La Junta se resiste a pagar los tres millones que le reclama el Estado de la multa de la UE por falta de depuración

Y ahí es donde se agarra el Ejecutivo central para pedirle al regional no sólo que abone esos 3 millones que ya salieron del Tesoro Público rumbo a la Comisión Europea dentro de los 32,7 correspondientes al resto de incumplimientos del país entre la condena en julio de 2018 y el recargo de los dos siguientes semestres de retraso, sino también los importes correspondientes hasta que ambos puntos negros desaparezcan. Sólo en lo que respecta al segundo semestre de 2019 y al primero de 2020, el montante de la multa coercitiva es de 1,21 millones en el caso de Coín (las obras para que su red de saneamiento enlace con la depuradora estarán listas este otoño) y 1,26 millones en el de Alhaurín. En este caso, el gasto en multas irá a más porque la estación metropolitana no estará operativa al menos hasta 2024.

Según confirman desde la Consejería de Presidencia del Gobierno andaluz, el gabinete jurídico está ultimando los trámites para interponer ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo un recurso contra el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 10 de marzo en el que se aprobó la derivación de responsabilidades a la Administración autonómica. Además, se ha solicitado la suspensión del pago de la cuantía exigida.

Desde el Ejecutivo regional se resisten a avanzar a este periódico los argumentos sobre los que se sustentará este recurso, aunque a tenor de las alegaciones que ya presentó (y que fueron desestimadas) contra la resolución del Ministerio de Política Territorial en octubre de 2019 que daba inicio al proceso de repercusión de responsabilidades hay dos líneas de acción. Por un lado, consideran que este procedimiento es «extemporáneo» porque se inició más de un año después de la notificación de la sentencia de la UE (13 de septiembre de 2018) en lugar de los dos meses establecidos. Una tesis que rechaza el Gobierno recordando que el decreto 515/2013 que regula el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea establece que «se podrá ejercitar en los cuatro años posteriores a la fecha en la que el Estado haya satisfecho la sanción». El primero de los tres pagos emitidos hasta la fecha tuvo lugar en octubre de 2018.

El segundo argumento esgrimido entonces tiene que ver con la imputación de la responsabilidad. La Junta de Andalucía alegó que tanto el Estatuto de Autonomía como la Ley de Aguas de Andalucía atribuyen a los municipios las competencias sobre el saneamiento y tratamiento de aguas residuales. Es decir, derivaba la culpa a los ayuntamientos.

Sin embargo, el Ministerio de Transición Ecológica también la desestimó estableciendo una distinción entre la competencia sobre la depuración de las aguas residuales y la correspondiente a la realización de las obras hidráulicas necesarias para la prestación de dicho servicio. En este sentido, incide en que la sanción «tiene su origen en la falta de ejecución de las infraestructuras necesarias» y considera que el acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010 por el que se declaran de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía un paquete de obras de depuración, entre las que se encuentran las de Coín y Alhaurín el Grande, es «un mecanismo jurídico que permite modificar la competencia». Asimismo, recuerda que la Junta viene cobrando desde mayo de 2011 un canon de mejora a través de la factura del agua de todos los andaluces para financiar estas actuaciones hidráulicas.