La Junta y el Gobierno se enzarza a costa del dinero que cobran los parados

Los contendientes han sido la consejera de Empleo, Rocío Blanco, y el subdelegado del Gobierno, José Salas, quienes minutos antes hablaban de colaboración y de trabajo conjunto. El fuego cruzado lo inició la primera, aunque la respuesta no se hizo esperar. «Un andaluz vale menos para el Gobierno de España que la media de España», golpeaba Blanco. «Hay una política de victimismo de Andalucía que no tiene sentido», se zafaba Salas.

Uno junto al otro, sonriendo a las cámaras y sin perder la compostura, se reprocharon ante la atenta mirada de los periodistas, los trabajadores del centro y sus propios equipos. «Aprovechando que está aquí el máximo representante del Gobierno de España en la provincia de Málaga, voy a trasladarle la reivindicación que venimos trasladando a su vez al Gobierno en cuanto a la financiación de las políticas activas de empleo», arrancaba el fuego.

«Para el Gobierno de España, un parado andaluz vale 653 euros, 400 euros menos que la media de España», apuntaba Blanco. «Por ejemplo -continuaba- en Baleares son 2.222 euros los que recibe cada parado, o en Cataluña 1.253. Lo que queremos es la misma consideración para los parados andaluces que para el resto de las personas desempleadas en España».

Ese dinero, ha dicho, sirve para que «hacer ese abordaje de orientación, de intermediación y de formación para que se inserten en el mercado laboral» los parados andaluces. En este sentido ha apuntado que los 50 millones que recibe el gobierno andaluz para desarrollar planes de empleo «están en desuso y necesitan una actualización».

A la contra, Javier Salas, quien inicialmente no iba a contestarle y sólo lo hizo tras la petición de este medio, ha apuntado que «el Gobierno de Moreno Bonilla» se negó en su momento a «hacer un plan especial de empleo en Andalucía que el Gobierno le ofrecía en su momento». Es más, ha asegurado que la región «tiene recursos suficientes para hacer planes de empleo en condiciones y los recursos suficientes del Gobierno de España».

En este sentido ha considerado que «desgraciadamente hay una política de victimismo de Andalucía que no tiene sentido porque ahí están los datos y los números, y lo vemos día a día con inversiones como esta obra (la oficina de empleo de El Palo).

Previamente, y antes de comenzar el acto, la consejera de Empleo atendió en la puerta a un grupo de manifestantes de Veiasa, la empresa que realiza las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), que llevaban ocho días en huelga por la negociación del convenio colectivo.