alta tasa de temporalidad en el sector público (se sitúa en torno al 30% en España y el objetivo es dejarla en un 8% tal y como marca la Unión Europea) que entró en vigor a finales de 2021 sólo en la provincia de Málaga van a convocarse en los próximos meses más de 12.000 plazas de funcionarios y laborales que hasta ahora vienen siendo ocupadas de forma interina. Para hacerse una idea, suponen el 15% de los algo más de 82.000 servidores públicos que en suelo malagueño suman Estado, Junta, ayuntamientos y otros entes como la Diputación, las mancomunidades o la propia Universidad.

Aunque si se pone el foco en los 103 consistorios, que son los que más vienen recurriendo a la eventualidad, los 7.232 puestos ofertados representan el 37% de los 19.400 empleados que están en nómina de algún ente local. Dicho de otro modo, uno de cada tres son eventuales pese a acumular años y más años en el mismo puesto. En el ámbito supramunicipal, destacan las 1.011 plazas aprobadas por la Diputación y sus organismos dependientes (Patronato de Recaudación, Turismo, Madeca y los consorcios de Bomberos y Aguas), mientras la Universidad de Málaga estabilizará 136 puestos (132 de personal de administración y cuatro de docente).

¿Qué tienen en común? Todas son plazas de naturaleza estructural que, contando con dotación presupuestaria, han estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpida durante al menos los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2020. Ésa es la primera fecha a tener en cuenta, pero hay más. Las ofertas debían estar aprobadas antes del pasado 1 de junio, convocadas antes del próximo 31 de diciembre y resueltas a finales de 2024. En cualquier caso, este proceso no elimina la figura del interino, permitiéndose su contratación temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera durante un máximo de tres años.

Cierto es que la norma estatal contempla que en las convocatorias para adjudicar estos empleos se tenga en cuenta la experiencia en la institución de turno, pero ni siquiera eso garantiza la plaza. Si bien quienes lleven más de cinco años trabajando en el mismo puesto de funcionario de forma ininterrumpida podrán pasar a fijos a través de un concurso de méritos en el que se valorará la experiencia (también la del resto de candidatos que se presenten), en la mayoría de casos se adjudicarán mediante concurso-oposición, de forma que aunque la trayectoria supondrá hasta un 40% del camino, deberán medirse a otros aspirantes sin relación laboral con esa administración.

«Una cosa es que cuente la experiencia y otra tener asegurada la plaza sin un proceso que se rija por los criterios de igualdad, mérito y capacidad. Lo que es estabiliza es la plaza de forma definitiva, pero no la persona que la venía ocupando, por lo que el interino tendrá que concursar compitiendo con cualquiera que se presente», explica la abogada laboralista, Irene Podadera, quien vaticina un otoño complejo en las mesas de negociación de los distintos entes públicos a la hora de aprobar las bases de cada convocatoria, en las que predominará la fórmula del concurso-oposición.

«Así será en nueve de cada diez casos de los puestos ofertados por los ayuntamientos», asegura la secretaria provincial de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO, Inmaculada González. Pese a mostrar su «satisfacción» por el número de plazas aprobadas, la representante sindical no oculta su preocupación por dos cuestiones. Por un lado, «la negociación de los procedimientos para definir las convocatorias de los puestos ya ofertados» y que deben estar activadas antes de que acabe el año. Por otro, la incertidumbre que planea a partir del 1 de enero de 2023 sobre los trabajadores de entes públicos que no han activado estos planes de regularización pese a estar obligados. «Pueden suponer un 10% más de plazas», calcula.

¿Y qué pasará con los interinos que no superen las pruebas de acceso? Pues que se quedarán fuera, aunque la norma estatal les otorga el derecho a una compensación económica equivalente a 20 días de retribuciones fijas por año de servicio hasta un máximo de doce mensualidades (como un despido por causas objetivas) o, en el caso del personal laboral temporal, la diferencia entre ese máximo de 20 días y la indemnización que le correspondiera por la extinción de su contrato. Obviamente, la no participación en el proceso selectivo descarta cualquier derecho.

A nivel municipal, los grandes ayuntamientos son los que acaparan el grueso de las plazas, aunque el que se lleva la palma de la precariedad es el de Marbella, cuyos planes de estabilización suman 1.860 puestos, algo más de la mitad de su plantilla. Desde el Área de Recursos Humanos justifican este volumen en que todos los servicios públicos (limpieza, recogida de residuos, mantenimiento de zonas verdes,…) son gestionados directamente por el Consistorio, a diferencia de otros municipios que los tienen externalizados a empresas privadas.

Tampoco se queda atrás Torremolinos con los 849 puestos que va a regularizar. A mayor distancia se encuentran el resto, como los 400 de Mijas, los 353 de Málaga capital (incluidos órganos como la EMT, Gestrisam o el Instituto Municipal de la Vivienda), los 375 de Estepona, los 269 de Fuengirola o los 235 de Benalmádena.

Ante tal volumen de trabajo, la legislación contempla que las diputaciones provinciales podrán echar una mano a los ayuntamientos con menos capacidad de gestión. Y así lo está haciendo la de Málaga al prestarle asesoramiento a más de 70 municipios. De hecho, una de las administraciones que más avanzado tiene el proceso extraordinario de estabilización es precisamente la Diputación, que ya tiene consensuadas con los sindicatos las bases para regularizar 324 plazas mediante dos convocatorias. En la primera se adjudicarán 250 por un concurso de méritos, en la que se dará prioridad a los empleados de carácter temporal que llevan prestando servicios en la institución desde hace una media de once años. La segunda, de 74, será por concurso-oposición y también se favorecerá a quienes acumulen una trayectoria laboral en la entidad.

De forma paralela, organismos dependientes de la institución provincial también tienen perfilados sus planes de regularización, empezando por el Consorcio de Bomberos (321) y continuando por el Patronato de Recaudación (288), Turismo y Planificación (63), el Consorcio de Aguas (12) y la Fundación Madeca (3).