La Audiencia Provincial de Málaga elige a 3.000 residentes para ser jurado popular, ¿eres uno de ellos?

Viendo las estadísticas, la probabilidad de que finalmente sean citados es remota, ya que de los 556 juicios penales registrados el año pasado únicamente 16 (3%) se juzgaron por este sistema. La imposición de la pena compete al magistrado, pero en este tipo de juicios los encargados de emitir el veredicto en base a las pruebas aportadas son las nueve personas que conforman el jurado.

Este sorteo se realiza a finales de septiembre de todos los años pares. Tal y como establece la Ley del Tribunal del Jurado de 1995, en el bombo entra el millón de mayores de edad que constan en el censo electoral de la provincia y, tras extraer un número aleatorio que identifica al primer elegido se van sumando el resto hasta completar una lista que, en el caso de Málaga, está compuesta por tres mil personas que podrían ser llamadas entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020. Esta cifra es el resultado de multiplicar por 50 el número de causas que la Audiencia estima que pasarán por el Tribunal del Jurado en los dos próximos años atendiendo a los procedimientos celebrados en años anteriores. De esta forma, se prevén que en este periodo tengan lugar unos 60 juicios con jurado.

¿Quiénes son los agraciados? La respuesta está en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) –www.bopmalaga.es–, en cuya publicación del pasado lunes aparecen con nombre y apellidos los tres mil seleccionados de manera provisional. Para localizarlo más fácilmente, lo ideal es ir al apartado de búsquedas y teclear la palabra 'jurado'. El primer documento que devuelve es el del listado con los elegidos.

Además, en estos días los seleccionados están recibiendo una notificación oficial de la Audiencia en la que se les comunica su inclusión en este listado, además de informarles de las causas de incompatibilidad, incapacidad o excusa que se pueden alegar para ser excluido. ¿Pueden negarse? Si no está justificado, el incumplimiento de este deber conlleva una sanción de hasta 1.500 euros. ¿Quiénes pueden librarse? Tal y como está reglado en la norma estatal, están exentos las personalidades del Estado (Familia Real, miembros del Gobierno, presidentes autonómicos, diputados, concejales), jueces, abogados, efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o funcionarios de prisiones. Además, se pueden excusar los mayores de 65 años, los que residan en el extranjero, quienes hayan ejercido de jurado en los últimos cuatro años, quienes desempeñen un trabajo relevante de interés general cuya sustitución originaría importante perjuicios, los militares cuando concurran razones de servicio o a quienes por cargas familiares les suponga un grave trastorno.

En cada procedimiento se designan a 36 personas, también por sorteo, para así tener margen en el caso de que la Fiscalía o las defensas recusen a algunos de los candidatos. Finalmente, son elegidos nueve titulares y dos suplentes, a los que se les paga 67 euros por sesión más gastos de desplazamiento y dietas. Una vez constituido el tribunal, los elegidos tienen que jurar o prometer que desempeñarán «bien y fielmente la función del jurado, con imparcialidad, sin odio ni afecto, examinando la acusación, apreciando las pruebas y resolviendo si son culpables o no culpables de los delitos objeto del procedimiento los acusados, así como guardar secreto de las deliberaciones». Muy de película, pero real como la vida misma.