La Junta se agarra a dudas jurídicas para no regular la actividad de Uber y Cabify

De hecho, se miran en el espejo de Cataluña y País Vasco, donde la imposición de la precontratación con una antelación mínima de una hora y 30 minutos, respectivamente, fue suspendida de forma cautelar por los tribunales «por ser contraria a la libertad de empresa y discriminatoria». Además, en otras regiones como Baleares también ha sido impugnada por el sector de los VTC. «Estamos intentando encontrar soluciones a un problema con el mayor consenso posible, pero nos encontramos en el mismo punto que hace dos años, con una inseguridad jurídica absoluta para poder regular de forma autonómica porque el decreto del Gobierno central transfirió esa responsabilidad a las comunidades autónomas. Algunas han regulado, pero están siendo objeto de reclamaciones patrimoniales millonarias», ha advertido Carazo a preguntas del PSOE y Adelante Andalucía durante la comisión de Fomento del Parlamento andaluz celebrada este miércoles

En este sentido, cabe recordar que mediante el citado decreto aprobado por el Consejo de Ministros en septiembre de 2018 el Gobierno habilitó a las comunidades autonómas y a los ayuntamientos para que puedan regular este sistema de transporte, concediéndoles una moratoria de cuatro años. A partir de ese periodo, todas las licencias de VTC pasarán a ser interurbanas, de forma que para poder seguir operando en trayectos urbanos deberán adaptarse a las respectivas normativas regionales y municipales.

«Este Gobierno va a regular, pero con seguridad jurídica. Mientras, seguimos trabajando y buscando soluciones con los VTC y con los taxistas, e incrementando las labores de inspección y control para evitar el intrusismo y la captación ilegal de viajeros», ha remarcado la consejera, quien ha reconocido que es «difícil regular» esta actividad porque afecta a la libre competencia.

Como alternativa a ese intervalo temporal para garantizar esa precontratación obligatoria de los VTC (estos coches sólo pueden prestar servicio bajo contratación previa, a diferencia del taxi que puede captar clientes en la vía pública), la Dirección General de Movilidad planteó en noviembre de 2019 la posibilidad de prohibirles estacionar sin estar precontratados alrededor de zonas de gran demanda de viajeros como estaciones, áreas comerciales, hoteles o cualquier lugar donde se esté celebrando un evento deportivo, cultural o social. En esta misma línea de impedirles la captación (lo tienen prohibido) también se expuso la idea de limitar su geolocalización previa a la contratación para así evitar que aparezca en la 'app' y el usuario, al comprobar que alguno de estos vehículos está cerca, solicite sus servicios. De momento, estas medidas tampoco se han materializado.