La Junta registra un aumento de las peticiones para legalizar pozos tras el suceso de Totalán

El delegado en funciones de Medio Ambiente, Adolfo Moreno, confirmó que han sido muchos los particulares que se han interesado por esta cuestión en las últimas semanas, si bien no concretó una cifra exacta de solicitudes. «No llevamos una estadística, pero sí que se ha notado el incremento, hay un claro interés por regularizar este tipo de perforaciones desde el lamentable caso de Totalán», señaló Moreno, quien apuntó que, a lo largo del año pasado, el servicio de autorizaciones y concesiones del Dominio Público Hidráulico tramitó unos seiscientos expedientes relativos a pozos.

Precisamente ayer, la Delegación del Gobierno central en Andalucía anunció que convocará a todas las administraciones competentes (Junta de Andalucía, organismos competentes de las cuencas y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias) y a la Guardia Civil para intensificar y coordinar las inspecciones, denuncias y actuaciones referentes al control de pozos ilegales destinados a sondeos o a extracción de agua sin concesión.

La Ley 9/2010 de Aguas para Andalucía obliga a recabar en primer lugar el permiso de Medio Ambiente para captaciones de agua que no superen los 7.000 metros cúbicos anuales mediante la apertura de pozos. Esta autorización se solicita mediante la presentación de un impreso que facilitan en las oficinas de Aguas, en el número 20 del paseo de Reding, en el conocido como Palacio de la Tinta, al que debe adjuntarse el título que acredite la propiedad de la finca y un plano parcelario delCatastro indicando la ubicación del pozo, sus características y la superficie regable, entre otras cuestiones.

No obstante, este no es el único permiso necesario. Una vez que se obtiene el visto bueno de Medio Ambiente, también se requiere la autorización del servicio de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía para la realización de la perforación en sí. Minas pide dos procedimientos: uno de autorización previa a las obras, para el que se exige, entre otra documentación, el permiso de Aguas y un proyecto técnico elaborado por un titulado en Minas y visado por el colegio profesional correspondiente; y otro de puesta en servicio, una vez realizada la obra de captación de aguas subterráneas. «Para la legalización de obras ya realizadas se exige la misma documentación de autorización previa y puesta en servicio», explicaron fuentes del servicio provincial de Minas, que también admitieron que se ha producido un incremento de las solicitudes respecto a este tipo de expedientes en los últimos días.

«Esperamos que la desgracia acontecida en Totalán sirva para algo y anime a los propietarios de terrenos que quieran hacer un pozo a llevarlo a cabo por los cauces reglamentarios», señalaron las fuentes.

Muchas de las consultas que se están recibiendo son relativas a cómo debe sellarse un pozo que está en desuso o que nunca llegó a ponerse en marcha. Desde la Junta señalaron que la Ley de Aguas carece todavía de un reglamento que establezca en detalle las condiciones para el sellado y verificación de los pozos en desuso. No obstante, aclararon que, pese a este vacío legal, en el proyecto técnico que debe acompañar la solicitud a Minas para realizar el pozo deben incluirse las medidas previstas de sellado para el caso de que no llegue a utilizarse o deje de emplearse.

Empresas de la provincia dedicadas a la realización de sondeos para pozos, consultadas por este periódico, confirmaron que, en las últimas semanas, ha aumentado el interés de los dueños de terrenos por culminar la regularización de perforaciones que ya están ejecutadas. Asimismo, destacaron que, a raíz del caso de Totalán, muchos propietarios están tapando pozos y mejorando sus medidas de seguridad.